El asesinato de Laura Luelmo revive en Huelva los peores crímenes sucedidos en treinta años

A raíz del brutal asesinato de la joven profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo el pasado 12 de diciembre y de la confesión del crimen por parte de Bernardo Montoya, condenado anteriormente por el asalto y muerte de una anciana de Cortegana, Huelva ha recuperado de golpe la memoria de los brutales crímenes sucedidos en la provincia en las últimas décadas. La mayoría están resueltos y los responsables cumplen penas de prisión aunque alguno ya disfruta de libertad. Exceptuando eso sí al culpable del doble crimen de Almonte. Un asesinato sin resolver tras la confirmación de la absolución de F. J. Medina por parte de todas las instancias judiciales posibles hasta ahora a excepción del Tribunal Constitucional. El crimen en abril de 2013 de Miguel Ángel y su hija María (que recibieron más de 150 puñaladas) angustia a los almonteños porque sigue impune. No hay sosiego.

Ahora, muchos ciudadanos han hecho suyas las palabras indignadas del popular presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez: “Sale barato matar vilmente en España. Pero un día la gente se cansará de esta broma macabra. Un día el pueblo no se dejará engañar por la maldita gentuza que ha diseñado un esperpento legal y social.”… que atiza el debate sobre la prisión permanente revisable". Duro y nítido comentario reflejo de un estado emocional muy colectivo, más de lo que se publica y reconoce oficialmente.

Las salidas de la cárcel y permisos penitenciarios de los autores de crímenes horrorosos en la provincia de Huelva han coincidido estos días. Primero con Bernardo Montoya  y luego con su hermano Luciano. El primero, condenado por la muerte a cuchilladas de una anciana (Cecilia) de 82 años en 1997. Luego, su alma gemela, Luciano, condenado por asesinar a otra mujer también en Cortegana, Mari Carmen. A los que se unió en 2005 otro brutal homicidio, el de Mateo, un discapacitado que fue golpeado hasta morir y por el que cumple una pena de 14 años J. M, autor de aquellos hechos. A Cortegana ha vuelto la inquietud, el miedo, la indignación y la ansiedad que desencadenaron los sucesos de Las Eritas, el barrio donde vivían los gemelos Montoya. Un estado de stress colectivo que se ha trasladado a El Campillo, donde se ubica la residencia ahora de la familia y que se ha convertido en escenario del crimen de Laura. Una mácula insoportable para el discurrir de un pueblo pequeño y tranquilo violentado en su ser más íntimo por horrendos y recientes crímenes.

Se ha activado así una especie de alarma social solo dormida por su estancia en prisión de todos estos años. Los pueblos y ciudades que sufrieron en sus carnes estos episodios sangrientos han reaccionado ahora como pueden y uno de esos lugares donde se hace patente el malestar es en las redes sociales y en los medios que han recuperado los dolorosos testimonios de las víctimas. Asesinatos, agresiones sexuales o violaciones, (seis niños incluidos) están agitando el debate sobre la prisión permanente revisable, pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional.

En la ciudad de Huelva aun se recuerda el caso del violador que aterrorizó el barrio de Isla Chica, que acumulaba en el momento de su detención 19 agresiones a niñas y mujeres jóvenes. Víctor J. M. fue condenado a 141 años en 1997.

En el recuerdo ahora removido están también los asesinatos de las niñas Ana María Jerez Cano y Mari Luz Cortés. La madre de la primera, Adoración Cano, también ha mostrado su opinión estos días. Cano no ha podido ser más clara: "Reaccionen de una vez por todas, analicen de raíz el verdadero problema y den soluciones eficaces de acuerdo a las circunstancias y gravedad de los acontecimientos", al tiempo que ha incidido en que "llevamos muchos años diciendo todo lo que habría que cambiar o empezar a hacer". Sin embargo, "hacéis oídos sordos, porque estáis ciegos, mudos y sordos para lo que no os interesa", recrimina, tras lo que deja claro que "hablo en general, no de partidos", y siempre según su "triste experiencia a lo largo de casi 20 años", agrega.

Ana María Jerez Cano tenía solo 9 años cuando desapareció un día de Carnaval de febrero de 1991. Su cuerpo fue encontrado violentado 69 días después. José Franco fue condenado a 44 años de prisión por este crimen. Salió de prisión y reincidió en la senda del delito. Volvió a prisión.

En el caso de la niña Mari Luz Cortés, su padre, Juan José Cortés lidera una verdadera cruzada, incansable, en todos los frentes, a favor de la prisión permanente revisable. Una lucha que ha vuelto a dejar patente estos días en Huelva durante las concentraciones en recuerdo de Laura Luelmo y los tensos traslados de Montoya desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva a los juzgados.

Atrás queda el recuerdo de aquel 13 de enero de 2008 cuando la niña Mari Luz desapareció en El Torrejón. Tenía cinco años cuando cayó en manos del pederasta Santiado del Valle. Fue su muerte. Su búsqueda multitudinaria, durante 54 días, concluyó con la aparición del cuerpo el 7 de marzo. Santiago del Valle y su mujer fueron detenidos en Cuenca 19 días después. Del Valle fue condenado a 22 años de prisión y su mujer a nueve por cómplice de asesinato.

