La lucha de una familia de Huelva por recuperar a un anciano llega hasta el Defensor del Pueblo
La lucha de Teresa, Julia y Laura por recuperar a su padre y abuelo respectivamente no tiene límites. Durante la odisea que han vivido en los últimos años han trasteado organismos de servicios sociales, juzgados, teléfono de denuncias contra el maltrato al mayor, han combatido contra las decisiones de la Fundación Onubense de Tutela y han vivido un particular calvario, todo ello "por el bienestar" de Manuel, enfermo de Alzheimer y con movilidad reducida por la utilización de un miembro ortopédico al tener su pierna izquierda amputada. En su opinión, no se le está dando al anciano de 87 años los cuidados que necesita y por ello, hartas de un larguísimo proceso, han terminado por acudir al Defensor del Pueblo Andaluz.
Todo comenzó en 2014. Manuel vivía con su esposa y con su hijo en el domicilio familiar pero bajo una circunstancia que desencadenó todo el problema, el hijo de este matrimonio de ancianos había sufrido problemas de toxicomanía y tenía "desatendido" a sus padres además de estar causando "el distanciamiento del resto de la familia con su actitud, hasta el punto de prohibirles el acceso al domicilio familiar a sus dos hermanas y haciendo una mala gestión del patrimonio de sus propios padres".
Ante esta circunstancia y la imposibilidad de las hijas de poder ver y atender a su padre, estas se dirigen a los Servicios Sociales de Huelva para denunciar la situación y aquí le informan de que lo único que pueden hacer es solicitar su incapacitación y tutela. Este hecho culmina un año mas tarde con la determinación de la jueza de incapacitar a Manuel y otorgar la tutela del mismo a la Fundación Onubense de Tutela (FOT), organismo que ninguna de las dos partes había pedido que fuera designado como tal. La sentencia, de 1 de octubre de 2015, dictaminada por Primera Instancia 7, no ha hecho, hasta el momento, más que embrollar aún más la madeja de este complejo caso.
Manuel continuaría viviendo en su domicilio familiar con su esposa y con su hijo que seguía "en la misma actitud de no permitir la entrada de sus hijas al domicilio de su padre" hasta que en junio de 2016 toma posesión de la tutela la Fundación Onubense de Tutela con la que sus hijas toman contacto inmediatamente para poder ver a su padre ya que aun no han podido hacerlo.
Después de "muchas trabas por parte de su hermano", consiguen verlo en el mes de julio y detectan el deterioro físico que acusa por lo que solicitan a la fundación la contratación de una cuidadora profesional que acuda diariamente al domicilio familiar para atender las necesidades básicas de Manuel y así garantizar su bienestar personal y la convivencia al lado de su esposa, a lo que su hijo se niega.
Sus hijas insisten a la fundación que su padre no está recibiendo los cuidados básicos necesarios y que la cuidadora es imprescindible, ante la negativa constante de su hijo y entendiendo que Manuel no está bien atendido ni por este ni por su esposa (sus propios problemas de salud y avanzada edad se lo impiden), la propia fundación solicita una plaza en una Unidad de Estancia Diurna en el mes de diciembre de 2016 a la que sus hijas acudían con regularidad a visitarlo pero esto no funcionó ya que Manuel unos días mas tarde dejó de acudir a la misma.
Su hijas ponen en conocimiento de la fundación que su padre lleva dos días sin acudir a dicha unidad y solicitan que pase por el domicilio de éste para comprobar su estado. Ante una respuesta poco convincente de la Fundación, piden a su nieta Laura que vaya ese mismo día a casa de sus abuelos a ver que estaba pasando, lo que allí se encontró fue "extremadamente alarmante".
Relata la nieta Laura, que cuando entró en la casa, en el mes de enero de 2017 "me encontré a mi abuelo en calzoncillos y con una camiseta interior en manga sisa, completamente desorientado, queriéndose levantar descalzo y sin tener a mano la pierna ortopédica que debe usar para no caerse al ponerse de pie y en un estado pésimo de higiene. Me dijo que le abriera la persiana, pero ésta no se podía abrir porque le rompieron a posta la cuerda para que no la levantara, todo ello a las cinco y media de la tarde y sin almorzar".
