Denuncian al alcalde de Lucena por negarse a empadronar a los inmigrantes y derribar sus chabolas

La Asociación Multicultural de Mazagón ha presentado una denuncia, en el Juzgado de Moguer, contra el alcalde de Lucena, D. Manuel Mora por el derribo de chabolas y por negarse a empadronar a los inmigrantes en las chabolas donde tienen su residencia.

El día 8 de octubre, los miembros de la Asociación Multicultural de Mazagón aseguran que fueron testigos de la demolición de una chabola ubicada en el terreno forestal público de titularidad municipal llamado Madrona y Valpajoso de Lucena del Puerto. Fue realizada por una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento y utilizaron una excavadora para demoler una chabola que estaba cerrada con una puerta y tenía muebles, comida, ropa y pertenencias personales de sus cuatro moradores.

La demolición de chabolas en los asentamientos de inmigrantes de Lucena del Puerto no es una práctica nueva, afirman. "Tenemos constancia de la demolición de, al menos, dos decenas de chabolas en el mes de junio de este año. Y a partir del 8 de octubre, el Ayuntamiento de Lucena ha seguido demoliendo diariamente los únicos techos con los que cuentan los trabajadores inmigrantes".

La asociación entiende que los derribos de infraviviendas no se pueden realizar sin un permiso judicial, sin la tramitación de un expediente administrativo y sin comunicarlo a los interesados. "A pesar de solicitar por escrito al Ayuntamiento el permiso judicial, nunca nos contestaron. Es más, el Ayuntamiento tiene un censo de chabolas perfectamente identificadas con números, nombre de las personas que viven en ellas, teléfonos, nacionalidad y otros datos. Y si no comunica a los moradores es porque no tiene ningún interés en hacerlo", lamentan.

Explican que al tratarse de monte público, le compete, en cualquier caso, a la Administración forestal la potestad de investigación y recuperación de la zona previa tramitación de expediente.

Dice la asociación que la actuación del alcalde ante la ausencia puntual de las personas, dado que son temporeros pero que pasan la mayor parte del año en los asentamientos, puede constituir un delito de prevaricación, ya que aprovecha la ausencia puntual de los moradores para demoler las chabolas.

"En Huelva sabemos que la única alternativa habitacional que tienen los trabajadores inmigrantes son los asentamientos de chabolas. Por una parte resulta imposible el alquiler de viviendas. En primer lugar porque no hay un parque suficiente de viviendas para el número de trabajadores que se concentra en la temporada de recolección de los frutos y, por otra, la reticencias de la población autóctona a alquilar sus casas a los extranjeros.

A nadie se le puede ocurrir, como se repite desde algunos ámbitos públicos, que algunos extranjeros no quieren pagar alquiler y, por eso, viven en chabolas. Nadie en su sano juicio haría una afirmación de ese tipo. Vivir en un asentamiento sin agua, sin electricidad, sin ningún tipo d servicio básico y rodeado de basura es un drama a todas luces".

No en vano, recuerdan que el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Philip Alston, de visita por España a principios de año, declaró que las condiciones materiales de los asentamiento de la provincia de Huelva se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. También se refirió a las “condiciones laborales sin escrúpulos que prevalecen en la zona.

Por otra parte resulta muy curioso, explican, "el afán del alcalde de limpiar el monte público derribando chabolas, cuando ese afán de limpieza no se traslada, ni de lejos, con la misma intensidad a otras ocupaciones del monte público. Todo lo contrario, el alcalde ha manifestado la necesidad de mantener dichas ocupaciones como edificaciones agrícolas, pozos o balsas de riego, información que, posteriormente sería desmentida.

Respecto al empadronamiento, el alcalde de Lucena se niega a empadronar a los habitantes de las chabolas, desvelan, a pesar de lo que dicta la ley que recoge la obligatoriedad de los municipios a empadronar a las personas que viven en el mismo independientemente de la controversias jurídico- privadas sobre la titularidad de la vivienda. También es independiente de las condiciones higiénico sanitarias de la vivienda o infravivienda.

"Desde nuestra asociación entendemos que todos estos hechos que se extienden en mayor o menor medida al resto de municipios con asentamientos en sus términos municipales, constituyen una actitud de racismo institucional y de incumplimiento de los derechos más básicos de los seres humanos", concluyen.