viernes. 29.03.2024
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Huelva cuenta con más de 40.000 empleos en economía sumergida

Es la provincia con mayor porcentaje de producción ilegal de toda Andalucía, un 25% del total, según se extrae de un reciente estudio del Consejo Económico y Social de Huelva
Huelva cuenta con más de 40.000 empleos en economía sumergida

Es la provincia con mayor porcentaje de producción ilegal de toda Andalucía, un 25% del total, según se extrae de un reciente estudio del Consejo Económico y Social de Huelva

La provincia de Huelva estaría situada en la actualidad como la de mayor porcentaje de economía sumergida de toda Andalucía (siendo Andalucía una de las que más tiene de toda España) según se extrae de un reciente estudio realizado por el Consejo Económico y Social de Huelva y en el que se concluye que en torno al 25% de la economía onubense procede de fuentes ilegales o en fraude, lo que en total suponen unos 40.000 empleos que no aparecen reflejados en los listados del Servicios Andaluz de Empleo como trabajadores y contribuyentes.

Los niveles de Economía Sumergida en Huelva crecieron hasta 1998, estabilizándose a partir de entonces en torno al 25% hasta 2007 y, con el comienzo de la crisis, crecieron rápidamente hasta situarse cerca del 33%, con un perfil parecido a la media andaluza, con posterioridad decrecen hasta 2012 y es a partir de 2013 cuando vuelven a incrementarse, mostrando, además, un comportamiento diferente de la media andaluza. No obstante, a partir de 2015 se verifica un decrecimiento sostenido, de forma que entre 2014 y 2017 se ha experimentado una reducción del 8,9%, la segunda mayor reducción, después de Jaén, entre las provincias andaluzas que contrasta con

el leve incremento que en el mismo periodo ha experimentado, por ejemplo, la provincia de Sevilla.

Así, el número de ocupados totales en la provincia de Huelva en 2017 podría estimarse en 226.048 ocupados, de los cuales 183.475 corresponden a empleos declarados y el resto son fruto de la Economía Sumergida. 

En la actualidad, frente a una tasa de desempleo del 24% estimada a través de la EPA, la consideración de la Economía Sumergida podría llevarnos a tasas de desempleo cercanas al 10% e, incluso, inferiores. Además, con los resultados obtenidos puede detectarse cierta respuesta elástica del empleo sumergido al PIB no observado; es decir, que la respuesta del empleo a un incremento porcentual del PIB es mayor que proporcional, de forma que en Andalucía ante un incremento del 1% del PIB sumergido se produce un incremento del 1,3% del empleo sumergido. Pero en Huelva dicha respuesta es inelástica, de forma que ante un incremento del PIB sumergido la respuesta sobre el empleo sumergido es menor que proporcional.

En el caso de Huelva el nivel de fraude fiscal tras la crisis no se ha reducido, sino que, por el contrario, se ha mantenido muy elevado, propiciado por la alta presencia de actividades primarias, cuya opacidad fiscal es muy elevada, así como por las actividades turísticas y terciarias. La recaudación fiscal en 2017 sólo alcanzo 420,7 millones de euros, pudiendo estimarse el fraude fiscal derivado de la existencia de actividades sumergidas en 210,4 millones de euros, representando casi un tercio del nivel potencial de ingresos tributarios que la Hacienda Pública debería haber recaudado en Huelva.

Debemos, además, matizar, que este fraude fiscal será resultante, en gran medida, de actividades no declaradas de empresas y/o profesionales legalmente establecidos, además de las retenciones no realizadas a trabajadores sin contratos legales. Por estas razones, no es de extrañar que la recaudación fiscal haya caído en Huelva un 41% en términos reales desde 2007, de los 627 millones de euros de 2007 a los 420 millones de euros, correspondiendo en gran medida al Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), cuya recaudación se ha reducido en un 84%, contrastando con otros tributos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades y otros impuestos directos en los que el descenso de la recaudación tan solo ha supuesto una reducción del 23%, lo cual, además, puede ser indicativo del tipo de fraude fiscal habitual; es decir, la no facturación de algunos ingresos.