Detenidos funcionarios en Huelva por el cobro de mordidas
Confirmadas tres detenciones por el momento, uno de ellos funcionario de la Junta, en cuya delegación de Fomento se ha realizado un registro.
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- Alaya ordena detenciones en Huelva
La tercera fase de la Operación Madeja, un dispositivo ordenado por la juez Mercedes Alaya para investigar una trama de pago de mordidas de empresarios a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos, ha llegado a Huelva. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado la detención de tres funcionarios, uno de ellos perteneciente a la Administración autonómica (Delegación de Fomento, área de carreteras), así como el registro de la propia Delegación referida. Desde la Cadena SER también informaron que habían sido detenidos funcionarios del Ayuntamiento de La Palma del Condado que supuestamente recibieron pagos por parte de una empresa a cambio de favores, si bien desde el Ayuntamiento de La Palma del Condado han asegurado que no se ha producido registro ni detención alguna en el marco de la operación. Desde la Administración autonómica, sólo se ha confirmado un funcionario detenido, desconociéndose por el momento a qué departamentos públicos pertenecen las otras dos personas detenidas.
Son los tentáculos de la operación impulsada por la juez Alaya, llamada ahora Enredadera, antes Madeja, que la Guardia Civil está desarrollando desde primera horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria (se trata de la tercera fase de la Operación . La Benemérita tiene previsto detener a más de 30 personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Cabe recordar que desde la empresa Fitonovo, la primera compañía que se implicó en esta trama, ya declararon que sobornaron a miembros del Ayuntamiento de la Palma del Condado para conseguir unas obras adjudicadas por el consistorio de la localidad onubense. En concreto, las obras ejecutadas por esa compañía en el municipio del Condado consistieron en la mejora de la piscina municipal.
Las detenciones de este martes se producen después de 15 meses de secreto de sumario en los que la juez ya envió a prisión a varios funcionarios municipales a los que una empresa, precisamente Fitonovo, tenía supuestamente a sueldo. Así comenzó la Operación Madeja, que ya no afecta sólo a Sevilla y a Fitonovo, sino a otras empresas, municipios y administraciones públicas. La juez Alaya ya había imputado a 13 personas a raíz de esta operación.
Según explica la Guardia Civil en una nota de prensa, esta fase de explotación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de MERCASEVILLA SA, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad FITONOVO, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa FITONOVO.
Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa FITONOVO había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.