viernes. 29.03.2024
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La batalla de Aqualia amenaza la estabilidad de Moguer y Valverde

El Ayuntamiento de Valverde, obligado a pagar a la multinacional Aqualia más de 365.000 euros por “errores en el pliego” de contratación de los servicios de agua.
La batalla de Aqualia amenaza la estabilidad de Moguer y Valverde

Las consecuencias de la privatización de los suministros de agua de la última década están dejando graves secuelas en las mermadas arcas de los ayuntamientos de la provincia este verano.

Los consistorios de Moguer y Valverde del Camino llevan más de una década enzarzados en una eterna batalla legal contra la multinacional Aqualia, concesionaria de la gestión del agua en ambos municipios desde 2010. 

La compañía, de capital hispanoaustraliano, reclama desde entonces al ayuntamiento moguereño más de 3,5 millones de euros por un supuesto error en el pliego de condiciones por el que se estableció el concurso. Para el consistorio, sin embargo, se trata de un intento más de presión por parte de la empresa para lograr una compensación económica por un supuesto aumento en los costes fijos después de que el consistorio se negara a una subida pactada del 35 % sobre el recibo de los contribuyentes.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva ha dado ahora la razón en primera instancia al Ayuntamiento, desestimando la demanda inicial por considerar que había prescrito. Según recoge dicha sentencia, la compañía debía haber comunicado los errores del pliego en 2010, es decir, cuando se firmó, y no en 2018, tal y como finalmente ocurrió. 

La sentencia sin embargo no es firme y la empresa de suministros ha informado de que recurrirá la decisión judicial al considerar que esta solo entra a valorar un defecto de forma y no el contenido de la vulneración. Así, si alguna instancia superior decidiera cambiar el sentido de la sentencia en favor de los demandantes,  la estabilidad económica del Ayuntamiento podría verse seriamente comprometida puesto que las cantidades en juego suponen más de un 17,8 % de los presupuestos totales del municipio. 

La empresa logró la adjudicación hace ahora once años, durante el mandato de Juan José Volante (PP) y por un periodo de 25 años. Aqualia, que desbancó a la empresa pública Giahsa en el concurso público, se comprometió a ofrecer un servicio integral de gestión de aguas por el cual pagó un canon de 5,5 millones de euros y llevó a cabo una inversión de 1,6 millones en mejoras de las infraestructuras municipales. 

Valverde pierde la batalla

En un contexto muy similar aunque con diferente resultado se encuentra el Ayuntamiento de Valverde. Después de un pleito eterno que ha durado más de seis años, la multinacional ha logrado que el consistorio esté obligado a abonarles más de 365.000 euros a cuenta de las liquidaciones de 2013 y 2014.

Aqualia aterrizó en el municipio en diciembre de 2011 cuando el gobierno municipal de Loles López (PP) otorgó a la empresa un contrato de gestión y mantenimientos residuales por un periodo de un año. Un año después, la empresa desbancó definitivamente a la pública Giahsa en la gestión del agua por un periodo de 25 años a contar desde entonces.

Tras el cambio de la corporación municipal en 2015 comenzaron los problemas legales. Al igual que sucedió en Moguer, Aqualia reclamaba al gobierno local una compensación por un fallo en el pliego de contratación. En concreto, la empresa se refería a un desfase entre el volumen facturado y el número de usuarios que inicialmente ambas partes habían previsto.

La frágil situación económica que atraviesa el consistorio impide que el Ayuntamiento se plantee actualmente recurrir la sentencia.

Los vecinos sin embargo, no entienden cómo se puede permitir que una compañía “que incumple sistemáticamente los servicios básicos” en el municipio pueda seguir operando más de dos décadas. 

Aqualia tiene presencia actualmente en otros municipios onubenses como Lepe, San Juan del Puerto, Cortegana, Matalascañas, El Rocío, Cartaya, Hinojos, Bollullos y La Palma del Condado con alguno de los cuales ya plantea disputas verbales por la gestión del agua sin que ninguna haya llegado por ahora a los juzgados.