Los recortes debilitan la seguridad de la cárcel y agravan la masificación
El Gobierno ni ha convocado plazas ni ha cubierto siquiera las jubilaciones y CSIF habla de una "evidente escasez" de funcionarios en una cárcel que casi dobla su capacidad original con una población de 1.600 reclusos. El sindicato asegura que "si surgen problemas, la respuesta es peor".
Los recortes y la austeridad del Gobierno central están repercutiendo en el funcionamiento interno de las prisiones, hasta tal punto que, como ocurre en el centro penitenciario de La Ribera, ha supuesto mayores dificultades para el trabajo del personal que trabaja tanto en administración como en los mismos módulos. En este sentido, desde la sección sindical de CSIF en la prisión onubense han asegurado que estos recortes no sólo se han traducido en una merma de la seguridad (a la hora de dar respuesta a los posibles incidentes que puedan surgir), sino también en una multiplicación del trabajo que deben hacer los funcionarios, que ven cómo la comunidad reclusa no deja de crecer en una cárcel "ya masificada", y sin embargo no hay incorporaciones de personal.
"En los últimos cinco o seis años no se han cubierto ni las jubilaciones en el centro penitenciario", asegura José Miguel Huertas, delegado de CSIF en la prisión, que habla de una "evidente" falta de personal, sobre todo cuando se habla de un centro cuya población reclusa supera los 1.600 internos (que, según el sindicato, se ven obligados a compartir celdas pensadas para un solo preso), cuando la capacidad original fue de unos 900. El reparto en los módulos es de tres a cuatro funcionarios por cada 200 internos. El no haber siquiera cubierto las plazas que han ido dejando compañeros se traduce también en que en las guardias hay "tres funcionarios menos".
Y Huertas no ve que se vaya a solucionar el problema de personal. El año pasado no se convocó plaza alguna y las que están por publicarse afectarían a la nueva prisión de Málaga, cuya apertura, calcula CSIF, requiere "unos 300 funcionarios". Para colmo, asegura Huertas, "quieren privatizar el exterior de las prisiones", fruto de una experiencia piloto "que se ha consolidado" y que ha provocado el malestar a nivel de funcionarios. "No nos traen nuevo personal para el interior de la prisión y resulta que en el exterior contratan seguridad privada".
La masificación del centro de La Ribera es un problema que CSIF ha denunciado desde hace años, y José Miguel Huertas ve agravado sobremanera el mismo porque permanece el mismo personal para las mismas o más funciones.
El riesgo que existe (en términos generales) para la seguridad, explica el delegado de CSIF, radica en que en las numerosas incidencias que se producen dentro de los muros de la prisión –las más comunes son peleas entre internos- el tiempo de respuesta de los funcionarios (al ser menos) es mayor. Las funciones se multiplican. "No se puede estar en todo, labores burocráticas, instancias, comunicaciones, presos siempre pidiendo cosas; y luego, si surge un problema, la respuesta es peor", ha lamentado José Miguel Huertas.
"Los cascos que nos ha dado son de talla de niño y no nos cabe ninguno"
Y a la falta de personal se suma la escasez (e inutilidad) de medios materiales. En concreto, Huertas se refiere a los medios de defensa y protección para los propios funcionarios. El caso más curioso ocurrió hace un año y medio, recuerda el delegado de CSIF, cuando dotaron al centro penitenciario de La Ribera de varios cascos. Se agradeció el gesto, pero han resultado ser inútiles, porque "todos los que mandaron son de talla de niño, son muy pequeños, y a ninguno de los funcionarios nos cabe en la cabeza".
Además, desde Instituciones Penitenciarias también el personal ha recibido sprays de pimienta. "Hasta hace unos meses no teníamos ninguno", afirma Huertas. No los llevan encima los funcionarios (sólo para casos de emergencia), pero confiesa el delegado de CSIF que "mejor ni usarlos, porque son muy antiguos".