Ayuntamiento y Junta llegan a un acuerdo para evitar el desahucio en El Campillo
El Ayuntamiento de El Campillo y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para evitar que José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, a quienes la Administración autonómica les dio seis meses de plazo para abandonar su casa, tengan finalmente que dejar la vivienda, una VPO que la Junta le concedió en régimen de alquiler en 1988.
Esa es la principal conclusión que puede extraerse de una reunión mantenida entre el delegado de Fomento del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y la alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, tal y como ha informado la propia regidora campillera.
Rivas ha indicado que, tal y como le trasladó el delegado, la Junta de Andalucía tiene que seguir adelante con el proceso administrativo del desahucio, pues es fruto de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo, pero “hemos llegado a un acuerdo” para que, una vez finalizado este proceso, “la familia pueda seguir en la vivienda”, ha agregado la alcaldesa.
Se trata, según ha especificado la regidora campillera, de “una posible solución”, para lo que ambas partes cuentan con un informe favorable de los Servicios Sociales que atestigua la situación de la familia y que la vivienda está ocupada, ha destacado Rivas.
La alcaldesa ha explicado que la reunión fue solicitada por el Ayuntamiento para que el representante de la Junta conociera la situación de la familia y los motivos que llevaron a la Junta a ordenar el desahucio de la misma, que obedecen, tal y como ya informó este periódico, a que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que, aunque “es cierto según los papeles”, no lo es “en la práctica”, indicó la afectada, hasta el punto de que “ni yo misma lo sabía”, añadió.
El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos de este matrimonio se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, señaló Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera podía ayudar a su hijo.
Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, explicó, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé, pero no sabía que me habían puesto como propietaria”, indicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.
El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía tramita el expediente para quitarles la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.
El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que el pasado mes de marzo les llegó la comunicación de que tenían que abandonar la casa en seis meses.
