El CSIF espera 2.000 reclamaciones en Huelva por el dinero retraído de las guardias en el SAS
La Fiscalía del TSJA abre diligencias penales tras la denuncia de la central sindical por la implantación de la jornada de 37,5 horas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha recibido Decreto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que señala la apertura de diligencias penales por la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), después de que el sector de Sanidad de CSIF a nivel de Andalucía trasladase a la Fiscalía del TSJA el asunto por considerar ilegal dicha implantación, ya que consideta que podía contradecir lo establecido en el artículo 40 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
La Central Sindical, que siempre ha mostrado su oposición a la aplicación de las 37,5 horas semanales, denuncia que "el horario fue impuesto por los gerentes de los centros sin previa negociación" y que, de paso, supone "restar horas de guardia a los trabajadores y reducir nuevamente las retribuciones de médicos y enfermeros de Atención Primaria y hospitales ya de por sí bastante recortadas durante los últimos años”. Por ese motivo, según las estimaciones de la organización, en la provincia de Huelva se podrían presentar más de 2.000 reclamaciones por el dinero retraído de esas guardias que dejaron de hacerse tras la ampliación horaria si finalmente la Fiscalía da la razón a CSIF.
Para el sector de Sanidad del sindicato, la noticia “pone de manifiesto que el SAS sólo implantó la jornada de 37,5 horas con afán recaudatorio a costa del trabajo de los profesionales sanitarios. El TSJA ya ha señalado en anteriores ocasiones que esa medida no se marcó conforme a la Ley, por lo que esperamos que ahora esta apertura de diligencias penales restituya la jornada a los profesionales y depure responsabilidades”.
Según reza la notificación remitida por el TSJA, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, da vía libre a la tramitación de la denuncia de CSIF, para lo que se designa fiscal con el objeto de llevar a cabo “las actuaciones que estime conveniente dentro del plazo legalmente previsto encaminadas a realizar un informe o propuesta para que pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal”.
Finalmente, la Central Sindical indica que “esto supone un paso importante, porque han detectado indicios de algo irregular. En este sentido, CSIF sólo pide que la Administración cumpla con la normativa vigente, sobre todo porque la aplicación de las 37,5 horas va en contra de la Prevención de Riesgos Laborales, tal y como señalamos en nuestra denuncia a la Fiscalía”.