Bernardo Montoya no recurre el auto que le deniega la libertad
Bernardo Montoya, el único encausado por la muerte de la joven de Zamora Laura Luelmo, no va a recurrir el auto en el que la titular del Juzgado número 1 de Valverde del Camino le deniega la libertad que su letrado había solicitado tras saber que la grabación en la que se autoinculpaba de los hechos no se había efectuado.
El letrado del acusado, Miguel Rivera, ha confirmado que no va a recurrir el auto, tal y como ha adelantado Huelva Información, y que está a la espera de saber si se admite a trámite la petición por parte de la defensa de la práctica de una prueba para ratificar una versión de los hechos y contradecir otra, en alusión a la declaración de la expareja de Montoya, según ha señalado a Europa Press.
Según informó el TSJA en un comunicado en el auto que rechazaba la puesta en libertad de Montoya, dictado el 21 de mayo, la instructora deniega la solicitud planteada por el abogado del investigado y mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza que fue adoptada el día 22 de diciembre del pasado año por presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.
Así, en su escrito, la defensa del investigado cuestionó la validez de las transcripciones de la declaración autoinculpatoria de su representado prestada en diciembre pasado ya que no se había grabado por un error, pero la juez asevera que el acto de la declaración del investigado donde confesó la autoría de los hechos "está válidamente documentado en soporte escrito", no constituyendo una transcripción del contenido audiovisual sino una redacción por escrito efectuada "en el mismo momento en el que el investigado declaraba que quedó convenientemente unida a la causa el mismo día de su práctica", estando así revestida de fe pública judicial.
Además, y en relación a la validez de las grabaciones, la juez recordaba en su resolución que ya dictó otro auto el día 21 de marzo pasado donde se pronunciaba sobre el particular y señalaba que la declaración del investigado se había documentado también por escrito y que ello "era válido".
