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Continúa la causa contra 12 cargos públicos por vertidos en las Marismas de Isla Cristina

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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva) ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, en el marco de la investigación llevada a cabo por el juzgado, contra 12 cargos públicos por el vertido de aguas residuales y fecales que supuestamente se viene realizando al menos desde 2015 y hasta la actualidad en el paraje natural protegido de las Marismas de Isla Cristina, procedentes de la barriada ‘Pozo del Camino’.

En este sentido, el juez considera que existen indicios racionales para imputar la comisión de un delito contra el medio ambiente, penado con pena de prisión de hasta cinco años, multa e inhabilitación especial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

Así, el juez considera que, presuntamente, “habría existido una notoria dejación de funciones en la detección y control del vertido durante años de aguas residuales sin depuración alguna en el paraje protegido de las Marismas de Isla Cristina, con importante deterioro del ecosistema y la calidad de las aguas”.

Los investigados supuestamente habrían infringido los deberes inherentes a sus cargos y lo que denomina su “posición de garante” respecto a la protección del medio ambiente en el ámbito territorial de su competencia y responsabilidad.

El juez ha puesto de manifiesto en el auto que, “indiciariamente, desde fecha indeterminada, al menos desde 2015 y hasta la actualidad”, se ha venido produciendo “de forma indiscriminada, con conocimiento de las autoridades competentes para remediarlo, plena omisión de las obligaciones inherentes a sus cargos y contravención de su posición de garante, el vertido incontrolado” de aguas residuales y fecales, “sin labor alguna de depuración o saneamiento efectivo”, en el paraje natural protegido de las Marismas de Isla Cristina.

Esta zona está calificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea y en el cual se han catalogado 132 especies distintas de aves y ocho hábitats de interés comunitario.

En este sentido, añade que, “como consecuencia del vertido indiscriminado de aguas fecales, reiterado en el tiempo, se verificó la entrada de materia orgánica en la masa de agua”, lo que dio lugar a un descenso del oxígeno disuelto, presencia de amonio “en niveles suficientemente tóxicos para impedir el buen desarrollo de la vida acuática, valores de nitrógeno superiores a los límites establecidos reglamentariamente, presencia de concentraciones de nitrógeno y fósforo dando lugar a fenómenos de eutrofización, e incluso sólidos en suspensión”.

El juez agrega en el auto, fechado el día 11 de marzo, que “el exceso de materia orgánica ha producido un ambiente de depuración forzada y un descenso de los niveles de oxígeno del medio receptor”, mientras que los valores relacionados con el nitrógeno “han reflejado un daño sustancial en la calidad de las aguas, como consecuencia de la entrada continua de aguas residuales sin depuración”.

Seguidamente, el juez analiza la intervención que habrían tenido en los hechos cada uno de los doce cargos públicos investigados, que han ocupado u ocupan cargos en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía o en una mercantil de carácter público.

El juez ha considerado que, indiciariamente, los investigados podrían haber cometido un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con grave perjuicio para el equilibrio de los ecosistemas, y ha dado traslado al Ministerio Fiscal y en su caso a las acusaciones particulares a fin de que, una vez firme esta resolución y en el plazo común de diez días, formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación.

En el auto, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra la entidad mercantil de capital público y contra uno de los investigados en la causa, vinculado a la Consejería de Medio Ambiente, al considerar que “es el único de las personas investigadas respecto al cual no se desprenden indicios de criminalidad”, ya que “realizaba únicamente funciones tangenciales de asesoramiento o intervención técnica a petición de sus superiores orgánicos”.


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