Doñana en el punto de mira
Mucho se está hablando de Doñana últimamente y no sin razón. La planificación de un almacenamiento de gas inyectado bajo tierra suena cuando menos preocupante. La cuestión es saber si esa preocupación es o no fundada y, si lo es, en qué términos.
La empresa que goza de la explotación, Gas Natural Fenosa, insiste en la absoluta seguridad e higiene medioambiental del proyecto, así como los beneficios de unos 100 puestos de trabajo y aproximadamente 2 millones de euros al año en maquinaria y repuestos que reverterían en la zona. Desde los distintos partidos políticos se pasan la patata caliente con todo tipo de acusaciones mutuas y de medallas autoimpuestas. Lo cierto es que todo comienza por una movilización ciudadana a través de organizaciones conservaduristas y ecologistas como Ecologistas en acción, WWF, Greenpeace, Mesa de la Ría de Huelva, la Asociación de amigos de Doñana, Seo/Birdlife y así hasta la docena, quienes han formado una plataforma llamada Iniciativa Social por Doñana para intentar parar todas estas acciones y salvaguardar, intacto, el ecosistema de Doñana.
Pero para entender bien toda la situación, hay que ponerse en antecedentes. De una parte, hay que entender que el Parque Nacional de Doñana (catalogado como Patrimonio de la humandidad) es sólo una parte del Espacio natural de Doñana. Así, el Parque Nacional está rodeado por una serie de parques naturales y la suma de todo ello es el denominado Espacio natural de Doñana. Con esto claro, hay que saber que el proyecto “Marismas” fue dividido en cuatro sub-proyectos: 1) “El Saladillo”, emplazado en zona de parque natural. 2) “Marisma oriental”, también dentro de zona de parque natural. 3) “Aznalcázar”, situado fuera de los parques naturales pero cruza por debajo del corredor del Guardiamar. Y 4) “Marisma occidental”, fuera de la zona de parque nacional y de parque natural.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía otorgó Autorización Ambiental Unificada (AAU) al sub-proyecto “Aznalcázar. En concreto, esta iniciativa se refiere a los municipios de Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Benacazón, Villamanrique de la Condesa y Pilas, y todos en la provincia de Sevilla. Por otro lado, la resolución supuso el rechazo para el otorgamiento de AAU al sub-proyecto “Marismas Oriental”. De los otros dos, “Marismas Occidental” sí está validado por la Junta y, en palabras del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, “ha sido declarado de utilidad pública y autorizado recientemente para su ejecución porque no se localiza dentro del parque natural ni del Parque Nacional de Doñana, sino a una distancia de dos kilómetros de este último. No obstante, ha explicado que ahora se emplaza más cerca del parque natural, ocupando una pequeña superficie del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Doñana Norte y Oeste”, y “Saladillo”, según indicó en su día la Junta, está sujeto a los designios del Consejo de Participación de Doñana por ser la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA).
Los ecologistas apuntan que el hecho de presentar el proyecto “Marismas” dividido en cuatro sub-proyectos fue una treta para evitar que fuera rechazado en su conjunto, tal y como obliga la Directiva Europea de Evaluación Ambiental.
Por otra parte existe un peligroso precedente en nuestros país; el proyecto “Castor”. La empresa ACS, propiedad de Florentino Pérez, construyó bajo el mar un almacén de gas subterráneo frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Entre septiembre y octubre de 2013, dicha localidad registró cientos de terremotos. Algunos de ellos de hasta 4,3 grados en la escala Richter. El motivo era evidente, y así lo constataron los organismos pertinentes, por lo que el Gobierno terminó asumiendo una indemnización de 1.350 millones de euros.
Ahora todos los ojos miran hacia Huelva y Cádiz, y no sólo por tratarse de una zona medioambientalmente protegida, sino por ser, ya de por sí, zonas sísmicamente sensibles. ¿Podría repetirse lo ocurrido con el proyecto “Castor” incluso con consecuencias mucho peores?
