Kilómetros de líneas eléctricas en precario alimentan el ‘Robo de agua’ y los incendios en Doñana
La investigación policial para esclarecer uno de los incendios forestales más graves ocurridos en el entorno de Doñana acaba de destapar otro de los enormes riesgos que se derivan de la existencia de cientos de pozos ilegales en las comarcas marismeñas de Huelva (Lucena, Almonte o Moguer) y Sevilla (las zonas de Los Hatos).
La Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía relaciona un grave incendio acaecido en el paraje El Cebollar de Moguer y que arrasó 120 hectáreas con instalaciones eléctricas en precario. En este caso, asegura la Policía que la causa del siniestro y su origen estuvo “en una avería, fallo o derivación de una línea eléctrica, resultado de un enganche en situación precaria”.
La línea se utilizaba para llevar corriente eléctrica hasta un motor con el que se sacaba agua de un pozo ilegal situado en el paraje y conducirla hasta las instalaciones de la vivienda del vigilante de una empresa carbonera sita en las proximidades y que actualmente está clausurada por la administración por su presunta responsabilidad en otro incendio forestal ocurrido en 2017. “Ni el motor ni la línea eléctrica contaban con medida alguna de prevención de incendios forestales, lo que hizo que debido al aumento de la temperatura por el funcionamiento del motor eléctrico se produjera la combustión de la vegetación seca que no había sido eliminada mediante la realización de cortafuegos”, concluye el informe policial.
El portavoz de WWF, Felipe Fuentelsaz, asegura que se han detectado incluso líneas eléctricas de hasta siete kilómetros de cableado atravesando los montes para proporcionar energía a estas actividades ilegales. Para más inri muchas de estas instalaciones están ya obsoletas, multiplicando los riesgos de provocar incendios. “Es preocupante que en un espacio tan vigilado y con una gran superficie forestal incluida en espacios protegidos, se produzcan tantos incendios”, señala.
Cabe recordar que tras uno de los incendios ocurridos en la zona de Lucena fue necesario limpiar el monte y aclarar un pinar arrasado. Y fue ahí donde aparecieron decenas de pozos ilegales e instalaciones eléctricas en la más absoluta precariedad. Evidentemente estos pozos no tenían permisos de los ayuntamientos de Lucena o Moguer, aspectos que fueron advertidos tanto por la Guardería Fluvial y por los Agentes Forestales de Andalucía.
Además de una serie de requisitos: obtener permisos de la Consejería de Medio Ambiente, pedir en el Departamento de Minas el visto bueno para una obra de captación de aguas subterráneas y encauzar la puesta en servicio en la Confederación Hidrográfica correspondiente; es obligatorio contar con instalación eléctrica reglada que cuesta unos 1.000 euros. En este caso el instalador eléctrico que sea llamado por el propietario del terreno de la captación debe emitir un certificado antes de la puesta en servicio del pozo.
Según las denuncias presentadas desde la organización WWF por el conocido como ‘Robo del agua en Doñana’, hay que comprobar de dónde procede el enganche eléctrico que necesitan los pozos de extracción de agua y hasta dónde llevan los cables y cómo los han tirado en el terreno. Porque “se pueden provocar incendios, electrocutaciones de personas y accidentes con la maquinaria de arado”.
Por eso se sospecha que la mayoría de las instalaciones eléctricas en precario existentes son ilegales, multiplicando los riesgos de incendio forestal. Son visibles en el monte los cables, pelados en muchos casos, que suelen provocar chispazos.
Este riesgo no es desconocido para las autoridades de la Junta de Andalucía y el Gobierno. En el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana se advierte claramente que las Administraciones competentes deben redactar y tramitar “los planes de prevención de incendios forestales” y los estudios hidráulicos de detalle, además de “establecer las medidas cautelares para evitar este tipo de riesgos”.
El articulado del Plan de la Corona Forestal incluso establece en algunas zonas una “servidumbre de protección de 25 metros de anchura en la que no se permitirá la construcción de viviendas ni edificaciones de ningún tipo. Sólo estarán permitidas en las servidumbres referidas a superficies forestales de pequeña entidad, aisladas y alejadas de otras masas forestales, y en las que el riesgo de incendio sea mínimo atendiendo a criterios de ubicación y características de la edificación o instalación de que se trate, sin perjuicio de la regulación que la legislación forestal y de prevención y lucha contra incendios determinen”.
Y añade que “los titulares de la red eléctrica existente realizarán las adecuaciones necesarias para adaptarse a la normativa sobre prevención de incendios forestales”.
Los conservacionistas ya avisaron en su ‘Informe sobre Incendios en Doñana' de 2009 de que los pozos ilegales eran una de las causas más preocupantes de incendio y el cableado eléctrico estaba detrás de algunos. Y WWF apuntó en su ‘Informe sobre el Robo del Agua’ que “en los pozos y balsas ilegales hay cableado eléctrico enterrado por tramos y líneas eléctricas aéreas, en una zona donde el riesgo de incendios forestales es alto y la propia Junta de Andalucía conoce y advierte del peligro de incendios forestales por el entramado de cableado eléctrico incontrolado existente”. Sin embargo, por este motivo (instalaciones eléctricas ilegales o en precario) no se ha cerrado ningún pozo.
Las últimas inspecciones de las empresas suministradoras de energía eléctrica se hicieron hace tres meses a petición de la Confederación del Guadalquivir pero se cerraron sin encontrar anomalías en este sentido.
