La Diputación vio “excesivo” el registro de la Guardia Civil ante la cercanía de elecciones
Caraballo muestra su malestar en un comunicado por las formas de la Benemérita, que cerró la institución "entera" para revisar cuatro despachos con agentes armados.
La Diputación de Huelva ha manifestado su queja por las formas utilizadas por la Guardia Civil en la institución provincial con motivo del registro llevado a cabo en la mañana del pasado viernes. En un comunicado, la Diputación ha expresado que "no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación con las formas de la Guardia Civil para conseguir esa documentación".
Según ha manifestado Ignacio Caraballo, presidente de la institución provincial en la lectura de un comunicado, existe una "vulneración absoluta" del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla, un artículo que dice así: "Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción".
Por tanto, dice la Diputación, se ha producido un "incumplimiento" por parte de la Guardia Civil de la Ley de Enjuiciamiento criminal "ordenado expresamente por el juez". Se trata de una "interpretación tremendista del auto del juez", añade.
Asimismo, el número de efectivos de la Benemérita es "absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación". De hecho, en el interior de las instalaciones, mientras el personal facilitaba la información requerida, había presencia de agentes "armados y uniformados".
Con anterioridad al pasado viernes, la Diputación ha señalado que en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de despliegue policial. "Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada".
El registro se ha llevado a cabo en cuatro despachos (PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención), de los 115 que existen en esta sede de la Diputación Provincial. Por tanto, "no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera", han manifestado desde la institución.
"No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana", critica esta institución, que lamenta asimismo que "se ha paralizado el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil".
Una actuación "tan desmedida" por parte de la Guardia Civil, interpretando "de manera desproporcionada" un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, "puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático".
Son unas diligencias, recuerda la Diputación, abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, y "se espera a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado, habida cuenta de que anteriormente ya se ha facilitado toda la información requerida".
Este tipo de actuaciones, prosigue el comunicado, "provoca un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía contra las instituciones democráticas, sin justificación alguna", y manifiesta en este sentido que "no se está dañando la imagen del presidente y del equipo de gobierno", sino la "imagen de una institución democrática y de los propios empleados".
A causa del registro "se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos (dinero que pagamos todos los españoles), con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil". Por ello, se pregunta la Diputación, "¿quién se va a hacer responsable de todo esto? Alguien tendrá que dar explicaciones".
"A nadie se le ocurriría cortar el tráfico de una ciudad completa para facilitar el tránsito de una calle. Pues esta desproporción es lo que ha ocurrido en la Diputación: se ha cerrado un edificio entero para inspeccionar cuatro despachos, vulnerando la ley y ocasionando un grave perjuicio a los usuarios de la administración pública y a la imagen de la institución", han insistido desde la Diputación de Huelva.
En cuanto al PFEA, ha recordado que los objetivos son combatir el desempleo y realizar obras en los municipios, fin que persiguen igualmente la Administración del Estado y la Junta de Andalucía, de manera que "sin la implicación de las tres administraciones, sería inviable". Anualmente se crean 8.500 puestos de trabajo en la provincia.
"En todo momento respetamos los procedimientos. El PFEA es un programa muy garantista, con controles a priori y a posteriori por parte del Ministerio y de la Junta. Nuestro objetivo en el PFEA es hacerlo realidad todos los años y colaborar con los ayuntamientos", ha manifestado la institución provincial.
En relación a la denuncia en Tharsis, la Diputación califica de "irreprochable" su actuación: "Lanzamos una oferta genérica para un puesto de encargado con una experiencia de seis meses; el SAE envía la preselección de dos personas, como hace siempre; el SAE convoca a los preseleccionado y se presenta sólo uno. Y la Diputación lo que hace es contratar al único candidato que se presenta", ha precisado.