El Estado avisa: "Cierren y sellen los pozos ilegales. Aún están a tiempo"
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha hecho un llamamiento público para que todo aquel que ha construido un pozo ilegal y lo haya dejado abierto en el campo lo selle. “Todavía están a tiempo de sellarlos”, dijo de Celis, visiblemente emocionado tras el rescate sin vida del niño Julen que ha perdido la vida tras caer a un pozo a todas luces ilegal en la localidad malagueña de Totalán.
El llamamiento del delegado del Gobierno, acompañado en su alocución de altos mandos de la Guardia Civil, incumbe, y mucho, en Huelva. En esta provincia existen más de mil pozos ilegales de carácter agrícola que han sido perforados solamente en la comarca de Doñana en lo que se conoce como el robo de agua para regar las fresas. Muchos de ellos permanecen al aire libre y sin sellar, como se ha comprobado a raíz de estos acontecimientos en las visitas hechas por medios de comunicación acompañados por agentes del Seprona de la Guardia Civil.
A los pozos destinados a la agricultura hay que añadir los cientos de pozos y perforaciones mineras que existen en las cuencas onubenses, convertidas en verdaderas trampas para senderistas, cazadores y dueños de fincas que en muchos casos no conocen ni su existencia.
Gómez de Celis ha dejado clara su advertencia: “Hago este llamamiento porque sin duda creo que merece la pena, en este caso, que esta circunstancia desgraciadísima no vuelva a suceder de ninguna de las maneras”.
La legislación actual existente para estas infraestructuras poceras deja claras las normas que hay que cumplir y las duras sanciones que acarrean estas perforaciones ilegales.
El caso de Julen en Totalán es inédito por su dramatismo y los medios movilizados para su rescate. Pero son muchos los accidentes que la existencia de pozos ilegales han causado ya a trabajadores y cazadores en la provincia de Huelva.
Los pozos ilegales llevan más de una década en el ojo del huracán en Huelva. Las administraciones, Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Guardia Civil han impuesto cientos de sanciones a sus propietarios. Todos los pozos, aunque sean considerados como ilegales, no están destapados en medio del campo y zonas mineras pero son cientos de ellos los que amenazan la integridad de las personas.
