Giahsa anuncia una ofensiva para cobrar la deuda a los pueblos que salieron de MAS

El importe asciende a 24,5 millones y la entidad recurrirá y paralizará los presupuestos de los ayuntamientos que no consignen la deuda arrastrada, así como pedirá responsabilidades personales a los alcaldes

El importe asciende a 24,5 millones y la entidad recurrirá y paralizará los presupuestos de los ayuntamientos que no consignen la deuda arrastrada, así como pedirá responsabilidades personales a los alcaldes

La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha anunciado que va a iniciar, junto a su empresa de gestión Giahsa, una ofensiva “por tierra, mar y aire” -en palabras del director ejecutivo, Manuel Domínguez Limón- para el cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera unilateral abandonaron la institución sin hacer frente a sus obligaciones legales. En concreto, y con vistas a ejecutar un importe reconocido de 24,5 millones, una primera medida se dirige a recurrir y paralizar los presupuestos de los ayuntamientos que no consignen la deuda que mantienen con Giahsa, así como exigir responsabilidades personales a aquellos alcaldes que no cumplan con sus obligaciones legales, ha informado Giahsa en un comunicado.

La presidenta de MAS, Laura Pichardo, ha recordado esta mañana en rueda de prensa los “graves perjuicios económicos que viene padeciendo este organismo, incluso desde antes de su nacimiento como consecuencia de los procesos de separación de distintos ayuntamientos”. El objetivo de la Mancomunidad ha sido, desde ese primer momento, “defender los intereses de los ciudadanos de nuestros 65 municipios desde la vía de la legalidad y la lealtad institucional, bien a través de reclamaciones judiciales y procesos administrativos, bien desde la negociación y búsqueda de acuerdos”.

A día de hoy, ha explicado Pichardo, “Giahsa ha logrado una estabilidad tanto en el servicio prestado como económica y laboral, si bien los sacrificios y costes están siendo muy altos, sobre todo para más de 150.000 hogares de nuestra provincia que están soportando unas tarifas muy por encima de lo que a todos nos gustaría”.

Por su parte, el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, ha detallado que se trata de una deuda provocada “por ayuntamientos insolidarios y ventajistas, una deuda que es una auténtica losa y que nos obliga a tomar medidas: no hay razón alguna para que los 24,5 millones que tenemos reconocidos a día de hoy no estén ya en Giahsa”. Domínguez ha explicado que en estos momentos “seguimos procesos de reclamación por importe de 35,3 millones, de los que 24,5 son ejecutables, es decir, podemos embargarlos mañana mismo”. A partir de esos datos Giahsa ha determinado iniciar “un nuevo tiempo en nuestra estrategia por exigir lo que es nuestro. Es este un aviso a los navegantes actuales y los que ahora o en el futuro puedan verse tentados para incumplir sus obligaciones y subastar al mejor postor unos servicios que son de todos”.

“Teniendo en cuenta que los alcaldes tienen la obligación legal de llevar a pleno los expedientes de crédito correspondientes, vamos a exigir desde este preciso instante responsabilidades personales a aquellos alcaldes que no cumplan con sus obligaciones legales”, ha advertido. En ese sentido, el tiempo de la negociación “se ha acabado, comienza el tiempo de la acción: cobrar lo que se nos debe para alcanzar la justicia tarifaria, es decir, reducir el precio con el que los usuarios están pagando los desmanes de algunos alcaldes que quisieron obtener dinero fácil y rápido con la privatización de los servicios”.

Bollullos y La Palma

En el caso concreto de algunos ayuntamientos, como son los de Bollullos y La Palma del Condado, las reclamaciones han tenido una acogida más favorable, con lo que Giahsa valora esta actitud y el empeño que vienen mostrando para llegar a un acuerdo que se confía próximo. En el caso específico de Bollullos, además, la empresa pública ha recibido una sentencia favorable a la impugnación de los presupuestos del ejercicio 2014, que contiene además un mandato directo al Ayuntamiento para que formule unos presupuestos que contemplen crédito suficiente para hacer frente a esos pagos.