Denuncian la “asfixia” de los profesionales de los servicios sociales por falta de personal

FSP-UGT exige al Gobierno central la contratación estable de trabajadores en las Zonas de Trabajo Social de la Diputación en la provincia.

Tras la última ronda de visitas realizada en las nueve Zonas de Trabajo Social (ZTS) que la Diputación Provincial tiene distribuidos en la provincia de Huelva por miembros de la Federación de Servicios Públicos de UGT y representantes de la Sección Sindical de este mismo sindicato en el ente supramunicipal, se ha podido comprobar que el nivel de saturación y asfixia con que desarrollan su labor los profesionales de estos centros de trabajo es “insoportable”.

Según UGT, la crisis económica ha disparado tanto las demandas de prestaciones, como el número de usuarios de unos servicios que son, en la mayoría de los casos, el “único y último salvavidas” de una población cada vez "más mermada y desatendida".

UGT reclama al Gobierno de la Nación la apertura inminente de las tasas de reposición de técnicos de servicios sociales en las administraciones públicas, que permita contratar a personal estable de plantilla, para que no tengan condicionada su continuidad en la atención a los usuarios y usuarias a la duración de un determinado programa. También reclama UGT la financiación que le corresponde por Plan Concertado y por la Ley de Dependencia, la cual se ha visto muy mermada en estos cuatro últimos años dificultando la atención que por parte de la administración local deben prestar.

Andrés García, de la Federación de Servicios de UGT Huelva, ha señalado que “lo que es evidente es que lejos de salir de la crisis, este país está entrando en la miseria”, añadiendo además que “es macabro ver como el Gobierno de España vende a bombo y platillo una recuperación económica, mientras en muchos lugares de España se está pasando hambre y viviendo debajo de un puente por querer salvar a la banca, verdadera culpable de esta situación”.

Las Zonas de Trabajo Social de la Diputación, atienden actualmente a 73 pueblos de la provincia de Huelva y a una población de más de 250.000 habitantes.

Desde el inicio de la crisis económica lo que viene preocupando a estos servicios es tanto la diversificación de los perfiles que se atienden, como el aumento desmesurado del número de atenciones diarias que se vienen realizando, ya que en estos momentos, los impagos de hipotecas/alquileres y posteriores desahucios, el corte de suministro de agua o luz, incluso el acceso a la alimentación básica y todas las dificultades de relación que conlleva vivir en la pobreza, están afectando a cualquier familia. "El desbordamiento de los profesionales es absoluto", han asegurado desde el sindicato.