sábado. 20.04.2024
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La denuncia de Europa obliga a la CHG a proponer el control directo sobre el agua para regadío

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llevará a su próximo consejo la declaración de sobreexplotación de la zona norte del acuífero que nutre el Parque Nacional de Doñana. Falta por conocer la reacción del nuevo Gobierno andaluz a esta decisión. ¿Estamos ante el primer choque entre los Gobiernos de Madrid y Sevilla?
La denuncia de Europa obliga a la CHG a proponer el control directo sobre el agua para regadío

La decisión de la Comisión Europea de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el deterioro ambiental que sufre Doñana y el incumplimiento de las leyes comunitarias de protección de la naturaleza ha obligado al Gobierno a reaccionar. Por eso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir plantea abiertamente declarar como sobreexplotada la zona norte del acuífero que nutre la Reserva de la Biosfera.

Si se realiza esta declaración finalmente la Confederación Hidrográfica podrá adoptar las limitaciones correspondientes a las extracciones de agua y a la calidad de las aguas subterráneas. Tendrá todo el control. Falta por saber qué hará a este respecto la Junta de Andalucía, toda vez que el nuevo gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno ha decidido disolver la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y diluir sus competencias entre varias consejerías, quedando las áreas de medio ambiente y aguas adscritas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Cabe recordar que el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha anunciado que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía modificará el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana para que el agua llegue a todos los agricultores de la comarca del Condado de Huelva y para otorgarles seguridad jurídica. “La modificación de este Plan es un compromiso de Juanma Moreno, que lo incluyó en su programa electoral, para que el agua llegue a todos los agricultores que venían regando sus tierras históricamente y vamos a cumplir ese compromiso desde el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha remarcado. Puede ser el primer choque de importancia entre el Gobierno y la Junta. Con el futuro de Doñana en juego y una denuncia en los tribunales europeos como decorado internacional.

Sin embargo, en el Infome de Sequía y Diagnóstico de la situación publicado por la Confederación del Guadalquivir, el último el pasado 1 de febrero de 2019, no se califica la situación de esta zona como alarmante. Madre de las Marismas aparece en verde, en un escenario de normalidad. Eso sí, la CHG apunta a agua superficial y de lluvia en este caso, no al acuífero subterráneo.

La organización conservacionista WWF entiende que “la Comisión Europea interviene así para intentar salvar Doñana ante la inacción y los reiterados incumplimientos de las autoridades españolas, Ministerio de Transición Ecológica, Junta de Andalucía y ayuntamientos, que durante años no han hecho nada para evitar las extracciones ilegales que están secando el acuífero de Doñana”.

El procedimiento que acabará en los tribunales europeos tiene su origen en la queja presentada por WWF España el 5 de abril de 2010, en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas y luego otros cultivos de frutos rojos. “Esta actividad está dañando gravemente el acuífero y los hábitats y especies protegidas por los que este espacio ha sido incluido en la red Natura 2000”.

Durante más de diez años, WWF España ha realizado un seguimiento exhaustivo y ha continuado aportando informes propios elaborados por expertos y de organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna.

En un comunicado, la organización ecologista explica que a raíz de la queja de WWF, el 17 de noviembre de 2014, la Comisión Europea ya abrió un Procedimiento de infracción contra España, que terminó dos años después con un dictamen motivado el 28 de abril de 2016 por la evidente infracción de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Hábitats y la Directiva de conservación de las Aves y que ante la alarmante situación del acuífero y la biodiversidad culmina ahora con la demanda de España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El motivo de la infracción de la Directiva Marco del Agua es el drástico descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales temporales y el mal estado del agua debido a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura intensiva para la producción de fresas y frutos rojos.

Respecto al incumplimiento de las Directivas de Hábitats y de Aves, WWF España también había denunciado como la degradación de determinados hábitats protegidos ha provocado la disminución y casi extinción de numerosas especies, algunas en riesgo crítico de extinción como la cerceta pardilla, explica en su último boletín informativo.

WWF España ha mapeado y denunciado durante años la existencia de más de 1.000 pozos ilegales y más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Además, gracias al seguimiento regular mediante análisis de imágenes por satélite, WWF España ha demostrado recientemente cómo la superficie de cultivos ilegales y la proliferación de nuevas balsas y pozos ha vuelto a crecer ante la falta de control y la impunidad con que se expande la agricultura ilegal en el entorno de Doñana.

Durante más de una década, WWF ha alertado ante organismos internacionales como UNESCO, UICN, el Convenio de Ramsar y la Unión Europea la degradación de Doñana y la pasividad del Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que “en lugar de perseguir las ilegalidades, las han consentido”.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España es rotundo: “La agricultura que se practica en Doñana es insostenible y en buena medida ilegal y está poniendo en riesgo la viabilidad del espacio protegido más importante de Europa a la vista de las administraciones españolas que lo ha consentido durante muchos años”. A su juicio, “la situación es cada día más alarmante y la Comisión Europea ya no se conforma con medidas cosméticas; es hora de que el MITECO asuma su responsabilidad y cierre los cientos de pozos que tiene identificados y de que la Junta de Andalucía elimine las miles de hectáreas de cultivos ilegales”.