La secretaria de Políticas Sociales de la Ejecutiva Provincial, Mercedes López Carrión, ha lamentado hoy que el Gobierno de la Junta permita que haya listas de espera de hasta dos años para que las personas vulnerables puedan acceder a la renta mínima andaluza, una situación que afecta a más de 5.000 familias andaluzas, cientos de ellas de Huelva.
El Gobierno de Moreno Bonilla “está dejando de gastar 20 millones de euros que estaban destinados a esta renta mínima andaluza”, ha asegurado Mercedes López, quien ha agregado que “tampoco es de recibo que el Gobierno de Andalucía no haga compatible esa ayuda con el ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el Gobierno de España, desde donde se ha dado respuesta ya a más de 250.000 personas con necesidades especiales”.
Así, la socialista onubense ha manifestado que “el Gobierno de la derecha está recortando derechos a familias vulnerables con su nula política de atención a estas personas, a las que priva de la prestación económica y de los itinerarios para la inserción laboral a los que podrían tener derecho”.
“Si lo que pretende Moreno Bonilla es eliminar para este año la renta mínima de inclusión social, una prestación creada por el último Gobierno socialista en 2018 y que está contemplada como un derecho para las familias más vulnerables, nos va a tener en frente”, ha dicho, porque se trata de un complemento más, fundamental para completar el ingreso mínimo vital.
La Red Andaluza de la Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social ha alertado de que el 35 por ciento de la población andaluza está en riesgo de pobreza, “un dato que parece no preocupar al Gobierno andaluz, dada su indiferencia y su actitud con la desatención a esta población vulnerable”, ha comentado Mercedes López.
La evolución de la pandemia y la crisis económica que trae consigo esta situación inédita ha causado que el número de expedientes de la renta mínima pendientes de resolver “se haya visto notablemente incrementado”. Desde Huelva “pedimos encarecidamente que se pongan los medios que haya que poner en marcha para reducir al máximo esas listas de espera de dos años y se ataje la maraña administrativa por la que tienen que pasar estas personas para percibir una ayuda que, en la mayoría de los casos, acaba en rechazo y en la devolución de las cantidades percibidas con anterioridad”, ha terminado.
