La pesca ilegal se dispara un 35% en Huelva y se salda con 639 expedientes
La mayoría son por faenar sin licencia, en zonas cerradas por biotoxinas, en tiempos de veda o fuera de horario
Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Adscrita a la Junta, han abierto en lo que va del año 2016 en Huelva un total de 639 expedientes sancionadores por pesca ilegal. Esto supone un incremento del 35% en relación con los datos del verano del año pasado, cuando se registraron 415 expedientes en más tiempo, de enero a agosto de 2015.
De estos, el 82 por ciento (524 expedientes) corresponde a marisqueo, ya sea por faenar sin licencia, en zonas de producción cerradas por la presencia de biotoxinas como la DSP, en periodos de parada biológica, o fuera del horario legal establecido.
El marisqueo sin licencia conlleva sanciones de entre 301 y 60.000 euros en casos graves, y que oscilan entre los 60.001 y los 300.000 euros en casos muy graves. En estos momentos está prohibida la captura de especies de alto interés comercial como la coquina y la chirla (hasta el próximo 30 de junio) en todo el litoral onubense por el período de veda para favorecer su ciclo productivo. Lo mismo ocurre con otros bivalvos como la almeja fina, el berberecho, la cañaílla, el ostión o el pirulo. Por su parte, la presencia de la tóxina DSP impide faenar a fecha de hoy en las zonas de producción de la Barra del Terrón, la Desembocadura del Piedras, Punta Umbría, Mazagón y el espacio marítimo de Doñana.
Con estos datos sobre la mesa, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, ha insistido tanto en su llamamiento a la responsabilidad del sector como en la importancia de la sensibilización de los veraneantes que acuden a las playas para, entre todos, contribuir a la preservación de los recursos y, por ende, a la sostenibilidad de la actividad económica, así como a garantizar la seguridad alimentaria.
El primer objetivo no es la imposición de multas, sino la concienciación y la prevención. “Ésta es nuestra principal meta, pues no perdamos de vista que si nadie comprara pescado o marisco inmaduro y sin etiquetar, el furtivismo dejaría de ser el grave problema que es hoy para convertirse en un fenómeno testimonial o, incluso, desparecer; sin embargo, mientras esto no ocurra, la vigilancia, la presión y la dureza del montante de las sanciones serán imprescindibles”, ha aseverado el delegado territorial.
