La acusación relata el horror y las torturas del Crimen de El Campillo de 2016

La acusación particular del crimen de El Campillo, en el que un hombre de 78 años fue torturado y asesinado en una finca de la localidad en septiembre de 2016, y ejercida por su familia, ha solicitado para uno de los cuatro acusados, considerado presuntamente el cabecilla, la prisión permanente revisable, mientras que para los otros tres ha pedido 43 años de prisión para cada uno por los presuntos delitos de asesinato, de robo con violencia en casa habitada, de robo en local, contra la integridad moral, y el pago de una multa superior a 1.000 euros por un delito de omisión del deber de socorro.

Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, para el considerado cabecilla, además de la prisión permanente revisable, pide doce años y medio de cárcel por los demás delitos y el pago de una multa de 2.000 euros.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido prisión permanente revisable para los cuatro por la muerte de este hombre, cuyo cadáver apareció el 1 de septiembre de 2016, siendo la primera vez que se solicita esta pena por unos hechos acaecidos en la provincia desde que entrara en vigor.

Según la acusación particular, los hechos ocurrieron, tal y como relata también el Ministerio Fiscal, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2016, cuando estos cuatro acusados, en compañía del menor de edad M.H.D., que ya ha sido condenado a seis años en un centro de internamiento y a otros dos de libertad vigilada tras una sentencia de conformidad, puestos de común acuerdo y a propósito decidieron apropiarse del dinero que, según habían oído, poseía la víctima en la citada finca.

Para la ejecución de dicho plan, los mencionados salieron de la vivienda de uno de ellos, en Minas de Riotinto, sobre la 1,45 horas del día 1 de septiembre de 2016, llegando por el camino a las instalaciones de la piscina municipal de El Campillo, donde accedieron al interior del bar allí existente tras darle una patada a la puerta a través de una ventana metálica del mismo, que previamente forzaron.

En el interior de dicho bar consumieron bebidas y comieron pizzas, para posteriormente, apropiándose igualmente de bebidas, patatas fritas y otros objetos, esconderlos en el exterior junto a unos matorrales para recogerlos a la vuelta de la finca, a la que llegaron sobre las 4 de la mañana, debidamente encapuchados con bragas y pasamontañas al objeto de no ser identificados.

Una vez allí y, tras tirar unas piedras al tejado para comprobar si había alguien y cerciorarse de que ello era así, llamaron a la puerta abriendo la víctima, momento en el que, mientras el resto de los acusados se encontraban escondidos y bajo la dirección de uno de ellos, otro le golpeó con fuerte puñetazo en el ojo izquierdo a la víctima de tal intensidad que cayó inconsciente al suelo. Así y ante la infructuosa búsqueda del dinero, volvieron al

lugar donde se encontraba la víctima ya consciente, empezaron a golpearle, llevando la iniciativa el considerado cabecilla, e incluso cogiendo "una cobaya que este hombre tenía en la vivienda para que le mordiera en diversas partes del cuerpo y amenazándole además con cortarle una oreja". Todo ello con la encomienda y exigencia de que dijera donde estaba el dinero.

También, según reza en el escrito, "le echaron restos de basuras encima de su cuerpo y un líquido de salmuera que había en un barreño cercano". Dichas actuaciones, asegura esta parte, fueron llevadas a cabo por todos los integrantes del grupo bajo la dirección uno de ellos. La tortura a la que fue sometido duró hasta las 7,00 horas, momento en el que los intervinientes abandonaron el lugar dejando tirado malherido y agonizando al anciado en la puerta de la casa pero aún con vida.

Tras los hechos, los acusados se apropiaron de dos motosierras, de una televisión de plasma, de varias cajas de tabaco y de su documentación, procediendo a marcharse para posteriormente repartirse los efectos así como consumir en "un ambiente festivo" los productos que habían sustraido del bar de la piscina municipal.

A resultas de los golpes, cortes y demás vejaciones y agresiones sufridas por la víctima, la misma falleció por patología policontusional de gran intensidad con afección de varios segmentos corporales, siendo la causa de la muerte un shock trautámatico e hipovolémico secundario a politraumatismos.

A su vez, para los acusados, esta parte solicita, tras cumplir la pena de cárcel, otros diez años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde vivan lo hijos del fallecido, así como la prohibición de aproximación o comunicación con éstos por cualquier medio durante el tiempo de la condena y en los 15 años posteriores. Como responsabilidad civil, solicitan una indemnización conjunta y solidariamente de 300.000 euros. De cara al juicio, esta parte pide como pruebas testificales la declaración de varios guardias civiles, de familiares de la víctima y de los forenses.