Un informe de Prevención Ambiental cuestiona la estabilidad del vertedero de Nerva

El expediente de Queja tramitado por la Oficina del Defensor del Pueblo sobre las deficiencias de funcionamiento del vertedero de Nerva que gestiona Ditecsa, la no convocatoria de la Comisión de Seguimiento Municipal de la planta de tratamiento de residuos desde 2011, su impacto ambiental, la seguridad y la posible afección a la salud de la población e impulsado a instancias de Ecologistas en Acción y a través de iniciativas del PP de Nerva y de Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa la gran opacidad y oscurantismo que envuelve a esta instalación.

Cabe recordar que las instalaciones del vertedero recibieron la declaración de interés público a mediados de la década de los 90, garantizando un tratamiento de más de 500.000 toneladas de residuos pero que posteriores autorizaciones ambientales por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han elevado este tonelaje hasta sobrepasar con creces los dos millones de toneladas. El compromiso también circunscribía los residuos a tratar al territorio andaluz y al pueblo de Nerva y a su Ayuntamiento se le anunciaron importantes compensaciones económicas en contrataciones e instalación de empresas.

A pesar de la oposición frontal de varios grupos políticos, PP e Izquierda Unida y hasta en un primer momento los Independientes de Nerva que luego llegaron a la Alcaldía bajo el paraguas del PSOE (hoy el ex alcalde y su ex líder Domingo Domínguez es un alto cargo del Gobierno andaluz) y del movimiento ecologista, al vertedero se le concedió la Autorización Ambiental Integrada y una posterior licencia de obras para su adaptación y ampliación por silencio administrativo positivo hasta un volumen de 1.767.872 M3.

El informe del Defensor del Pueblo repasa ahora todas estas concesiones y permisos y subraya que “es probable” que la población de Nerva y el movimiento asociativo no tuvieran en cuenta la posibilidad de la ampliación. De hecho, la creación del vertedero generó un intenso debate público y sin embargo, se señala, “la ampliación tuvo por desconocimiento una menor participación social sobre la oportunidad de la misma y los efectos que pudiera tener para el municipio”. Y añade en el análisis de la Queja que aunque “la solicitud de la AAI se publicara en el Boletín Oficial y aunque se respetaran los procedimientos, una decisión de tal trascendencia debería haber originado un debate previo en el que se valorara no solo la incidencia ambiental que tal ampliación conllevaría sino también posibles compensaciones para el municipio al tener que soportar en su término municipal un depósito de bastantes más de dos millones de toneladas de residuos peligrosos. Y eso, cuando muy probablemente, insistimos, se había generado la imagen de que una vez colmatado la previsión del proyecto se cerraría el depósito de estos residuos”.

En su análisis de Queja, el Defensor entiende que “asiste la razón a la promotora de la queja -Ecologistas en Acción- que advirtió que una cuestión de esta envergadura y trascendencia, crucial para la economía andaluza, hubiera supuesto para cualquier Gobierno autonómico transparente y responsable un anuncio público a través de los medios de comunicación de la propuesta de ampliación, así como la apertura de un proceso negociado con los grupos políticos del Ayuntamiento de Nerva y con el conjunto de la sociedad nervense”.

El informe del Defensor también matiza sobre la llegada de residuos. Y reconoce que no se prohíbe esta entrada pero apunta que “el objeto de creación del vertedero era dar respuesta a las necesidades empresariales de Andalucía”.

Acude el Defensor al recuerdo de la Orden que posibilita la creación del vertedero en 1995. Y defiende que “el pueblo merece toda la información posible sobre aspectos relevantes como admisión de residuos, coste ambiental, afecciones y compensaciones que se puedan revisar porque las previsiones iniciales han cambiado sustancialmente”.

El informe de la Oficina de Jesús Maeztu añade que aunque la Junta de Protección Ambiental manifieste que la Consejería de Medio Ambiente ejerce el control sobre la instalación y que no se ha iniciado ningún expediente sancionador (hasta el momento de la respuesta), la misma Dirección General ha reconocido varias incidencias y planteado dudas.

Así enumera que tras el estudio topográfico realizado en 2014 (el vertedero estaba entonces en manos de Befesa) se concluye que no ha alcanzado la capacidad autorizada ni en residuos peligrosos ni en no peligrosos pero hay zonas por encima de las cotas previstas en los proyectos de sellado. E incluso se apunta que la estabilidad asociada a la geometría transitoria suministrada por Befesa plantea menos seguridad que la aprobada en la Autorización Ambiental Integrada.