Treinta años extrayendo gas y ahora se pretende inyectarlo
Según nos explica Juan Romero, portavoz de Ecologistas en acción, “llevan 30 años sacando gas sin oposición. Ahora quieren inyectarlo de otros países a presión con compresor para distribuirlo cuando haya demanda. Es un espacio protegido y público patrimonio de la humanidad y se trata de una empresa privada con beneficios millonarios que además está causando mucho dolor con los cortes de suministros a personas en riesgo de exclusión social”
Más allá de esto, y en referencia a los peligros que conlleva, Romero asegura que “en Doñana se han obviado los estudios sísimicos. El precedente de “Castor” debería ser más que suficiente para no permitir que pueda repetirse algo semejante. Pero además existe el riesgo de contaminación. Pretenden almacenar el gas entre 800 y 1200 metros de profundidad por debajo del acuífero 27, para lo que se necesitan perforaciones que conllevan el uso de productos químicos con la consiguiente contaminación del acuífero.”
Las organizaciones civiles y ecologistas no comprenden cómo se están desoyendo informes profesionales, entre ellos los de tres expertos geólogos entre los que se encuentra Miguel de las Doblas, del Instituto de Geociencias de Madrid (CSIC-UCM), quien avisó con un año de antelación lo que sucedería en Vinaroz.
Julio Barea, responsable de energía de Greenpeace, y José Manuel Cantó, ex director de la Agencia de Medio Ambiente andaluza, realizaron un informe en el que predicen lo que podría pasar si se inyecta el gas en el entorno de Doñana tal y como prevé el proyecto “Marismas”, al norte de la aldea de El Rocío, en Almonte, al que consideran en el informe como un “polvorín sísmico” que produciría terremotos en cascada en lo que se llama “sismicidad inducida” y tsunamis con las consecuencias de inundaciones, explosiones, hundimientos, escapes masivos de gas, contaminación, etc.
“También Europa se ha pronunciado negativamente al respecto, y volverá a pronunciarse a primeros de diciembre, y no dudaremos en recurrir al organismo que haga falta y en viajar a donde sea necesario para mantener Doñana a salvo de toda esta barbaridad”, añade Romero.
Los riesgos para el acuífero 27 dependen del acierto de la ingeniería
Ante esta tesitura, hemos querido hablar con expertos sobre los riesgos reales. Carlos Mediavilla, geólogo del Instituto geológico y minero Español, nos despeja algunas dudas: “Por el acuífero 27 pasa todo el trazado de conducción del gaseoducto. Si se hace bien es relativamente seguro, pero si no se hace bien hay riesgo de contaminación. Hay que tener en cuenta que España está obligada por la Unión Europea a gestionar almacenamientos subterráneos de energías no renovables, para lo que es necesario una estructura geológica garantista para que sea rentable y seguro. Durante miles de años en el subsuelo de Doñana había bolsas de gas que llevan décadas extrayéndose. Ahora se pretende inyectar gas en donde ya lo hubo, por lo que desde el punto de vista geológico las condiciones del terreno son buenas. La valoración medioambiental es competencia del Ministerio de Medio Ambiente y del congreso”.
Pero entonces, si las condiciones del terreno no son malas, resulta confuso para los ciudadanos valorar los riesgos, por lo que Mediavilla aclara lo siguiente: “El proyecto en sí es una obra meramente de ingeniería, y ellos son los que tiene que ser capaces de hacerlo seguro. Hasta donde yo se, hay cuatro o cinco cimentaciones protegiendo el acuífero del conducto de inyección. Además hay un sistema de 4 válvulas para evitar escapes en caso de que la tierra se mueva. Pero los encargados de valorar el proyecto no somos los geólogos sino el Ministerio de Industria pues todo depende del proyecto de ingeniería. Nosotros estamos capacitados para hablar de las condiciones del acuífero, y en este sentido puedo decir que Huelva tiene muchas cosas de las que preocuparse y deberían priorizar. El robo de agua en el acuífero lo está perjudicando enormemente, y eso es una realidad ya tangible, no una hipótesis, y el embalsamiento de los fosfoyesos y el polo químico, donde también hay un gran almacenamiento de gas en superficie y con el mismo riesgo sísmico, son más peligrosos si cabe. Mi opinión personal es que debe ser la sociedad quien debe evaluar si quieren o no quieren asumir el riesgo”.
