La Junta insiste: "La sentencia no invalida la fusión hospitalaria"
La Delegación de Salud reitera su legalidad tras pedir el PP que la paralice.
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha reiterado que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva en ningún caso invalida el proceso de unificación llevado a cabo en los centros hospitalarios de la capital, que se encuentra perfectamente avalado y respaldado desde el punto de vista jurídico por la orden de 21 de noviembre de 2014 de la Consejería de Salud.
Según ha indicado a través de un comunicado, esta orden se aprobó precisamente para dar respuesta al compromiso adquirido por la administración sanitaria previamente con los sindicatos en la mesa sectorial y que se justifica por “la necesidad prioritaria de integración de toda la estructura de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena en aras de una mejora de la oferta asistencial a la ciudadanía y de una mayor eficiencia y racionalidad”.
La Junta insiste en esta cuestión tras pedir el PP este jueves que paralice el proceso de fusión hospitalaria. El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha mantenido que la sentencia "tumba un proceso que conlleva el recorte de servicios y de personal y convierte al hospital Infanta Elena en poco más que un ambulatorio". Por su parte, la viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Berta Centeno, que ha dado a conocer el contenido de una moción registrada el pasado martes en la que el PP pide el rechazo del Consistorio onubense a esta fusión, ha señalado que se trata de "un atentado contra la calidad de la asistencia sanitaria de la capital y de la provincia, por la sobrecarga asistencial en un área hospitalaria que atiende a más de medio millón de habitantes".
La Junta lamenta que el PP haga un "uso partidista y malintencionado" de la sentencia dentro de un capítulo más de su campaña de desprestigio contra la sanidad pública andaluza, así como "pretenda transmitir a la ciudadanía una imagen catastrófica de los recursos sanitarios que no se corresponde con la realidad".
En este sentido, la Junta ha aclarado que el auto judicial se refiere única y exclusivamente a actuaciones administrativas previas a la orden y en ningún momento cuestiona la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, que es precisamente el fin último de este proceso de convergencia hospitalario.
La administración sanitaria recuerda al respecto que dicho proceso persigue la suma de esfuerzos para mejorar la atención que se presta a la ciudadanía a partir de la experiencia de los equipos de profesionales de los dos centros hospitalarios. El objetivo es disponer de una oferta sanitaria mejor y más equitativa para la población en un escenario sanitario público y sostenible, a través del desarrollo de unidades hospitalarias que permitan avances en la calidad asistencial.
De hecho, en este contexto se han puesto en marcha numerosas prestaciones que aumentan la cartera de servicios sanitarios, algunas de las cuales no existían hasta el momento en la provincia, a la vez que se han llevado a cabo inversiones de renovación en las instalaciones que en su conjunto tienen un coste superior a los 10 millones de euros. Por lo tanto, en ningún caso se recortan o cierran servicios, sino todo lo contrario: se complementan los existentes para reforzar su actividad y lograr una mayor especialización.
Asimismo, este proceso también implica importantes ventajas para el desarrollo de las competencias de los trabajadores sin que se produzcan mermas en sus derechos.
Por último, la Junta recalca que la sentencia no va a tener en la práctica ninguna repercusión en la organización asistencial en relación a los pacientes ni a los profesionales, en tanto en cuanto las modificaciones realizadas en los servicios a los que hace referencia se han producido de forma posterior a la orden o bien todavía no han tenido lugar.