El Servicio Andaluz de Salud cesa del cargo a un trabajador por ejercer su derecho sindical
El sindicato CSIF ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por vulnerar derechos fundamentales de uno de sus trabajadores al que se ha cesado del cargo que ocupaba tras haberse liberado para realizar funciones sindicales. Esta tramitación se realizó durante el pasado mes de mayo y, posteriormente, en concreto el 23 de julio se notifica una resolución –sin fundamentación jurídica alguna según ha podido verificar CSIF- en la que se cesa de su cargo como Jefe de Servicio al trabajador afectado, después de 26 años, y con carácter retroactivo desde su liberación sindical.
Además, “sin haberse dictado ni notificado la resolución administrativa de cese” (tal y como expone CSIF en su recurso) el SAS detrae de la nómina de este trabajador todas las percepciones salariales que tenía asociadas a su cargo. Todo ello vulnera los principios básicos de la ley orgánica de Libertad Sindical y contraviene la propia resolución de la aprobación del permiso sindical en la que se especifica que “quienes disfruten de estos permisos sindicales conservarán todos sus derechos profesionales anteriores a la liberación”.
Por todo ello, la central sindical asegura en su escrito que “el cese es discriminatorio, vulnera derechos fundamentales como la indemnidad laboral, es un auténtico proceso sancionador en el que no se ha seguido el procedimiento establecido y está siendo percibido como una represalia administrativa por haber sido liberado, como una verdadera amenaza velada a quienes como él han decidido trabajar en el sindicato CSIF”.
El afectado, que cuenta con un prestigio y una reputación intachables durante 26 años, está siendo víctima de “un castigo por haberse liberado ocasionándole un grave perjuicio tanto económico como moral”. En ese sentido, desde la central sindical se asegura que el funcionario “está sufriendo una grave situación de estrés laboral y acorralamiento con una grave merma en sus condiciones retributivas; de hecho, ya existe una afectación a su salud física y mental y está siendo asistido por un facultativo”.
DENUNCIAS PREVIAS
A toda esta situación se suma el hecho de que, previamente a la liberación sindical, el trabajador denunció el pasado mes de febrero ante el Comité de Investigación Interna del SAS “el acoso y el hostigamiento” que estaba recibiendo desde el nombramiento de la nueva Directora Económica del SAS, Dolores García. Entonces, detalló las funciones que tenía encomendadas hasta el momento y que realizaba con “una acreditada solvencia profesional” y que sin resolución ni justificación alguna, le fueron eliminando de su cometido. CSIF habla de “persecución y acoso laboral al afectado hasta el punto de vaciar de contenido su puesto de trabajo”. Todo ello afectó a su salud física y mental por lo que estuvo de baja médica por esa razón.
La Administración, en vez de investigar el caso, dictó una resolución sin fundamentación -según CSIF- con sólo 13 palabras alegando que no “no existen indicios de situación de riesgo por acoso laboral”. Todo ello, tal y como ha comprobado la Asesoría Jurídica de la central sindical “con graves irregularidades procedimentales” ante lo cual se pidieron los informes recabados y las actuaciones llevadas a cabo para justificar esa decisión, sin respuesta alguna por parte de la Administración. Además, se ha comprobado que “ni siquiera se había solicitado los informes preceptivos en este tipo de casos ni tampoco se había emprendido ninguna actuación para esclarecer los hechos denunciados por el trabajador”.
Con estos antecedentes y la situación actual de vulneración al derecho de libertad sindical y de discriminación hacia el afectado, CSIF pone en evidencia “el historial de persecución y represalias que desde que llegó la nueva Dirección Económica, con Dolores García al frente, se ha venido realizando en contra de un trabajador con una carrera sobradamente acreditada, reconocida por sus propios compañeros y de una trayectoria intachable”.
Finalmente, desde el sindicato se quiere denunciar “la gravedad de este caso en el que la propia Administración toma medidas contra personal de su plantilla sin ninguna justificación y con irregularidades en los procedimientos a seguir, precisamente cuando debe ser la primera en velar por los derechos de sus trabajadores y respetar a los profesionales de la sanidad pública que son los que mantienen a flote el sistema público sanitario”.
