jueves. 25.04.2024
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Solicitan a la Junta la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre fusiladas en 1937

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A ha solicitado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre que fueron fusiladas y enterradas en Higuera de la Sierra.
Solicitan a la Junta la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre fusiladas en 1937

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A (RMHSA)  ha solicitado a la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, la intervención en la fosa de las mujeres de Zufre que fueron fusiladas y enterradas en la vecina localidad de Higuera de la Sierra. El Grupo de Trabajo realiza la petición en base al artículo 9.1b de la Ley.2/2017 de 28 de marzo.

La solicitud ha sido registrada esta misma mañana en Sevilla y en ella el Grupo de Trabajo asegura que “el proceso de intervención debería pasar por la investigación, localización, exhumación e identificación de los restos de las mujeres (entre 12 y 26, según la fuente) vecinas de la localidad onubense de Zufre que el día 4 de noviembre de 1937 fueron fusiladas, sin juicio previo como algunos afirmaban, ante el muro del viejo cementerio (aún se pueden ver los impactos de bala en la reja) de la vecina Higuera de la Sierra”. El modus operandi de los fascistas siguió, una vez más, unas prácticas muy desarrolladas por los militares golpistas de asesinar y enterrar en localidades distintas de donde eran vecinas las víctimas a fin de confundir a las familias.

Según la información facilitada por el Grupo de Trabajo RMHSA-CGT-A, “las mujeres, de las que ahora reivindicamos sus restos, tenían unas edades comprendidas entre los 39 y 62 años y respondían a los nombres de Ana, Dominica, Rosario, Gregoria, Dolores, María Manuela, Avelina, Dulcenombre, Antonia, Josefa, Sebastiana, Rosalia, Faustina, Rosario, Carlota, Remedios, Mariana, Amadora, Encarnación, Bernabela, Elena, Amadora, Alejandra, Teodora y Modesta”.

“Sabemos que con anterioridad algunos responsables políticos de Zufre han manifestado sus deseos de intervenir en este asunto concreto de la fosa de Higuera de la Sierra pero no tenemos constancia de que dichos deseos fueron llevados a la práctica. Sin embargo sí se actuó quitándole título de alcalde honorario a Franco en 2009”, recuerda la iniciativa.

El Grupo de Trabajo añade que “es nuestra intención con esta solicitud que, entre otras cosas, desaparezca rápidamente del mapa de fosas de Andalucía la frase 'No constan actuaciones sobre la fosa”.

Con esta petición, “entendemos que debidamente razonada y argumentada, esperamos que a la mayor brevedad posible se nos comunique a los solicitantes la fecha en la que podría tomarse la decisión de actuar, en línea con lo solicitado, el Comité Técnico correspondiente así como el tiempo que necesitaría esa Dirección General de Memoria Democrática para determinar el equipo técnico y la fecha de inicio de la investigación documental y la realización de las catas de localización de los restos”.

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía ha anunciado que  remitiremos o entregaremos personalmente en los ayuntamientos afectados (Zufre e Higuera de la Sierra) una copia de esta solicitud, para su conocimiento.

En el texto de la solicitud, el Grupo de Trabajo que coordina Cecilio Gordillo explica que “Andalucía occidental fue uno de los pocos territorios del Estado español donde se ha podido comprobar la existencia de enterramientos ilegales (fosas comunes) sola y exclusivamente de mujeres; madres, hijas, hermanas, compañeras de… como consecuencia de la represión llevada a cabo tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936”. A juicio de los investigadores que conforman el Grupo de Trabajo, “estas actuaciones no las pueden achacar ni siquiera a la tensión de esos primeros momentos, ya que la mayoría de estos asesinatos fueron cometidos en 1937 y responderían a una cruel represalia al no ofrecerse información sobre los huidos -4 de los 5 casos estudiados ocurren un año después del golpe y con los ‘frentes de guerra’ más cercanos a cientos de kilómetros-”.

Asimismo, el Grupo de Trabajo de CGT-A recalca que “en la mayoría de los casos la información sobre dichas fosas ha tenido como origen los testimonios directos o la memoria heredada de nuestros mayores (historias de vida) y en muy pocos casos, o ninguno, de investigaciones llevadas a cabo por instituciones. Sin embargo esa actitud, claramente negligente, sufrió un importante cambio tras la publicación de la Ley 52/2007 pues las tareas de investigar, documentar, localizar e incluso exhumar, como se pudo comprobar en Grazalema en 2008, se realizó de oficio por parte del Ayuntamiento y la Diputación Provincial y tras la localización (con la colaboración de este Grupo de Trabajo) se procedió a la exhumación de los restos de 15 mujeres y 1 joven”. (Teresa Castro Ramírez, Salud Alberto Barea, Catalina Alcaraz Godoy, Isabel Atienza Gómez, Josefa de Jesús Gómez, Isabel Barea Rincón, María Barea Rincón, Ana Fernández Ramírez, Cristina Carrillo Torres, Lolita Gómez, María Josefa Nogales, Teresa Menacho, Antonia Pérez Vega, María Isabel Román Montes, Natividad Vilches y el pequeño Francisco Peña García, conocido como ‘el Bizarrito’). Paralelamente a la intervención comenzaron los trabajos de búsqueda de familiares de las víctimas.

