Llega 2024, el año de la incertidumbre: la Junta aplica desde el 1 de enero el temido recorte del 50% de agua para regadío

Huelva se adentrará este 2024 en su año más imprevisible, el que más incertidumbres plantea. Porque la Junta de Andalucía aplicará en la demarcación de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras, Chanza el recorte del 50% para el regadío. Una decisión empujada por la sequía que se arrastra ya desde 2016. Un panorama inédito en una provincia que hasta ahora era excedentaria de agua. 

Hasta ahora, Huelva había ido sorteando estas restricciones a la agricultura predominante en el sur, los frutos rojos y los cítricos pero la escasez de agua y también los retrasos en infraestructuras hídricas abocan al campo a encarar un año crítico.

Nadie se atreve a poner cifras y se confía en que de aquí hasta el verano los embalses vayan recuperando su nivel de agua. Pero la situación puede llegar a ser cuando menos muy preocupante en sectores que mueven más de 1.500 millones de euros y emplean a decenas de miles de personas, implicadas en la recolección la manipulación, el transporte, la importación y todos los servicios auxiliares que arrastran.

Ya se vio lo que pasó cuando petó la construcción con la burbuja inmobiliaria así que la inquietud es que el campo no funcione como motor de desarrollo y creación de empleo. Huelva está en ascuas.

Para amortiguar lo que puede pasar, el SEPE ya ha confirmado que los jornaleros andaluces ya pueden beneficiarse de 480 euros mensuales, durante al menos 6 meses, trabajado solo 10 días en el campo. Esta medida, aprobada la semana pasada por el Gobierno de España, consiste en la ampliación de la prórroga de la reducción a 10 peonadas para poder cobrar el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. La normativa estará en vigor hasta el próximo 30 de junio de 2024.

Con la prórroga de esta medida, tan solo es necesario acreditar haber trabajado en el campo durante 10 jornadas totales en el último año, en lugar de las 35 que eran necesarias antes de aplicar la nueva ley. La cuantía de este subsidio, que se gestiona a través del SEPE es del 80% del IPREM, lo cual supone recibir 480 euros al mes durante 180 días. 

Pero esto es un parche para una situación que desbordaría a gran parte de la provincia.

Para muestra un botón: el recuento balance que ha hecho MeteoHuelva de los últimos años en la capital onubense: con datos del observatorio Huelva Ronda Este de Aemet. Nuevo año muy seco donde sólo se han recogido 318 mm cuando la media es de 510 mm.

El problema es que 2023 es el quinto año consecutivo con déficit de lluvias (sólo en 2020 se llegó a la media por los pelos) 2023, 318 mm; 2022, 432 mm; 2021, 254 mm;  2020, 527 mm;  2019, 236 mm y 2018, 639 mm

La cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula, a fecha de 22 de diciembre, 390 hm3 de recursos hídricos embalsados, estando al 34,98% de su capacidad tras un descenso registrado de 1 hm3 (-0,09%). Hace justo un año había 163 hm3 más que en la actualidad.

Y Huelva consume aproximadamente al año más de 250 Hm3 antes de la pandemia. Ahora supera esa cifra.

Agua para un año es lo que queda si la Junta no recurre a los embalses onubenses para llevar agua de urgencia en barco a provincias que están muy mal, como Cádiz, Córdoba, Sevilla o Málaga.

Tal y como están las cosas, las organizaciones agrarias reclaman la llegada de recursos hídricos con urgencia: desaladoras, aguas regeneradas o actuaciones de emergencia.

Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu) han instado al Gobierno de la Nación a “solventar la complicada situación” que atraviesa el sector agrícola onubense acentuada por la sequía extrema actual.

Las organizaciones agrarias han lamentado que el responsable de agua del Gobierno de la Nación, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “no haya tenido ni un gesto” con los agricultores a pesar de los compromisos adquiridos hace ya más de un mes con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que culminaron con la desconvocatoria de la protesta prevista para el pasado 15 de noviembre.

En este sentido, han advertido de que la situación actual no sería tan extrema de haberse cumplido lo comprometido en los diferentes planes hidrológicos y acometerse las obras declaradas de interés general del Estado, señalando a la Presa de Alcolea como “primordial” no solo para la agricultura, sino para el futuro de toda la provincia de Huelva, e insistiendo en la necesidad de “que se retomen unas obras ejecutadas al más del 20% y que cuentan con dotación presupuestaria”.

Para las organizaciones agrarias, la puesta en marcha de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros “solo es cuestión de voluntad política porque no hay un motivo real para que continúe paralizada a pesar de que está en juego el futuro de toda una provincia”, por lo que han exigido “que se establezca de una vez una hoja de ruta con plazos de ejecución y compromisos para garantizar el suministro de agua que se conseguiría con esta importante obra hidráulica, que podría haber estado finalizada hace varios años”. 

De la misma forma, han urgido a la necesidad de que el Gobierno español propicie un acuerdo con el Ejecutivo portugués para la normalización de los bombeos del Bocachanza en el marco del convenio de Albufeira, lo cual “supondría un alivio a corto plazo” para que el sector agrícola pueda afrontar la campañas que ahora comienzan  con una mayor solvencia de agua disponible.   

Las organizaciones agrarias han insistido en que, si bien se ha comprobado que la Junta de Andalucía, tras el aplazamiento de las movilizaciones previstas para el pasado mes de noviembre, ha empezado a ejecutar las infraestructuras que demandaron las organizaciones, aunque la lentitud en la ejecución no las convierta en soluciones a corto plazo, las obras que son responsabilidad del Gobierno de España carecen de respuesta ni soluciones a corto o largo plazo, por lo que han reclamado también un esfuerzo para complementar las acciones realizadas por la Junta de Andalucía, como es el caso de la autorización de la ejecución de la mejora de la toma de la presa del Andévalo en la que la administración autonómica va a invertir 26 millones.

Tras mostrar su preocupación por la falta de precipitaciones y la no realización de las infraestructuras necesarias que se vienen reivindicando desde hace décadas, cuya consecuencia es la entrada en vigor del recorte del 50% para el riego a partir del 1 de enero acordado por la Comisión de Sequía del Tinto-Odiel-Piedras, han recordado que el campo onubense retomará a finales de enero las movilizaciones aplazadas en noviembre ante la persistencia de la gravísima situación de los agricultores de la provincia.

Además, las organizaciones han pedido una reunión de urgencia al más alto nivel tanto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como con la consejera de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, para hacerles partícipes de que el campo “está en una situación tan límite que urge de medidas que tengan un resultado inmediato para poder afrontar las campañas agrícolas de la provincia”.