Giahsa denuncia un “intento de criminalización” de su gestión tras iniciar el fiscal diligencias investigadoras
La empresa de MAS expresa su "estupor" en relación al escrito admitido por la Fiscalía de un particular que habla de financiación a partidos políticos o sindicatos.
La Fiscalía de Huelva ha abierto diligencias informativas sobre una supuesta financiación por parte de Giahsa, la empresa pública de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) encargada de la gestión integral del agua y los residuos en gran parte de los municipios onubenses, hacia los partidos políticos que la integran, PSOE, PP, IULV-CA y PA. Según informa Europa Press, estas diligencias se han abierto a raíz de un escrito que ha presentado un particular ante el Ministerio Fiscal.
La respuesta por parte de Giahsa a esta noticia fue contundente e inmediata. En un comunicado, Giahsa
La empresa de gestión propiedad de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), ha mostrado su "estupor" ante las informaciones, que se refieren a un reparto "inexistente" de fondos desde Giahsa a los partidos políticos y agentes sociales.
Tanto desde Giahsa como desde MAS han subrayado que ningún momento el Ministerio Público se ha puesto en contacto con ninguna de estas entidades, ni ha notificado ningún tipo de actuación ni ha requerido información alguna al respecto. En cualquier caso, han manifestado, "es completamente incierto que Giahsa haya repartido nunca fondos ni a partidos políticos, ni a organizaciones empresariales ni a sindicatos".
Tanto la Mancomunidad como su empresa pública "han actuado siempre con absoluta observación de la legalidad, sometiendo todos sus acuerdos a la aprobación de sus órganos de Gobierno, procesos de información pública, etcétera, que marca la ley, que es mucho más estricta en la esfera pública que en la privada".
Para Giahsa, éste no es más que un "intento de criminalizar" la gestión, y dice que su actuación sobre este particular es la que establece la ley, es decir, "la misma que el resto de las administraciones públicas, que en sus presupuestos establecen la dotación necesaria para el buen funcionamiento de la entidad, entre ellos la retribución de sus funcionarios, de sus cargos representativos y la asignación a los grupos políticos, que en MAS representan a más de 400 concejales elegidos democráticamente en sus 65 municipios".