Revuelo municipal por las citaciones judiciales por vertidos fecales a cauces públicos
La decisión del juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte de citar a declarar como investigados a ocho personas y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional y de la empresa Giahsa ha levantado un reguero de dudas en algunos ayuntamientos de la provincia de Huelva. La causa de la investigación judicial está relacionada con vertidos de aguas residuales y fecales que se vienen haciendo, en este caso, en el Paraje Protegido de las Marismas de Isla Cristina.
Algunos alcaldes le han visto en este caso las orejas al lobo pues en sus pueblos aún no se han construido las obligadas y anunciadas estaciones depuradoras de aguas residuales previstas por el Gobierno y la Junta de Andalucía. Así que las aguas fecales siguen vertiéndose a arroyos y ríos vecinos, causando problemas de contaminación, insalubridad y mala imagen.
Muchos de estos vertidos han sido denunciados ya a las autoridades de Medio Ambiente andaluzas, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y algunos llevados a la Fiscalía de Huelva. De ahí la preocupación creciente de los alcaldes por este asunto. Porque investigar se investiga y las denuncias no caen en saco roto.
Además, muchos de estos vertidos llevan años produciéndose a cauce público y zonas protegidas por normativas medioambientales andaluzas, españolas y europeas.
Por eso han dado la voz de alarma tras la decisión del Juzgado de Ayamonte y están haciendo consultas y peticiones a la Junta de Andalucía. Al fin y al cabo sus pueblos y sus ayuntamientos están bajo la lupa.
