jueves. 25.04.2024
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El Gobierno recurre el proyecto de las dos torres de Punta Umbría

La sociedad Riaumbría, responsable de las obras, ha anunciado hoy que emprenderá todas las acciones legales posibles contra los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Huelva
El Gobierno recurre el proyecto de las dos torres de Punta Umbría

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) de aprobación definitiva del proyecto urbanístico residencial 'William Martin', conocido como el de las dos torres de 19 pisos en los antiguos depósitos de agua, para lo cual era necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), al considerar que vulnera el artículo 30 de la Ley de Costas.

El recurso ha sido presentado por el abogado del Estado en representación de la Dirección General de las Costas y el Mar, dependiente del citado Ministerio, después del requerimiento previo realizado al Consistorio el pasado mes de julio para que anulara el proyecto al considerar que su aprobación definitiva mediante dicho acuerdo "vulnera las disposiciones establecidas en la Ley de Costas".

La respuesta de la empresa

La sociedad Riaumbría, responsable de las obras, ha anunciado hoy que emprenderá todas las acciones legales posibles contra los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Huelva, una vez que se ha constatado con documentos oficiales que este Organismo emitió hasta tres informes que autorizaban el desarrollo del proyecto urbanístico y residencial William Martin al no estar afectado por la Ley de Costas. Sin embargo, el pasado mes de febrero emitió un nuevo informe, ahora desfavorable a la modificación del PGOU.

Según la la constructora, “este cambio de criterio de un organismo público tiene consecuencias jurídicas para los responsables que lo han promovido por los perjuicios económicos que esto provoca en una empresa que adquiere unos terrenos porque existe una seguridad jurídica aportada por todas las administraciones competentes”.