viernes. 29.03.2024
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Derechos Humanos denuncia los retrasos de la Renta Mínima y el Ingreso Mínimo Vital

Derechos Humanos denuncia los retrasos de la Renta Mínima y el Ingreso Mínimo Vital

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) no hemos dejado de denunciar los datos desoladores, en todos los indicadores, que hacen referencia a la pobreza y exclusión en Andalucía que no dejan de crecer, abarcando a una población cada vez más extensa. Según el Urban Audit 2021 publicado recientemente por el INE, en Andalucía están 13 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita y 12 de los 15 barrios

más pobres de toda España.

No debemos permanecer impasibles frente a esta realidad. Convocamos a toda la población andaluza a concentrarnos el próximo miércoles 16 de junio exigiendo a los gobiernos y Administraciones públicas competentes unos “SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS, UNIVERSALES Y DE CALIDAD”, en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de Huelva a las 12 h.

El derecho humano a la protección social (artículo 25 de la DUDH) es una quimera para la mayoría de las personas que lo necesitan y viven, o malviven, en el más absoluto desamparo. Son personas privadas de derechos sociales y económicos. Personas a las que se les niega una protección social mínima para cubrir sus necesidades básicas.

El llamado “estado de bienestar”, que nunca llegó a ser tal por la falta de recursos y voluntad política, entró en un período de deterioro a partir la crisis-estafa de 2008. Con unos servicios públicos para nada dimensionados con la realidad de las necesidades de la población andaluza, se llegó a la pandemia.

Las necesidades se incrementaron y se dejó a la mayoría de las personas a su suerte. Poca respuesta de las administraciones. La sociedad se organizó y a través del apoyo mutuo muchas familias pudieron salir de una situación dramática.

En algunas ciudades, como hemos denunciado en varias ocasiones, desde el inicio de la pandemia, que se remonta a marzo del 2020, todas las Administraciones, desde los servicios sociales, han obligado a la población a ser atendida vía telefónica y telemática. Presencial con cita previa en muy contadas ocasiones. Nos consta que todos estos medios han demostrado su mal funcionamiento. Han estado colapsados, inoperantes, con falta de personal y de otros elementos necesarios. Las personas que en muchas ocasiones se han visto en situaciones de emergencia, por la carencia de necesidades básicas, han sufrido grandes esperas, colas interminables y demoras para ser atendidos, derivándolas en muchas ocasiones hacia servicios externalizados y privatizados.

No es admisible, por más tiempo, la situación de colapso y la falta de accesibilidad a los servicios básicos. Las personas que requieren gran parte de estos servicios sufren una doble exclusión: no tener los medios necesarios para poder vivir con dignidad y quedarse excluidas por la brecha digital y la no atención presencial.

Recordamos que la razón de ser de las administraciones públicas es aportar los servicios necesarios para las personas, especialmente, la atención y el cuidado de aquellas más vulnerables y empobrecidas.  Lo demás debe subordinarse a esto.

Desde la APDHA denunciamos que la mayoría de las ayudas sociales anunciadas se quedan en

simple propaganda que no termina de llegar a las personas a pesar de las urgentes necesidades

existentes entre los sectores de población más vulnerables y empobrecidos.

La Junta de Andalucía no está ejecutando las medidas necesarias y de urgencia que se precisan.

Las familias solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (REMISA), última ayuda social que se puede

solicitar cuando no tienes nada y que tiene la consideración de derecho subjetivo, llevan en muchas ocasiones una demora de hasta 18 meses en ser resueltas.

Por otra parte, el Gobierno Central ha creado el Ingreso Mínimo Vital, que generó muchas expectativas, pero en la práctica solo está llegando a un número muy reducido de las personas que viven en situación de exclusión.

Desde APDHA exigimos el fortalecimiento del estado del bienestar con partidas presupuestarias acordes a las necesidades reales de la población.

La pobreza no puede esperar y la situación se recrudece y empeora. Es hora de actuar. Esto se concreta en inversión, puesta en marcha de programas sociales que, además de a lo paliativo, vayan a las causas que generan la exclusión.

Se revela como esencial disponer de unos presupuestos suficientes para atender las necesidades y demandas sociales existentes, que permitan contar con personal estable para unos Servicios Sociales Públicos, Universales y de Calidad rompiendo con la tendencia privatizadora impuesta actualmente, recuperando con ello la atención presencial plena.

Además, hay que resaltar, que en Andalucía en el primer trimestre del año 2021 se han llevado a cabo una media de 18,72 lanzamientos habitacionales diarios practicados (el 66% por impago de alquiler), pese a las medidas especiales adoptadas durante la pandemia, es a todas luces injusta e inaceptable. Esta situación pone en evidencia la urgente necesidad de disponer de un parque público de viviendas sociales en alquiler para atender a las personas más vulnerables y necesitadas, y de una Ley de Vivienda que castigue las propiedades inmovilizadas y garantice precios accesibles de alquiler.

Es urgente poner en marcha la Renta Básica Universal que acabaría con muchas de las situaciones de pobreza. Es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz. Ayudaría a descongestionar los Servicios Sociales poniendo en valor su verdadera función.