Crímenes espantosos que causan una gran conmoción social, una angustia que se extiende en el tiempo como una mancha de aceite en la memoria colectiva. Como los de los niños onubenses José y Ruth Bretón Ortiz. Desaparecieron en Córdoba en octubre de 2011 con solo 2 y 6 años de edad. Su padre, José Bretón, fue condenado por matarlos y quemarlos en una finca de su familia en Las Quemadillas. Fue condenado en primera instancia a 25 años ampliados luego a 40.

A Nerva se le encoge el ánimo al escuchar el apodo de ‘El Lejía’, condenado por un triple asesinato. F. J. González fue condenado a 68 años de prisión como autor de los asesinatos de Félix Cabanas. (39 años); Ángel Gómez (de 65) y Manuel López (de 43) entre el 16 y 17 de noviembre de 1997.

Y Riotinto aún recuerda el crimen de Sergio B., condenado por el asesinato de sus padres un 4 de marzo de 1997 a 24 años de prisión aunque finalmente se aplicó una rebaja considerable a su pena. Aquel día y en el juicio imponía la insultante frialdad con la que afrontó el crimen.

Aun hoy Isla Cristina se acongoja ante las siglas de J.O. La Guardia Civil lo detuvo por varias agresiones sexuales y violación acaecidas en la zona de Urbasur en 2010. Fue condenado al cumplimiento de un máximo de diez años de pena de cárcel. Precisamente una de sus víctimas (Chari) ha relatado ahora su experiencia en el programa Espejo Público, de Antena 3, narrando cómo fue la agresión que sufrió en la playa y el calvario que tuvo que vivir durante y después del asalto. Ella se deshizo de su agresor, ha dicho, mordiéndole la lengua cuando estaba siendo agredida. Y se zafó del joven al que define como “un cazador” que salía de casa “a lo que iba”, armado con un cuchillo. La víctima se sintió muy mal, cuando una vez agredida pidió auxilio y se percató de que varias personas habían visto los hechos y le comentaron que habían pensado que estaba haciendo cosas con su pareja en la playa, cuando en realidad estaba siendo víctima de una agresión sexual e intento de violación.

Antes de estos hechos, siete jóvenes, todos menores de edad, también en Isla Cristina, habían violado a una menor disminuida en 2009.

La senda criminal llega hasta Almonaster con la sombra del niño Antonio Ramallo. Tenía 10 años cuando desapareció junto a su madre en 1993. Sus cuerpos fueron encontrados en un pozo de Almonaster en 2011. La Justicia imputó a Genaro Ramallo, capturado en Toulouse por el asesinato de la madre (Mari Carmen Espejo) y su hijo. Fue condenado a 60 años pero a 30 de cumplimiento máximo por beneficios legales.

Más atrás en el tiempo pero también marcada en la memoria colectiva de Huelva aparece la muerte de la niña Mari Carmen Carretero. Hallada muerta en una casa de Punta Umbría, maniatada, en 1985. Por este crimen fue condenado a 20 años de prisión J.C. Clavijo.

En 1995 otro crimen sacudió la provincia. En Puerto de la Laja (El Granado), un hombre sembró el pánico a tiros. Zanjaba así una disputa con unos vecinos. L. Bartolomé causó la muerte de Eduardo Martín y María Pérez, con los que mantenía una vieja enemistad. Fue condenado a 12 años de prisión al contemplarse eximentes de enajenación mental. En el momento del suceso solo cinco personas habitaban esta aldea onubense fronteriza con Portugal.

No muy lejos de aquí, en octubre de 2008, fue encontrado en su casa de Sanlúcar de Guadiana, desnudo y atado de pies y manos, el cadáver del conocido empresario onubense Manuel Díaz Calo. Fue golpeado hasta la muerte por varios individuos con el objetivo descrito en el proceso de robarle una caja fuerte que tenía en la vivienda.  La Audiencia Provincial condenó finalmente en 2013 por estos hechos a I.T. y I.M. a 21 años y once meses de prisión. Otros acusados quedaron exculpados tras invalidarse algunas pruebas.

La batalla de la prisión permanente revisable se ve reforzada ahora con la reincidencia en el delito de Bernardo Montoya y antes del condenado por la muerte de Ana María, José Franco, que volvió a la cárcel tras protagonizar otra agresión sexual en Madrid nada más salir de prisión.

Una figura jurídica que por primera vez aparece en Huelva ligada a otro crimen, el del anciano de 78 años José Rachón, torturado hasta la muerte en El Campillo a primeros de septiembre de 2016. Por este crimen se detuvo a cuatro varones y un menor con edades comprendidas entre 17 y 24 años. La Fiscalía pidió prisión permanente revisable para los cuatro mayores de edad encausados por el asesinato con tortura previa de José Rachón, en la finca Calero de El Campillo. El menor fue condenado ya a seis años de internamiento en un centro de internamiento juvenil.

Es la primera vez que la Fiscalía en Huelva solicita la pena máxima que contempla el código penal, la prisión permanente revisable, y lo hace en base a la extrema crueldad con la que actuaron los protagonistas de la macabra muerte de Rachón. Una figura penal que será ahora solicitada formalmente por la familia de Laura Luelmo, según ha asegurado su representante legal, Patricia Catalina. “Por su puesto, sin duda alguna”, declaró, ante la pregunta de los medios de comunicación de si solicitará la máxima pena contemplada en el Código Penal para delitos de extrema gravedad.