La peligrosidad en la zona es una realidad no sólo por el gaseoducto
Para despejar las dudas sobre posibles movimientos sísmicos nos pusimos en contacto con el Instituto Geográfico Nacional, donde Luís Cabañas, sismólogo, nos aclaró varios conceptos y dudas. “La sismología, por desgracia, es una ciencia que sólo se puede estudiar a tiro pasado, no se puede preveer lo que va a ocurrir, pero conocemos, en base a los acontecimientos pasados que se hayan registrado, la naturaleza de los terrenos. La zona de la cornisa atlántica y el Golfo de Cádiz están catalogadas como de peligrosidad media desde el punto de vista sismológico. Para la zona de Huelva sabemos que hay unos valores de aceleración del suelo de entre 012 y 0’15G. Aunque grandes terremotos como el que ocurrió el 1 de noviembre de 1755 en el golfo de Lisboa se prevee una periodicidad de 475 años, existe sin duda cierta probabilidad de que un movimiento de estos ocurra en cualquier momento. Eso no quiere decir que no se pueda construir. En zonas de peligrosidad muy alta, como Japón, se construye con bastante seguridad. La ingeniería es la que se encarga de valorar el grado de peligrosidad y la que tiene que idear sistemas lo suficientemente seguros teniendo en cuenta todas las posibilidades sísmicas. El que vaya a construir en Doñana o en cualquier otra parte, tiene que preveerlo.”
Tras estas aclaraciones nos surge la duda de si en proyectos como el proyecto “Castor” falló la ingeniería. “Ha quedado comprobado que inyectar gas puede provocar sismicidad inducida y esto es un hecho. En aquel caso registramos cientos de movimientos de la tierra, el mayor de 4’3 grados en la escala Ritcher, que ya es un terremoto, digamos, respetable, y la causa quedó demostrado que fue “Castor”. Nosotros somos proveedores de datos, hacemos informes sismológicos que, como su nombre indica, sólo informan. Alguien habrá hecho el estudio de riesgo sísmico que posteriormente el ministerio aprobó”.
Entonces, ¿es peligrosa la inyección de gas? “El riesgo es evidente y la experiencia de Castor es un hecho, sin embargo en todo el mundo la inyección de gas no ha provocado ningún terremoto ni tsunami importantes. Pero si de peligrosidad hablamos, es mucho más peligroso lo de arriba. Los almacenes de fosfoyesos y de gas en la superficie pueden resultar verdaderamente desastrosos en caso de movimientos sísmicos”, añade Cabañas.
Esta misma mañana está convocada una concentración en protesta en El Rocío. Son muchas las organizaciones ecologistas que apoyan las reivindicaciones y se han fletado numerosos autobuses desde todos los puntos de Andalucía en una de las concentraciones ecologistas más numerosas que se hayan planteado.
Sea como sea, parece que las concesiones de gobiernos a empresas privadas, en caso de peligrosidad civil y medioambiental, deberían pasar primero por el beneplácito del conjunto de la sociedad y ser ella la que decida si asume o no el riesgo. Pues como apuntó el escritor almonteño Juan Villa en la conferencia sobre Doñana en la Universidad de Huelva el pasado día 17, podría ocurrir que gaseando Doñana, se termine por gasificarla y convertirla, tomando el verso de nuestro ilustre paisano andaluz don Luís de Góngora, “…en humo, en sombra, en polvo, en nada…”
