Choque entre la Plataforma Huelva contra el ruido y el Ayuntamiento por una Ordenanza de Terrazas muy laxa

La Plataforma Huelva Contra el Ruido, que representa a más del 90% de las asociaciones vecinales de la ciudad, ha presentado un total de 27 alegaciones al texto de la nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores de los Establecimientos de Hostelería, Ocio y Esparcimiento. Desde su constitución en mayo de 2024, la plataforma ha trabajado en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial el derecho al descanso, la protección de la salud, la accesibilidad segura en el espacio público y la lucha contra la contaminación acústica y medioambiental.

Cabe recordar que en noviembre pasado el Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba inicialmente la nueva Ordenanza de Veladores: un texto que según anunció el Consistorio desautorizaba expresamente los equipos de reproducción sonora y audiovisual y las actuaciones en directo en la calle. Los aforos los marcarán las sillas permitidas y los bares deberán de hacerse cargo de la limpieza de la vía pública que ocupan.

El texto normativo previsto salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno Popular y VOX y la abstención de PSOE y Grupo Mixto ‘Con Andalucía’.

El colectivo expresa ahora su preocupación ante un texto normativo que, a su juicio, "no garantiza el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos y los intereses del sector hostelero".

Entre sus principales demandas, destaca la exigencia de que la Administración local refuerce los mecanismos de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la norma, dotando a la Policía y a los inspectores municipales de los recursos materiales y humanos necesarios.

En este sentido, denuncian que muchas de las infracciones actuales quedan impunes por falta de medios, como la ausencia de sonómetros o la escasez de efectivos policiales.

Asimismo, la plataforma solicita que el texto de la ordenanza sustituya términos ambiguos y expresiones de carácter facultativo, como el uso reiterado del verbo “podrá” en lugar de “deberá”, para evitar inseguridad jurídica y discrecionalidad en su aplicación.

También exigen restricciones horarias más claras y estrictas en las denominadas Zonas Acústicas Especiales, así como en aquellas zonas residenciales donde se compruebe un incumplimiento reiterado de los niveles de ruido permitidos.

Otra de sus principales reivindicaciones es la prohibición del uso de equipos de sonido y la realización de actuaciones en directo en terrazas ubicadas en zonas residenciales o acústicamente saturadas, con el objetivo de proteger el derecho al descanso y la intimidad de los vecinos.

Además, piden que la concesión y renovación de licencias no se limite a la presentación de una declaración responsable por parte del empresario, sino que los servicios técnicos municipales realicen inspecciones periódicas que verifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La plataforma también considera necesario que la superficie de las terrazas se establezca en función de la del establecimiento al que pertenecen, y no solo a petición del solicitante, para evitar la ocupación excesiva del espacio público. Asimismo, reclaman que se establezca un límite de 60 metros cuadrados como superficie máxima autorizable para terrazas en zonas estándar, reservando los 100 metros cuadrados solo para espacios singulares, en lugar de dejar abierta la posibilidad de ampliaciones sin un criterio claro.

Otro de los puntos clave de sus alegaciones es la necesidad de endurecer las sanciones y aumentar su cuantía para equipararlas a las de otras ciudades andaluzas, como Sevilla, además de actualizar su importe anualmente según la evolución del coste de la vida.

La plataforma también reclama que la Administración municipal cree una base de datos pública en la que los ciudadanos puedan consultar qué establecimientos cuentan con licencia y bajo qué condiciones.

Finalmente, la Plataforma Huelva Contra el Ruido solicita a la Administración local que convoque nuevas reuniones antes de la aprobación definitiva de la ordenanza para analizar y debatir sus alegaciones. Consideran fundamental que el texto final garantice un equilibrio entre los derechos de los vecinos y el desarrollo del sector hostelero, asegurando un marco normativo claro, justo y transparente que respete la normativa vigente en materia de accesibilidad, protección acústica y medioambiental.