Lepe pide presupuesto para derruir 'La ruina de La Antilla' antes del próximo verano

Va a costar más de 37 años acabar con un edificio que cada verano afea el litoral onubense en La Antilla, una mole de hormigón y hierros  en primera línea de playa que tras 35 años abandonada a su suerte y tomada por okupas, basuras y drogadictos, terminó por colmar la paciencia de los vecinos de los chalés colindantes que comenzaron a mover a la ciudadanía y a involucrar al Ayuntamiento en el futuro derribo de esta "aberración".

Tras más de un año de lucha en el que ha habido que tocar tanto al Ayuntamiento de Lepe, como a la Subdelegación del Gobierno de Huelva, (La Dirección General de Costas es la legítima dueña de este inmueble al incluirse dentro del dominio marítimo-terrestre) parecen que los trámites van por buen camino y, aunque más lentos de lo esperado, todo parece indicar que la ruina de La Antilla dejará de ser una realidad antes del próximo verano. El consistorio lepero ya ha pedido presupuesto a varios técnicos para informar de los costes de esta demolición, y ya ha informado a la plataforma vecinal de que está dispuesto a acometer directamente la obra de demolición y posteriormente solicitar de forma subsidiaria los costes de la misma a la Dirección General de Costas si esta se negara a pagarlos directamente.

Fuentes de la plataforma Demolición Ruina en La Antilla han informado a Diario de Huelva de que el pasado mes de febrero ya se declaró la ruina del edificio como tal y que están a la espera de que se puedan solventar los trámites para iniciar la demolición de la forma más rápida posible, para lo cual quedaría pasar por el pleno municipal y hacer un concurso público.

Un contencioso-administrativo amenaza con paralizar el proceso

Sin embargo, pese a los grandes avances que se han conseguido en este caso, hay una sombra que amenaza el proceso. Los antiguos propietarios de las viviendas que llegaron a pagar por unos pisos que jamás se llegaron a terminar, también quieren involucrarse en el proceso por lo que se han personado por vía judicial en lo contencioso-administrativo para evitar el derribo.

Los ex propietarios ya interpusieron un recurso en el periodo de alegaciones abierto por el Ayuntamiento de Lepe para hacer cualquier aclaración, pero este fue resuelto de forma negativa por el consistorio. Ahora, los antiguos propietarios han ido contra la decisión del consistorio por vía judicial, abriendo la puerta a la posibilidad de que un juez paralice de forma cautelar el derribo.

No obstante, desde la plataforma vecinal estiman esta posibilidad como "poco probable" en vista de que la declaración previa de ruina de este edificio, dejaría poco margen de actuación por lo que no creen que un juez se arriesgue a dejar el edificio en pie si hay posibilidades de que se venga abajo y pueda generar consecuencias graves.

Del mismo modo, desde la plataforma vecinal han informado de que el Ayuntamiento de Lepe también ha procedido a aumentar el perímetro de seguridad ante el riesgo de este edificio, por lo que en la actualidad ya existe una doble valla de seguridad.