viernes. 19.04.2024
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El pleno de Diputación pedirá al Gobierno el blindaje de las pensiones

El grupo socialista también lleva una moción exigiendo inversiones para las infraestructuras de la provincia y otra en apoyo a las Entidades Locales Autónomas
El pleno de Diputación pedirá al Gobierno el blindaje de las pensiones

El grupo socialista también lleva una moción exigiendo inversiones para las infraestructuras de la provincia y otra en apoyo a las Entidades Locales Autónomas

El grupo socialista en Diputación llevará al pleno del próximo miércoles una moción en apoyo a las reivindicaciones de los pensionistas españoles, que reclaman al Gobierno de España pensiones dignas. El vicepresidente de la institución provincial y portavoz del grupo socialista, José Fernández, ha recordado los antecedentes que han provocado que este colectivo haya salido a las calles a reivindicar "un derecho constitucional" y ha señalado que el planteamiento del Partido Popular es subir las pensiones en un 0,25 por ciento, sin contemplar ni siquiera la subida del IPC. A su juicio, el planteamiento de vincularlo a los Presupuestos Generales del Estado "constituye un chantaje a esta población, sobre todo si tenemos en cuenta el volumen de pensionistas que tenemos en España, que ronda los 9 millones; por lo que creemos que es una acción electoral del PP".

Y en segundo lugar ha señalado que el coste del planteamiento de la subida del IPC en torno al 1,6 que piden los socialistas supone alrededor de 1.600 millones de euros "y no entendemos que otro tipo de acciones que nada tienen que ver ni con derechos constitucionales ni con derechos de los ciudadanos, como es la recuperación de las autovías de peaje, han supuesto 2.000 millones de euros a las arcas de esta nación: no entendemos cómo hay dinero para recuperar una autopista y no lo hay para que a las pensiones se les suba al menos el IPC"

La moción insta al Gobierno de España "a blindar" las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, garantizándose el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social durante el año 2018. En este sentido Fernández subraya que "las pensiones son un derecho constitucional y no pueden estar al albur de situaciones coyunturales o estructurales, sino garantizadas de por vida".

Según el portavoz socialista, la situación del sistema de pensiones se ha visto agravada por la reforma laboral del Partido Popular -cuya derogación también se solicita en la moción- y se ve amenazado por un déficit que se reproduce de modo creciente año tras año y que ya alcanza más de 18.000 millones de euros, "y que además se están atendiendo con préstamos al Tesoro Público, con lo que se agrava más la situación".

La iniciativa exige al Gobierno de España a incrementar en un 1,6 por ciento la cuantía de todas las pensiones públicas y que se eliminen los gastos que nada tienen que ver con la Seguridad Social. En este sentido propone racionalizar los gastos de la Seguridad Social, traspasando a los Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que tienen carácter de gasto general y que no deberían ser satisfechas por la caja de las pensiones:  "gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, e inversiones de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, y otros gastos como las tarifas planas o las reducciones de cuotas para incentivar la creación de empleo, cuestiones que nada tienen que ver con la Seguridad Social"

En una segunda moción, el Psoe solicita la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado partidas económicas para acometer las infraestructuras de comunicaciones de la provincia de Huelva pendientes de inversiones y que dependen del Gobierno central, en concreto las dos infraestructuras viarias más relevantes para la vertebración norte-sur y este-oeste de nuestra provincia, como son el desdoble de la carretera N-435, futura A-83, la N-433 y la línea ferroviaria Huelva-Zafra, a las que los PGE hacen "oídos sordos reiteradamente".

El portavoz ha denunciado el estado en el que se encuentran estas infraestructuras, "en el caso de la 433 con tramos intransitables, con lo que se llega a poner en riesgo la seguridad vial". Según apunta, el proyecto del coste para acondicionar esta carretera es el 12,3 millones de euros "mientras que el presupuesto que el Gobierno destina a carreteras no llega a 9 millones de euros."

La iniciativa también exige una partida económica suficiente para impulsar de manera efectiva, y en el menor espacio de tiempo técnicamente posible, la ejecución de los proyectos pendientes para completar la modernización y mejora de la línea ferroviaria Huelva-Zafra (tramos Jabugo Calañas y Calañas-Huelva), "eje fundamental para el desarrollo de esta provincia, como ya ha reiterado el Puerto de Huelva,  tanto para tráfico de mercancías con la vecina Extremadura como para la industria minera de la provincia".

Apoyo a las Entidades Locales Autónomas

La tercera moción que el grupo socialista lleva el miércoles al Pleno es en apoyo a las Entidades Locales Autónomas (ELAs) y "su lucha histórica y continuada" por la segregación de los ayuntamientos de los que dependen. En la provincia de Huelva son tres las ELAS existentes -La Zarza-Perrunal, Tharsis y La Redondela- que aspiran a de poder ejercer las capacidades que la ley les confiere sin irregularidades que lo impidan.

Fernández ha recordado que ya en el año 1993 la Comunidad Autónoma impulsó una Ley  para ir descentralizando y mejorando la gestión de estas entidades y que en el año 2000 se dio un paso más, apunando al inicio de la segregación con la LAULA. Con el cambio de Gobierno "en 2012 el Partido Popular hizo un primer intento paralizar el proceso y en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, machacó esta lucha histórica de las ELAs, cuyo sentido no es otro que ser autónomas y no dependientes de sus municipios matrices"

La propuesta socialista muestra su apoyo a las Entidades Locales Autonómas, "que en el caso de las de la provincia de Huelva tenían muy avanzado el proceso de segregación, pero a raíz de esta normativa de 2013 no se les permite administrativa ni legalmente continuar el proceso, impidiendo conseguir una reivindicación que aspira a darle autonomía y darle la gestión de todos los recursos cuando se conviertan en municipio".