Archivada la denuncia contra la ex presidenta del Puerto por delito medioambiental
El juez decide el sobreseimiento provisional y tumba las acusaciones de falsedad documental y fraude de subvenciones
El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha archivado la denuncia contra la ex presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, y el ex director del Puerto, Pedro García, en la que se les acusaba de un delito medioambiental, falsedad documental y fraude de subvenciones en las obras de ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
El juez, mediante auto, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al considerar que "no aparece debidamente justificada" la perpetración de este delito, que ha dado motivo a la formación de la causa, informa la agencia Europa Press.
El auto analiza profundamente todos los supuestos y realiza un estudio detallado de los hechos para concluir que "teniendo en cuenta la inexistencia de los delitos contra el medio ambiente inicialmente imputados, quedan sin contenido los otros dos delitos imputados de falsedad documental y fraude de subvenciones".
La denuncia fue interpuesta por CCOO en relación al proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, al entender que no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y "todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder".
Al respecto, el Ministerio Fiscal en un informe aclaró que de la documentación aportada por la Delegación de Medio Ambiente "se descarta posible afectación grave o perjuicio para especies de flora o fauna protegidas por las obras".
Sobre la posible prevaricación, aseguró que "no existen datos concretos y relevantes, más allá de sospechas, que permitan concluir que las obras de ampliación del Puerto Exterior realizadas por la Autoridad Portuaria, lo han sido adoptando resoluciones injustas a sabiendas, en perjuicio del interés general".
El fiscal destacó a su vez que tanto la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2010 como la Delegación Territorial de dicha Consejería en 2013 señalan "la no afección relevante de espacios de la Red Natura y la no necesidad de evaluación ambiental".
A su vez, aseguró que la ausencia de esta evaluación ambiental "no supondría prevaricación, teniendo en cuenta que se trata de una obra pública de Puertos del Estado, con intervención de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Administración Autonómica".