Protesta a las puertas de prisión tras restarles el sueldo por una manifestación

Los sindicatos de los funcionarios de prisiones vuelven a la carga ante lo que consideran "la toma de una decisión injusta y arbitraria del director del centro penitenciario. Este jueves han convocado media hora de paro a las puertas de la prisión después de que se les haya detraído las retribuciones a los trabajadores por la concentración celebrada el 8 de Mayo en las puertas del centro penitenciario donde se reivindicaban mejoras para este colectivo.

Según un comunicado remitido por Acaip, "el deterioro paulatino durante estos seis últimos años, la instauración de una  política de 'ordeno y mando' bajo una falsa fachada de dialogo, el coartar toda iniciativa que vaya dirigida a mejorar tanto el servicio público que los trabajadores prestamos como mejoras de las condiciones laborales de los propios trabajadores han tenido como guinda al pastel esta decisión 'caprichosa' de detraer el dinero a los trabajadores".

Los funcionarios consideran "un ataque a la profesionalidad de los trabajadores y un intento de desacreditar las legitimas reivindicaciones" del colectivo tanto las retributivas como la instauración de mecanismos que eviten las continuas agresiones que estamos sufriendo cada día en los centros penitenciarios.

En este año 2018, en el interior de las cárceles se denuncia una agresión cada día. Los sindicatos convocantes señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias. El pasado año 2017, las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior.

Para hacer frente a este grave problema, los sindicatos consideran urgente resolver la acuciante falta de personal con más de 3.400 vacantes sin ocupar (cerca de 70 en la provincia de Huelva), lo que sin duda es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones. Por lo que exigen, un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de la población reclusa.

Hay un 15% menos de efectivos de los que debiera haber y las 831 plazas anunciadas para la oferta de empleo público 2018 se muestran insuficientes para garantizar la seguridad interior de las prisiones.

Los accidentes laborales del personal penitenciario supusieron en 2017 un incremento del 30% hasta contabilizar, la cifra de 1.186 (según los datos del Congreso de los Diputados).

Por este motivo este próximo jueves día 2 de agosto, los sindicatos de prisiones, Acaip CC.OO. y UGT, convocan media hora de paro en el exterior de los centros penitenciarios. En Huelva en el centro de Inserción Social

Bajo el lema #PrisionesSinAgresiones, protestan por las continuas agresiones y quieren reprobar cualquier acto de violencia que pueda menoscabar la dignidad personal o la integridad física de cualquier trabajadora o trabajador penitenciario que sufra en el ejercicio de sus funciones.

De igual forma, los sindicatos con estas concentraciones masivas, quieren mostrar su solidaridad y dar apoyo a todos los compañeros y compañeras agredidas, especialmente a los de mayor gravedad.

Las concentraciones darán comienzo a las 11 de la mañana del jueves y se llevarán a cabo en las puertas de los establecimientos penitenciarios. Denuncian el incremento de las agresiones en el último año y trasladan la necesidad de que se establezcan medidas de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y la salud de los empleados y empleadas públicas penitenciarios.

Apuntan la necesidad de abordar el problema grave de la enfermedad mental, dado el incremento de internos con patologías psiquiátricas en prisión, y reclaman de manera urgente la consideración de agentes de autoridad, así como dotarse de una formación específica y adecuada para afrontar estas situaciones.

Esta movilización, surge como preámbulo de las protestas que, los funcionarios de prisiones tienen previsto llevar a cabo a partir del 1 de septiembre.

Por último, denuncian que hay agresiones a diario y los políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado: es necesario que la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales, mejore la clasificación penitenciaria y genere programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles. Se tiene que frenar el actual abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales y el deterioro de un servicio público que alerta contra la paulatina y continua privatización de los servicios públicos penitenciarios.