Participa Huelva retará al Ayuntamiento a cobrar el IBI a la Iglesia
El concejal de Participa Huelva en el Ayuntamiento de la capital onubense, Jesús Amador, presentará una moción en el próximo Pleno del Consistorio en la que reclamará información sobre bienes inmatriculados de la Iglesia en Huelva para así “saber cuales se destinan al culto y aplicar la sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, donde se establece que las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España "pueden constituir ayudas estatales prohibidas" si se otorgan para edificio relacionados con actividades económicas como la enseñanza no subvencionada u otros supuestos económicos.
Amador declara que “desde Participa Huelva entendemos que carece de toda lógica que estén inmatriculandos espacios que, evidentemente, no son de culto", así como que "el Obispado de Huelva no pague el impuesto de transmisiones”, por lo que ha recalcando la necesidad de poner “luz y taquígrafo” sobre este asunto al tener en cuenta que "en nuestro país las inmatriculaciones llevadas a cabo por esta entidad son numerosas y de gran valor".
El edil recuerda que "a partir del año 2003 la Iglesia Católica registró a su nombre 45.000 propiedades, según diferentes noticias aparecidas en la prensa", y que "el caso más sonado fue, sin duda, el de la Mezquita de Córdoba". Frente a ello, "con esta moción se quiere determinar la existencia, así como la cantidad, de la deuda contraída por la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas en concepto de IBI por aquellos bienes inmuebles en los que se lleven a cabo actividades comerciales" para, "en caso de que esta existiese, reclamarles la cantidad determinada".
Por otro lado, Participa Huelva, solicitará adaptar los protocolos de emergencias para evacuación de la ciudadanía y a las diferentes capacidades de la misma informando mediante campañas comunicativas. A su vez se solicitará el compromiso por parte de Ayuntamiento, en coordinación con protección civil, de la realización de simulacros y “el compromiso de estudiar con las empresas del polo químico la posibilidad de simulacros conjuntos con las fuerzas de seguridad”.
