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La expareja de Bernardo Montoya se declara inocente ante la juez
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La expareja de Bernardo Montoya se declara inocente ante la juez

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Asegura que no acudió a declarar el pasado jueves porque estaba mala y que la orden de detención se paralizó

La expareja de Bernardo Montoya a la que éste acusó del crimen de Laura Luelmo, Josefa Carmina Garrido, sobre la que pesaba una orden de detención tras no comparecer el pasado jueves en el juzgado de instrucción 1 de Valverde del Camino, que la había citado a declarar en calidad de investigada, se ha presentado este lunes en las dependencias judiciales sin citación y ha prestado declaración ante la juez instructora del caso, Elvira Mora.

En declaraciones realizadas a Telecinco, la expareja del único encausado por la muerte de la joven profesora zamorana ha señalado que se ha declarado “inocente”, al tiempo que ha dejado claro que “no tengo nada que temer” y que, si no acudió al juzgado el día en que estaba citada, fue “porque estaba mala”, motivo por el que, según ha indicado, “la orden de detención se paralizó”.

La expareja de Montoya fue citada a declarar este pasado 16 de mayo en calidad de investigada después de que Bernardo Montoya la culpase del asesinato cometido el pasado 12 de diciembre en El Campillo durante su segunda declaración ante la juez, que tuvo lugar el pasado 4 de abril, cuando el presunto autor del crimen acusó a su expareja de matar a la profesora zamorana con un martillo, tal y como informó su abogado, Miguel Rivera.

A continuación, el letrado del presunto autor del crimen solicitó, el pasado 23 de abril, la puesta en libertad provisional de su defendido, que ya fue admitida a trámite por la titular del juzgado, que tendrá que resolver una vez escuchadas todas las partes.

La solicitud de puesta en libertad provisional se produjo después de conocerse que la primera declaración judicial de Montoya no se grabó, debido, tal y como confirmó la Fiscalía de Huelva, a que no se había conectado un cable de audio, un error que a juicio del letrado afecta a la investigación, para lo que Rivera se basó en que, tras las últimas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamento Criminal, las transcripciones “no son validas”.