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Oleada especulativa sobre las acciones y derechos de las empresas mineras que operan en Huelva

Oleada especulativa sobre las acciones y derechos de las empresas mineras que operan en Huelva

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Desde que se conociera el pasado 25 de septiembre que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba nula la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la mina de Riotinto, los movimientos especulativos ligados al negocio minero no han cesado. El más importante lo ha levantado la prestigiosa agencia de noticias Reuters. Nada menos que colgó el cartel de ‘Se Vende’ sobre el Proyecto Río Tinto. Y un mes después nadie ha desmentido en firme la operación de venta, ni siquiera Atalaya Mining PLC.

La compañía con sede en Chipre tiene contratado al Bank of Montreal para ayudar con la venta de su joya más preciada, la explotación ubicada entre Riotinto, Nerva y El Campillo. Una mina propiedad de la multinacional Trafigura y la fundición y refinería china Yanggu Xiangguang Copper, con un 22% cada uno, a los que sigue en importancia accionarial los fondos de metales de Estados Unidos, Liberty Metals y Mining Holdings y Orion Mine Finance. La operación se lleva con absoluta discreción y ninguno de los accionistas principales ha dado hasta ahora explicaciones.

Después de la sentencia del TSJA las acciones de la compañía minera también han sufrido altibajos importantes. Solo hay que comprobar el gráfico del último mes (del 25 de septiembre al 31 de octubre) para observar el declive de las acciones de un proyecto que apenas lleva dos años operativo pero que siempre ha tenido unas grandes expectativas de negocio y rentabilidad. Los expertos auguraban solo hace tres meses que con las 40.000 toneladas de cobre previstas para 2018 y las previstas para 2019 las acciones de Atalaya Mining deberían situarse por encima de la cotización actual entre un 70% y un 120%.

Según los informes facilitados por la compañía minera de Riotinto, en 2017, primer año completo de producción de la mina de Riotinto, la producción de cobre fue de 37.164 toneladas. Las ventas de la compañía superaron los 160 millones de Euros.

Atalaya Mining espera que la producción en este año 2018 supere a la obtenida en el pasado.

La compañía ya ha informado a los mercados del fallo judicial, según ha explicado el canal bursátil Bloomberg. En esa información confía su suerte al recurso ante el Supremo anunciado por la Junta de Andalucía y añade que “considera actualmente las implicaciones de la sentencia con sus asesores legales”.

La coincidencia entre la sentencia, la caída en bolsa de Atalaya Mining y el anuncio de su puesta en venta no ha pasado desapercibida entre los trabajadores, que apenas han conseguido información del proceso.

Los sindicatos ven un motivo de preocupación, una vez más, para una comarca muy dependiente y vinculada a la minería. Las fuentes sindicales subrayan que de la mina de Riotinto dependen 1.500 empleos, entre directos e indirectos. Incluso desde UGT se ve posible el cierre temporal de la explotación minera debido a la inseguridad que se ha creado a raíz de la publicación de la sentencia.

Precisamente el fallo del TSJA amarra su argumentario en que “la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni participación se desatienden ambos principios". La sentencia no cuestiona el procedimiento técnico realizado por la empresa, pero sí tiene en cuenta que "para que se cumpla lo dispuesto en el Decreto 356/2010, la participación y la información constituyen pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental", los cuales "se desatienden".

Un mensaje muy claro que también deja en vilo procedimientos seguidos en empresas vecinas de la comarca, como la Autorización Ambiental otorgada al vertedero de Nerva por la Junta de Andalucía y a la que, no hay que olvidarlo, el Defensor del Pueblo andaluz también ha criticado por su opacidad, oscurantismo y poca transparencia.

El caso de Riotinto no es el único movimiento especulativo en el mercado minero de la provincia de Huelva. La firma Magtel, que ya está inmiscuida en la operación de reapertura de la mina sevillana de Aznalcóllar (famosa por anegar el entorno de Doñana de aguas ácidas hace 25 años) ha acordado la compra de la sociedad La Hispalense, según el reporte de ABC. Esta empresa pertenece a la familia Ybarra y controla los derechos y las tierras de la mina de San Telmo. Ahora acaba de adquirir la sociedad Nueva Tharsis, una empresa formada hace 23 años por trabajadores de La Zarza que posee los derechos mineros de la explotación.

Por cierto, una compraventa y modificación de derechos que ha coincidido en el tiempo con el sí de la Junta de Andalucía a los expedientes de segregación de las Entidades Locales Autónomas de Tharsis y La Zarza. La decisión de la Junta conlleva dos nuevos municipios en Huelva, pasa de 79 a 81, y la conformación de sus respectivos términos municipales y servidumbres. Ahora sus ayuntamientos tendrán voz y voto en las licencias o bloqueo de las explotaciones que intenten ponerse en marcha en la comarca. Calañas y Alosno pierden poder e influencia con esta tramitación.

Sin duda, esta mezcla añade más leña especulativa a todos estos movimientos mineros. Así que los actores en la zona serían ahora la irlandesa Ormonde, que controla los terrenos, y Magtel, tenedora de los derechos mineros. Además de estas firmas, hay varias más cotizadas realizando prospecciones en las cuadrículas mineras que llegan ya hasta el término de Escacena del Campo.

Con todo este trajín resulta que la única explotación que mantiene su proyecto original es Mina de Aguas Teñidas (Matsa). Su último balance, el de 2017, garantiza su continuidad sin apenas sobresaltos a día de hoy. El único susto ha sido el fallo del TSJA que obliga a la minera, propiedad de Trafigura y el fondo de Abudabi Mubadala, a devolver una ayuda de 10 millones de euros más intereses, en total unos 16 millones, concedida en tiempos del presidente Manuel Chaves y que generó un conflicto de intereses al estar su hija empleada como alto cargo en la explotación. Precisamente en su último balance de cuentas y resultados Matsa tenía prevista esta causa y había metido el riesgo en previsión. No le ha cogido de sorpresa.


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