La Guardia Civil, la Confederación del Guadalquivir y la UE redoblan su acoso a los pozos ilegales
A la advertencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para que se sellen y tapen los pozos ilegales abiertos durante años se ha unido también el director general de la Guardia Civil. Félix Azón ha reconocido que la Institución que capitanea está reforzando su vigilancia para detectar los pozos ilegales. Las declaraciones de Azón llegaron en paralelo a conocerse que un hombre había perdido la vida junto a su perro en la localidad de Villanueva del Trabuco tras caer a un pozo.
Las investigaciones para tratar de acabar con los cientos de pozos ilegales abiertos en comarcas agrícolas de Huelva en las últimas décadas arrecian a raíz del accidente que le ha costado la vida al niño Julen, en Totalán. La característica que reúnen muchos pozos y prospecciones de Huelva es que han sido perforados con el objetivo de extraer agua para regadíos y muchos de ellos están ya denunciados, otros han sido abandonados y de muchos otros no se tiene conocimiento de su existencia.
El cierre de estas instalaciones está costando. Incluso ha provocado enfrentamientos, retenciones a agentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y escraches a la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante una visita a San Juan del Puerto.
Sin olvidar que Bruselas acaba de poner a España una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE porque desde 2010 se ha mirado para otro lado y no se ha puesto coto a las prospecciones ilegales que secan la Reserva de la Biosfera de Doñana. En Huelva, nada más que en el entorno agrícola, se calcula que existen más de un millar de pozos ilegales. Y ya varios ayuntamientos agrícolas y mineros se han puesto a indagar y señalar los pozos que tienen en sus términos municipales.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, confía en que las medidas de protección y actuación previstas, entre ellas el incremento de la vigilancia y el cierre de pozos, mejorarán la situación de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana.
La Confederación calcula que ahora mismo trabajan en el cierre de 77 pozos ilegales en Lucena del Puerto y se va a seguir con la inspección para localizar otros que pueda haber y cerrarlos.
Mientras tanto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva ha detectado 562 pozos o captaciones de aguas y 146 balsas carentes de documentación nada más que en el Espacio Natural de Doñana. Una situación que ha sido puesta en conocimiento de la citada Confederación Hidrográfica, según ha reconocido el Gobierno a las preguntas de la formación EQUO, que ha reclamado esta mayor celeridad en la gestión de los pozos ilegales que esquilman el acuífero de Doñana y que, pese a estar localizados, no son clausurados de manera efectiva.
A los pozos ilegales de carácter agrícola se une en Huelva otra preocupación: las pozas y perforaciones mineras que existen en las cuencas onubenses. Se cuentan por cientos, no tienen protección y además de causar daños a senderistas, propietarios de fincas, cazadores y sus rehalas han provocado accidentes mortales, como el acaecido entre Berrocal y El Madroño hace años.
Otro de los actores críticos con esta situación denunciada y largamente estudiada por la organización ecologista WWF es Greenpeace. Ha vuelto a reclamar al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y los clausure de manera inmediata. La ONG lleva diez años realizando la misma demanda y ha escrito de nuevo una carta al Ministerio para la Transición Ecológica en la que denuncia la "falta de transparencia y desgobierno" respecto al número de pozos ilegales, que podrían superar el millón de unidades.
Además, recuerda que estos pozos ilegales están dando impunidad en el robo de agua para regadíos y desarrollos urbanísticos. Los últimos datos oficiales son de 2006 y entonces ya había más de medio millón de pozos ilegales en España, pero en 2017 el Gobierno admitió que la cifra podría superar un millón.
La misiva insta al Gobierno a investigar, localizar y situar en un mapa los pozos ilegales y que los clausure. Precisamente, en 2018 Greenpeace pidió a las distintas confederaciones hidrográficas información al respecto y no ha obtenido un dato confirmado.
