Caen los divorcios y separaciones un 9,2 por ciento
Los matrimonios onubenses se lo piensan ya más de una vez a la hora de poner fin a su relación. Los costes judiciales y la situación económica tienen su reflejo en las estadísticas.
Las estadísticas vuelven a demostrar que la crisis supone un verdadero obstáculo para los ciudadanos a la hora de acceder a la Justicia para resolver sus asuntos. Un claro ejemplo de ello se observa en la evolución de los divorcios y separaciones registrados en los juzgados. Los últimos datos publicados por el servicio estadístico del Consejo General del Poder Judicial, referidos al tercer trimestre de 2013, reflejan que en la provincia de Huelva el número de divorcios y separaciones ha descendido un 8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Sea por la subida de tasas judiciales, sea por el mismo coste que implica el acudir a los tribunales, ha quedado demostrado que las parejas se lo piensan ya más de una vez cuando tienen que ir a los juzgados de Familia a poner fin a su relación, o a modificar las bases de las medidas dictadas por el juez.
Atendiendo al referido periodo, los juzgados onubenses tramitaron un total de 283 divorcios, de los cuales 125 eran consensuados por la pareja, y 158 no consensuados. En 2012, los divorcios registrados en el periodo ascendieron a 312. Solamente en materia de divorcios, se trata de un descenso del 9,2 por ciento. En cuanto a las separaciones, los números son menores, alcanzando un total de 14 procedimientos (la mitad consensuados y la otra mitad no consensuados). La separación supone la suspensión de la obligación de convivencia (reconocida legalmente), mientras que el divorcio conlleva la disolución del matrimonio. Únicamente podrán volver a casarse si previamente se han divorciado.
Entre las medidas que se adaptan en los procesos de separación y divorcios, se encuentran la patria potestad o guarda y custodia de los hijos menores, regímenes de visitas, pensiones alimenticias para los mismos o pensiones compensatorias. Gran parte de los procedimientos que se tramitan en los juzgados de Familia (en Huelva capital, las competencias las tiene el Juzgado de Primera Instancia número 7) son precisamente modificaciones de estas medidas.
En este sentido, la crisis ha supuesto un quebradero de cabeza para los jueces debido a los continuos asuntos de modificaciones de medidas económicas, especialmente cuando uno de los cónyuges ha perdido el empleo o lleva un tiempo sin ingresos y se le suman obligaciones económicas para con su ex cónyuge o los menores.
El informe refleja que en el tercer trimestre del año pasado se contabilizaron 74 procedimientos de modificaciones de medidas, de los cuales sólo nueve fueron consensuados por los cónyuges.