Las defensas de los acusados en el robo de la aduana alegan vulneración de derechos
Los acusado se han negado a declarar. El vigilante, único acusado que se encuentra encarcelado, tampoco ha declarado y su abogado mantiene que actuó coaccionado.
Las defensas de los acusados por el robo de una tonelada de hachís de la aduana de Huelva, a excepción del abogado del vigilante de seguridad -único acusado que se encuentra en prisión-, han alegado en la primera sesión judicial la vulneración de los derechos fundamentales durante el proceso, e incluso, la abogada de cuatro de ellos. María Teresa Largo, ha solicitado la nulidad del procedimiento al completo, basándose en "que las pruebas se tomaron de forma ilegal".
En la vista, que se celebra en el juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, han declarado siete de los 12 acusados y el resto se ha acogido al derecho a no declarar. Los acusados han negado los hechos, mientras que dos de ellos han asegurado que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Por último, el vigilante de seguridad se ha acogido a su derecho a no declarar y su abogado, Manuel Domínguez, mantiene que actuó coaccionado.
Por su parte, los letrados han argumentado estas peticiones en cuestiones previas al considerar que se ha producido vulneración a la intimidad, al secreto a las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva, a la inviolabidad del domicilio y a obtener un proceso con todas las garantías legales.
Por todo ello, entienden que deberían anularse varios autos de intervenciones telefónicas y de registros en domicilios y vehículos, así como algunos análisis de ADN, al considerar que en ocasiones "se ha roto la cadena de custodia". De hecho, uno de los acusados, a preguntas de su abogado, ha señalado que algunas prendas de donde se cogió el ADN "habían sido robadas de su moto" en esas fechas.
Incluso, argumenta uno de los abogados que el hecho de que se hubieran producido robos de droga en otros edificios oficiales a nivel andaluz "había generado alarma social" y se decide atajar esta cuestión "a la ligera para dar una respuesta al ciudadano, lo que ha llevado a la vulneración de derechos fundamentales".
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha rebatido todas estas cuestiones y las ha rechazado al considerar que el control judicial de esta causa "ha sido férreo".
El juicio continúa este miércoles con la declaración de agentes de Policía Nacional y otros testigos en la sala de la Sección Tercera.