jueves. 28.03.2024
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Empresas "revientan" el sector de la seguridad en Huelva a base de "precarización"

Algunas concesiones públicas están siendo otorgadas a empresas que incumplen reiteramente los acuerdos colectivos y despiden trabajadores según denuncian de UGT
Empresas "revientan" el sector de la seguridad en Huelva a base de "precarización"

La precarización en el sector de la seguridad privada se ha instalado en la provincia con la connivencia de las administraciones públicas. Empresas como RMD, Sinergias o Seguridad Integral Canaria han comenzado a ganar concursos públicos para las administraciones a base de bajar los precios, pero también de "reventar el sector" y forzar al mínimo las condiciones laborales de los trabajadores.

Es la denuncia que ha efectuado a Diario de Huelva el secretario provincial de FeSMC de Huelva, Fernando Parrillo, en un conflicto que se ha recrudecido en los últimos meses y que ha llevado a estas empresas a incumplir normativas laborales en varios ámbitos sin que la Junta de Andalucía haya dado hasta el momento respuesta legal a los mismos. "Están ganando concursos públicos a base de romper el mercado y las condiciones laborales" avisa Parrillo, quién ha vivido de cerca como estas condiciones ha llevado incluso al despido de trabajadores.

La última de estas 'triquiñuelas' laborales se ha dado en la concesión otorgada a la empresa RMD para los juzgados de Ayamonte, donde sin más la empresa decidió despedir a dos de los trabajadores a los que la empresa, por ley, debería haber subrogado sus contratos.

"La empresa tiene la obligación de contratar a estos dos trabajadores según se marca en el Convenio Nacional del sector, el único requisito es que tengan más de siete meses de contrato anterior y estos dos trabajadores llevaban años en los juzgados ayamontinos" señala Parrillo, quién cita el artículo 14 del convenio.

Según denuncian desde UGT, los nuevos trabajadores que contratan desde RMD están cobrando unos 200 euros menos que los anteriores, algo que ocurre según el acuerdo colectivo en el que se basa la empresa pero que, "ni tan siquiera está certificado y aprobado por la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, es decir, se están aplicando unas tarifas que son inferiores a las del Convenio Nacional de la Seguridad, aplicando un convenio no legalizado por la administración competente, "la misma que está mirando para otro lado".

Y es que, según denuncian desde UGT la propia Junta está incumpliendo las clausulas sociales que se firmaron entre sindicatos en octubre y noviembre de 2016 y por las cuales "no se deberían permitir actitudes como esta en la contratación pública" ha afirmado.

De estos acontecimientos se ha informado puntualmente a la Junta de Andalucía, de hecho, a la administración autonómica se le ha pedido información sobre el cumplimiento de las clausulas del concurso público, a lo que de momento "ni tan si quiera han contestado", afirma Parrillo.

Desde UGT han informado de que, además de los juzgados de Ayamonte, la empresa RMD también tiene adjudicados la seguridad en los Puertos Deportivos de Andalucía, y la seguridad en Hacienda en la provincia de Huelva.

Del mismo modo, empresas con prácticas similares como son Sinergias y Seguridad Integral Canaria, "que no cumple con las inspecciones requeridas en estos tipos de trabajo" tienen adjudicadas la seguridad en el INTA y El Picacho.