Un dato, el de la seguridad y estabilidad, para el que la Junta remite al informe de la Delegación de Huelva para que trabaje sobre sus conclusiones, no obstante subraya el control anual de funcionamiento de la instalación. Los resultados y mejoras no han sido aportados al expediente. La empresa Ditecsa, a la que este Diario ha llamado para conocer su opinión, no ha explicado las medidas tomadas ante las sugerencias del informe.

Asimismo, el Defensor también cree necesario que Medio Ambiente informe si ha habido incoación de expedientes  desde 2011, el volumen de toneladas actualmente depositadas y las previsiones futuras, trasladando los datos a la Comisión de Seguimiento municipal y que la Junta valore si la ampliación del vertedero y la llegada de residuos de fuera de Andalucía han supuesto nuevas afecciones no previstas y se valore la forma de compensar a Nerva.

El Defensor del Pueblo, en su escrito de análisis, sugerencias y petición de respuestas enviado a la Consejería sugiere que “en lo sucesivo, cuando se vaya a implantar por motivos de interés público una infraestructura que suponga un coste ambiental para el territorio y la población se informe desde el principio con total transparencia para conocimiento de la población que va a soportar la carga de las afecciones que se generan en su término municipal”.

Respuesta de la Junta de Andalucía

La respuesta de la Junta a estas peticiones del Defensor del Pueblo no se hicieron esperar y aunque no se conozcan públicamente son concluyentes. Sobre la previsión futura de entrada de residuos en el vertedero, la Consejería anuncia que son inciertas aunque a la baja porque las empresas están incrementando la valorización, reciclado y recuperación de los mismos. “La tendencia a depositar residuos es a la baja. La nueva empresa gestora de las instalaciones (Grupo Industrial Diseños y Proyectos Técnicos S.A- Ditecsa) estudia la posibilidad de eliminar totalmente el vertido directo de residuos peligrosos al vaso de destino de los mismos.

Sobre si puede haber nuevas afecciones por la ampliación y llegada de residuos foráneos, la Junta insiste que hasta el momento y desde que se emite la Autorización Ambiental Integrada en abril de 2008 no se ha realizado ninguna ampliación del vertedero, los cuadros con capacidades de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, se han mantenido vigentes, como las cantidades máximas a depositar y ello al margen de que algunas fases de llenado se denominen recrecido”.

Un punto que ha llamado la atención en la respuesta de la Consejería al Defensor del Pueblo ante las dudas planteadas es que asegura “estar abierta a estudiar medidas de distinta naturaleza que compensen el esfuerzo que se realiza desde Nerva”.

La Junta, que asegura aceptar todas las sugerencias sobre el vertedero que realiza el Defensor del Pueblo, también se refiere a los requerimientos sobre transparencia y opacidad observados. Y explica la Consejería que hay que tener en cuenta que “la gestación de este centro de tratamiento se hace en la década de los 90 y que aun cumpliéndose escrupulosamente los distintos requisitos que la normativa en vigor exigía para su tramitación, a la luz de la normativa actual sería distinta”. Así, resalta Medio Ambiente los cambios habidos en la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones de las administraciones recogidos en la regulación del derecho a la información ambiental en la propia tramitación de autorizaciones ambientales o legislación sobre transparencia.

Ecologistas en Acción

Para la parte que ha pedido la intermediación del Defensor del Pueblo, Ecologistas en Acción, el informe del Defensor pone el dedo en la llaga de la opacidad y el ocultismo que rodea el vertedero de Nerva desde su construcción y cuestiona la seguridad y estabilidad de la instalación. Basta para ello, asegura Juan Romero, portavoz de Ecologistas en esta materia, contemplar los cada vez más asiduos vertidos que desde la instalación llegan al río Tinto, contribuyendo al depósito en su cauce de miles de metros cúbicos de aguas posiblemente contaminadas al estar en contacto con la instalación industrial de Ditecsa.

Preocupa a Ecologistas en Acción especialmente la seguridad y salud de los trabajadores de las instalaciones, así como las emanaciones de humos y partículas ultrafinas que llegan a los habitantes de Nerva procedentes del manejo de residuos tóxicos. Y en los últimos años, Ecologistas ha llamado la atención sobre las consecuencias que las gotas frías y trombas de agua que caen sobre el vertedero pueden tener tanto para su estabilidad como para su seguridad.

A juicio de Ecologistas existe un riesgo claro de desbordamiento de los diques de contención de las instalaciones.