Pre-adjudicatarios del Casa por Casa okupan sus viviendas tras sufrir "amenazas"

Son casos desesperados, sacudidos por enfermedades degenerativas, la muerte de familiares, la violencia de género... familias que en su día habían depositado su esperanza en una de las 100 viviendas del Casa por Casa, pero cuyos casos quedaron en 'stand by' por diversos defectos de forma. Papeleo administrativo que los dejó en la estacada.

Mientras 92 vecinos entraban a primeros de julio en sus nuevas viviendas, ocho viviendas se quedaron fuera a la espera de solventar diversos requisitos por sus circunstancias especiales. Cuatro de estos vecinos, pre-adjudicatarios de las viviendas en cuestión, no han querido esperar más, sobre todo porque dicen que han sufrido "amenazas" desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) donde les aseguraban que adjudicarían las casas a otras personas si no encontraban una solución a su papeleo en menos de una semana.

Una de las vecinas ya probó hace mes y medio a desafiar a la Junta de Andalucía y okupar la que considera que es su casa, la que viene en los papeles a su nombre, los otros tres lo hicieron el pasado viernes 15 de septiembre. No necesitaron forzar las cerraduras pese a que las viviendas tienen puertas anti-okupas, "una persona anónima" y a la que no van a delatar les abrió las casas y les dio un juego de llaves al conocer su situación. Hoy día están dispuestos a aguantar hasta el final.

Rosario Ortiz es una de las okupas en su propia casa. La vivienda se la adjudicaron a su madre, Tomasa González en 1997, en el reparto viene perfectamente especificado que esta vivienda en la Calle Ansares número 3 de la promoción pública, pertenece a Tomasa, no habría habido ningún problema si Tomasa no hubiera fallecido el pasado 6 de febrero de 2016 esperando su vivienda.

Pese a todo, su hija, Rosario Ortiz, parecía tenerlo todo atado. En el documento de la herencia que dejó Tomasa a sus herederos deja claro que su casa de Marismas del Odiel, y en su caso la permuta de la Junta de Andalucía, quedaría en manos de su hija Rosario. También firmó otro documento de cesión de la vivienda previamente a su muerte, papeles que a día de hoy, para AVRA, no valen nada.

En el caso de Rosario la situación se agrava aún más porque su marido parece una enfermedad rara degenerativa, la Enfermedad de Huntington, es totalmente dependiente de su mujer pero desde AVRA esta situación lo que hace es zancadillear el acceso a la vivienda "me piden facturas de los gastos médicos de mi marido, cuando en realidad todo su atención la realizo por la seguridad Social, lo único que toma son unas pastillas que valen 100 euros al mes".

El viernes, Rosario y su marido entraron en su nuevo hogar. El antiguo, en Marismas del Odiel, se encuentra ahora mismo aislado, ya que los trabajos de demolición de las antiguas viviendas ya han comenzado y han tirado las dos casas que tenían al lado, asegura que en su hogar construido sobre la marisma "me han entrado dos veces en casa y me han querido agredir" aquello, tras la demolición, además de ser una casa desvencijada y agrietada, ya no es segura.

En una situación muy similar se encuentra Ana, que okupó su vivienda de la calle Cormoranes adjudicada a uno de sus progenitores, hoy por hoy la situación no se ha enmendado, pero desde el pasado viernes tomó la determinación de vivir en su nueva casa. En su caso, denuncian los vecinos, AVRA ni si quiera ha querido coger la documentación relativa a la herencia donde se especifica que esa casa le pertenece legítimamente.

R.B. tiene otra situación diferente, su problemática es un divorcio jalonado de denuncias por violencia doméstica, amenazas y una esclerosis múltiple que ahora mismo le obliga a llevar muleta. En su caso, una demanda de su ex marido sobre el inventario de la vivienda (muebles y enseres) es lo que ha hecho que aún no haya podido disfrutar de manera legal de la casa que tenía adjudicada previamente. Un juez ya le otorgó el derecho de uso y disfrute a su vivienda sobre la marisma tras el divorcio, por lógica, entiende la afectada, "también tendría que tener el uso y disfrute sobre esta" pero la lógica no siempre funciona.

El juicio que determinará con su ex-marido quién puede vivir en este hogar se celebrará en apenas 10 días, pero ante la "amenaza de AVRA" de otorgar la vivienda a otra persona ha decidido okupar su vivienda junto con sus dos hijos. La afectada, que vive con una pensión no contributiva acusa a la Junta de "ayudar al maltratador" y dejarlos a ellos en la estacada. "Él solo quiere vernos a mi y a mis hijos viviendo en la calle", afirma.

Otro caso de maltrato es el de A.B. también con denuncias de divorcio de por medio y con la violencia de género entre los papeles que maneja el juez. En su caso, desde la Junta de Andalucía le piden la renuncia expresa de su marido a la nueva vivienda de Santa Lucía en tanto se resuelve la vía judicial, pero la situación está enrarecida y su ex pareja se niega a ello. Ella y el bebé que espera en su vientre quieren comenzar una vida nueva en las viviendas de Santa Lucía, entre los vecinos que ya la han acogido con una sonrisa, solo el tiempo determinará hacia donde viran estos casos administrativamente.

La Junta de Andalucía se muestra colaborativa

Desde la Junta de Andalucía conocen la situación y los problemas, según fuentes de la administración autonímica, "Tal y como ha hecho desde el principio, la Junta de Andalucía seguirá trabajando con los vecinos para que puedan acceder de forma legal y con todas las garantías a la vivienda que han solicitado del programa 'Casa por casa'.

Desde la Junta "lamentamos que tres vecinos hayan tomado esta determinación de ocupar la vivienda ya que sigue trabajando con ellos para solucionar estos casos especiales, al igual que ya ha hecho con 92 vecinos de Marismas del Odiel".

En cuanto a las "amenazas de denuncia" ante los juzgados por la ocupación que los vecinos aseguran haber recibido, desde la administración autonómica aseveran que "la Junta está obligada a comunicar al juzgado cualquier ocupación de vivienda pública" lo que no significa que la situación tenga que terminar en un desahucio obligatoriamente.