El Supremo obliga al Ayuntamiento de Valverde a readmitir a trabajadores de Giahsa
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso interpuesto por la empresa Giahsa, de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), y ha instado al Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) y a la empresa encargada del servicio de basuras a readmitir a trabajadores de la citada empresa, tres en concreto, al declarar improcedentes sus despidos cuando el municipio decidió abandonar la citada mancomunidad.
La sentencia del Alto Tribunal confirma la que dictó el Juzgado de lo Social número 3 de Huelva, que condenó al Ayuntamiento y a la nueva empresa a readmitir a estos trabajadores en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido o a una indemnización de 29.378,70 euros.
En enero de 2012 el Ayuntamiento de Valverde salió de la MAS, concediendo estos servicios a una empresa privada y el Supremo basa su sentencia en el artículo 50 del Convenio aplicable en el que se dispone que "en el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas o entidades públicas se fragmenten o dividan en distintas partes, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que hubieran realizado su trabajo en la empresa saliente en las concretas partes con un período mínimo
de los cuatro últimos meses".
Al respecto de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, ha señalado que, "desgraciadamente estos procesos judiciales se dilatan en el tiempo mucho más de lo que todos desearíamos, ocasionando mucho dolor e inquietud en muchas familias".
No obstante, se ha mostrado "muy satisfecho" de que Tribunal Supremo "haya por fin ratificado la tesis que hemos defendido desde el primer día, y que se resume en que cuando un Ayuntamiento decide abandonar el servicio mancomunado, debe subrogar a aquellos trabajadores que les corresponden, porque forman parte del servicio".
"Lo hemos dicho muchas veces: esta mancomunidad es una asociación voluntaria, en la que cada Ayuntamiento decide si quiere estar o salirse, pero siempre desde el respecto a las normas que todos aprobamos y que establecen los derechos y las obligaciones que se establecen", ha manifestado Domínguez.
Por ello, espera que el resto de los procesos judiciales que aún permanecen abiertos "siga este mismo camino y consigamos resarcir a los trabajadores, a los ciudadanos y al resto de los ayuntamientos de los daños que ocasionaron estos procesos unilaterales".