Tras este incidente su hija Teresa intenta repetidamente comunicarlo al teléfono de urgencias de la fundación sin éxito. Ante la urgencia de la situación y después de denunciar la misma al teléfono habilitado contra el maltrato al mayor de la Junta de Andalucía, su nieta acuerda con su abuela y su tío el traslado al domicilio de su hija Teresa, que consigue ponerlo en conocimiento de la fundación al día siguiente y acuerda con esta que Manuel permanecerá en este nuevo domicilio. Para ello contratan la ayuda de una cuidadora profesional con una jornada de 40 horas semanales, ocho horas diarias lunes a viernes. Esta profesional se pagará de los ingresos del propio Manuel tutelados por la fundación.
Durante las primeras semanas todo transcurriría con normalidad y Manuel fue recuperándose poco a poco con los cuidados proporcionados por su hija y su cuidadora hasta el punto de considerar que su estado tanto de movilidad como cognitivo se podía mejorar aun más con el alquiler de una casa de planta baja que le facilitara cosas como el salir a pasear, tomar el sol, acudir a sus visitas familiares, médicas etc. Ya que el piso de su hija Teresa es un segundo sin ascensor y tener que bajar y subir escaleras era un gran esfuerzo para Manuel, lo que hacía imposible realizar estas actividades con frecuencia.
La Fundación Onubense de Tutela hace caso omiso a la petición de sus hijas mostrando "una despreocupación total y absoluta del bienestar de su tutelado tanto personal, como patrimonial y ocupándose únicamente de dificultar los cuidados que sus hijas día a día proporcionan a Manuel".
Según denuncian, desde la Fundación llegaron a utilizar como "amenaza" que si seguían reclamando los derechos que ellas consideran justos para el bienestar de su padre, lo ingresarían en una residencia.
Una baja laboral, el desencadenante
Después de un año viviendo con Teresa, una baja laboral de la primera cuidadora contratada fue el detonante para que la fundación "cumpliera su amenaza", sin tener en cuenta que Manuel "no es una persona desamparada, que tiene su familia y que su hija está dispuesta a cuidar a su padre con la ayuda de su familia y de una cuidadora, por tener obligaciones laborales que cumplir".
La Fundación Onubense de Tutela alega en este punto que no tiene tiempo de buscar una cuidadora para cubrir dicha baja y son las hijas de Manuel las que encuentran una persona para hacerlo. Después de un mes y medio cuidando de Manuel y desenvolviendo su trabajo "a la perfección", se incorpora su cuidadora habitual que vuelve a causar baja a la semana siguiente, la familia lo comunica a la Fundación y confiaba en que fuera la mujer que cubrió la baja anterior y en la que tenían "plena confianza por su excelente labor" la que la llevara a cabo pero la Fundación se niega y dice que están buscando otra persona.
"Una vez más la Fundación actúa sin tener en cuenta que la casa donde vive Manuel es propiedad y domicilio habitual de su hija Teresa, que esta trabaja y que la cuidadora tiene que permanecer bastantes horas sola en su domicilio y que su otra hija y su nieta también trabajan, por lo que Manuel necesita los servicios de la cuidadora lo antes posible". Según relata Teresa en declaraciones a diariodehuelva.es, el único motivo para no aceptar a esta cuidadora a la que "solo habían visto durante cinco minutos y a la que no habían visto desenvolverse en el trabajo, es el del enfrentamiento personal a la familia por reclamar a la Fundación en el cumplimiento de sus obligaciones que queda evidenciado a día de hoy no están cumpliendo. De otro modo, no entiendo lo sucedido".
Cansada de lo que asegura es un "acoso psicológico, presiones, mentiras y el uso y abuso de poder ejercido por la Fundación" hacia Teresa sin tener en cuenta el bienestar de su tutelado, esta se negó a admitir a la nueva cuidadora elegida por la fundación de manera unilateral en su casa y dada las circunstancias la FOT terminó por internar a Manuel en una residencia de ancianos en Tharsis, decisión con lo que ni sus hijas ni su nieta estaban de acuerdo.