Tras muchos años se descartó la fecha de 1936 y se ha fechado 1937 como el año de los asesinatos. Tras la exhumación se procedió al imprescindible homenaje y reconocimiento y finalmente al enterramiento de los restos y la señalización del lugar (Cementerio de Grazalema) y el espacio que ocupó la fosa fue catalogado como Lugar de la Memoria, posteriormente la Ley andaluza 2/2017 recogió en su articulado importantes lecciones de este caso concreto.

En la documentación aportada por el Grupo de Trabajo se apunta que “algo similar ocurrió con las 17 mujeres vecinas de la localidad sevillana de Guillena que, tras ser víctimas de vejaciones y humilladas a través del rapado y el aceite ricino, fueron llevadas a la vecina localidad de Gerena donde fueron fusiladas y tiradas a una fosa en noviembre de 1937 por aplicación del Bando de Guerra en unos momentos donde lo habitual era la ejecución por sentencia de Consejo de Guerra. El motivo de su muerte fue, una vez más, la no colaboración con los golpistas para localizar a sus compañeros, padres, hermanos o hijos huidos de la zona. La localización y exhumación de dicho enterramiento no fue nada fácil y fue posible (al segundo intento) por el testimonio, del entonces niño, que observó directamente la matanza.

Tras su exhumación, los restos de estas 17 mujeres (Eulogia Alanís García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Granada Garzón de la Hera, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liánez González, Trinidad López Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacios García, Josefa Peinado López, Tomasa Peinado López, Ramona Puntas Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo), fueron trasladados a su localidad de origen y enterradas con una presencia multitudinaria, en un lugar destacado del cementerio de Guillena.

El caso de Puebla de Guzmán

Otro de los casos que se apuntan corresponde a una tercera intervención, en octubre de 2014, en la localidad andevaleña onubense de Puebla de Guzmán. Y una vez más gracias al testimonio verbal y escrito de Pedro ‘El Sastre’ hijo de una de las 15 mujeres asesinadas, que fue recogido en el libro Perseguidos de Rafael Moreno y editado por RMHSA de CGT.A.

La intervención estuvo llena de dificultades y el equipo técnico (arqueólogas y antropólogo forense) creen que la zona en la que se ubicó la fosa fue "removida, vaciada y rellena con una capa de piedra de pizarra triturada", tal vez durante las obras de 1973 y 1974, sin llegarse a saber hasta qué punto pudieron afectar a los restos de represaliados de la Guerra Civil". "Nosotros pensamos que los movimientos de principios de los 70, antes de la Transición, arrasaron con las fosas. No tenemos ni idea de qué pasó con esos restos. Hay constancia de la obra que se hizo, pero no de remodelaciones de tierra ni de lo que se hizo con los restos que pudieron encontrar", explicó, en su momento, la arqueóloga responsable de la búsqueda.

En este caso, al igual que en otros similares, desde RMHSA subrayan  que no se puede “pasar alegremente, sino que el Ayuntamiento, como propietario del lugar donde estuvo la fosa, debería llevar a cabo una investigación en profundidad y señalar a los responsables no solo de la intervención que destruyó las pruebas (restos óseos) de los asesinatos sino que también los hicieron desaparecer. Esta actitud negligente, mantenida durante años, se está repitiendo en demasiadas ocasiones en los últimos años, según datos de la Junta de Andalucía, sin que se tomen medidas al respecto”.

Por último en septiembre de 2017 se asignaron los trabajos de búsqueda de los restos de María Caro Caro, Mª Jesús Caro González, Coral García Lora, Dolores García Lora, Josefa García Lora, Josefa González Miranda, Mª Lourdes León Becerril, Joaquina Lora Muñoz y Manuela Muñoz Ayora, vecinas de la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía que fueron vejadas y brutalmente asesinadas a manos de una escuadra de falangistas el 17 de agosto de 1936.

Una vez más la transmisión oral y los trabajos de investigación, en este caso llevados a cabo por José Moreno, Fuentes de Andalucía. Crónicas del siglo XX, y Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963) y José María García Márquez, escritor e investigador han descrito pormenorizadamente como se desarrolló la represión en un pueblo de la campiña sevillana donde no existió ningún tipo de violencia, contra personas de derechas o edificios religiosos, que eran los argumentos fundamentales en los que basaban para llevar a cabo sus matanzas posteriores a la toma de los pueblos por las columnas golpistas.

El complicado proceso de búsqueda se desarrolló en el entorno del Pozo del Aguaucho, situado en la vecina localidad de La Campana, que todos señalaban como la tumba de las mujeres. Tras tres semanas de trabajos, los resultados fueron negativos. Los técnicos señalaban en el informe que “No se ha llegado a localizar los restos de las mujeres que según la memoria colectiva, habían sido arrojadas al pozo de agua existente en el interior del cortijo, en su patio central”. La profundidad alcanzada en la intervención de la búsqueda fue de 8,30 metros (fondo del pozo), la mayor que se ha efectuado hasta este momento, al menos en Andalucía.