La Junta dice que el trámite del desahucio en El Campillo lo inició el Ayuntamiento en 2014

El Gobierno andaluz asegura que el Consistorio le comunicó que la vivienda de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín estaba desocupada

La Junta de Andalucía ha salido al paso de la información en la que este periódico se hacía eco de que el Gobierno andaluz ha ordenado el desahucio de una familia de El Campillo, a la que le ha comunicado que tiene un plazo de seis meses para abandonar la vivienda de protección oficial que la propia Administración autonómica le concedió régimen de alquiler en 1988.

A preguntas de esta redacción, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía han explicado que “el trámite lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014”, pues el Consistorio campillero comunicó entonces a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que la vivienda de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín “estaba desocupada”, según han añadido las mismas fuentes.

Asimismo, desde la Administración autonómica han resaltado, igualmente, que la comunicación que se le ha trasladado ahora a la familia se ha realizado “en cumplimiento de una sentencia judicial”, tal y como ya informó este periódico.

Ante ello, esta redacción se ha puesto en contacto con el que entonces era el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, del extinto Partido Andalucista, que asegura que no tiene constancia de ello, si bien tiene claro que, si realmente fue el Consistorio el que comunicó a AVRA que la vivienda estaba desocupada, esa actuación no fue fruto de una “decisión política”, sino de un “trámite administrativo ordinario”.

Fuentes de aquel grupo municipal también han asegurado a esta redacción que “desde el Ayuntamiento no se inició el expediente”, por lo que defienden que, si el Consistorio llevó a cabo esa gestión, “sería por un requerimiento de la administración andaluza, que es la propietaria de las viviendas”, entienden.

Tal y como ya informó este periódico, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que “es cierto según los papeles pero no en la práctica”, hasta el punto de que “ni yo misma lo sabía”, defendió la propia Martín.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, indicó Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé”, añadió, pero “yo no sabía que me habían puesto como propietaria”, explicó Magdalena, que asegura que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que ahora les ha llegado la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. “No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que “frene este proceso”.

También la actual alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, se ha pronunciado sobre este asunto. Rivas ha salido en defensa de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, al tiempo que ha reclamado al Gobierno andaluz que no tome a esta familia como “cabeza de turco”, pues considera que hay “muchísimas familias” en una situación similar en el conjunto de Andalucía.

Por ello, la regidora campillera defiende que “deben ser tratadas todas por igual”, añade, si bien ha querido dejar claro su “respeto” a los criterios de la administración y a las decisiones judiciales.