Guardia civil para evitar la visita de sus seres queridos
El nuevo capítulo de esta historia tiene lugar en Tharsis, en la residencia Monte Jara de la empresa SAR Quavitae. El internamiento de Manuel tiene lugar un 22 de diciembre de 2017, Laura y Teresa, pese a la distancia, acuden a visitarlo a diario. Allí, las condiciones en las que se encuentra Manuel no serán tampoco las más adecuadas, lo que provoca un nuevo conflicto, una carta de reclamación a la dirección de la residencia volverá a tener nuevas consecuencias.
En la queja formal, firmada por su nieta Laura Feria el pasado 24 de diciembre, esta denuncia varias prácticas que considera inadecuadas como que contaba con poca ropa de abrigo o la dificultad para alcanzar su pierna ortopédica entre otras irregularidades. En la queja también señala que "las auxiliares entiendo hacen lo que pueden pero están desbordadas" y en la misma ruega sean consideradas "todas estas cosas por su bienestar y para favorecer el proceso de adaptación lo máximo posible".
La respuesta de la residencia Monte Jara a esta queja formal no fue la que esperaban sus familiares ya que contactaron con los tutores legales del anciano. La FOT envió un escrito en el que hablaba de "insultos, amenazas y acoso" hacia el personal de la residencia (circunstancias que no se refleja en la queja por escrito) por lo que decide limitar el horario de visitas a esta familia. Solo podrán hacerlo durante su horario laboral y dos días a la semana entre las 10.00 y las 13.00 horas, nunca en festivos o fines de semana. Para poder acceder a su familiar, además, deberán comunicarlo con antelación a la residencia.
Esta nueva incidencia llevará a Teresa a Tharsis para pedir explicaciones, ello en el nuevo horario estipulado aunque sin pedir previamente el permiso que también se contemplaba. Tras una tensa charla con la directora de la residencia y una visita fugaz a su padre, Teresa incluso tuvo que vérselas con la guardia civil en el aparcamiento de la residencia quienes le entregaron una copia de la restricción de visitas ordenada por la Fundación Onubense de Tutela.
Del mismo modo, la residencia Monte Jara emitió un dictamen por el que se declaraba 'No Apto' a Manuel para la residencia. En el email que la FOT envió a Teresa Acosta se señala: "Nos ponemos en contacto con usted para informarles de que hemos recibido comunicación del Centro Residencial para Mayores Monte Jara, en la que debido a sus continuas exigencias, reclamaciones y críticas por parte de usted y su hija Laura a los distintos profesionales del centro, han declarado NO APTO a nuestro tutelado, obligándonos tal hecho a buscar nueva residencia y realizar nuevo traslado, con el consecuente perjuicio que ello conlleva".
La FOT también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía provincial de Huelva este presunto acoso con fecha de 27 de diciembre, de la situación ya tenía conocimiento previa la fiscalía con una denuncia en el sentido contrario hecha por Teresa a la FOT por la falta de cuidadora de su padre que se interpuso el 13 de diciembre.
En la actualidad, Manuel ha sido trasladado a una nueva residencia, esta vez en Bellavista (Aljaraque) donde está mejor atendido "aunque nunca podría estar igual que en nuestra casa" asevera Teresa.
Peticiones de la familia
Las protagonistas de esta rocambolesca historia desearían recuperar el cuidado de su padre y abuelo. Pero la primera decisión judicial y muchos de los posteriores acontecimiento complican la vía judicial como una posible opción. Desde la familia quieren que Manuel vuelva a su domicilio o que se alquile una casa de planta baja a la que su hija se trasladaría para cubrir sus necesidades en horario no laboral y los fines de semana, una opción que, de momento, la FOT no ha querido contemplar.
No obstante, según Teresa, Julia y Laura, que están asesoradas legalmente, aseguran que en la Ley de Dependencia prevalece que el mayor permanezca en el entorno familiar si hay disposición por parte de sus familiares por lo que entiende que en este caso la decisión de la FOT "está vulnerando la legislación" y acusa a la Fundación Onubense de Tutela de "no ejercer adecuadamente la tutela" de Manuel Acosta ni en el plano personal ni en el patrimonial.
Teresa recuerda que, desde el mes de junio de 2016 que la Fundación tomó la tutela de su padre, debería haberse realizado un inventario patrimonial de los bienes del tutelado, para lo que la Ley establece un periodo de 60 días, además del resumen anual de cuentas que "a día de hoy todavía no se ha realizado por parte de la Fundación".
