viernes. 19.04.2024
El tiempo

Un juez investiga las amenazas de muerte a funcionarios de prisiones de Huelva

El citado juzgado ha abierto un procedimiento penal a petición de la Fiscalía Provincial de Huelva por las supuestas amenazas en una conocida red social
Prisión de Huelva dependiente del Gobierno de España
Un juez investiga las amenazas de muerte a funcionarios de prisiones de Huelva

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Huelva investiga las graves amenazas a los funcionarios de la prisión de Huelva

El citado juzgado ha abierto un procedimiento penal a petición de la Fiscalía Provincial de Huelva por las supuestas amenazas en una conocida red social dirigidas a los funcionarios de la prisión de Huelva donde se animaba incluso a atentar contra su vida y la de sus familias.

Las investigaciones de la Fiscalía se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Acaip. En esa denuncia se aportaron más de 100 comentarios en las que no sólo se incitaba a atentar contra funcionarios públicos del ministerio del interior sino que atacaba directamente a la honorabilidad y profesionalidad del colectivo de trabajadores penitenciarios de la provincia de Huelva.

La gravedad de los comentarios y el grave ataque a la profesionalidad de los trabajadores del centro, ha hecho que el sindicato ACAIP se persone en el proceso porque consideramos primordial que este ataque directo a un colectivo tan sensible como el penitenciario debe ser castigada por las autoridades judiciales.

Desde Acaip entienden que "la administración penitenciaria, y en concreto el director del centro, cuando tengan conocimiento de hechos de este tipo, deben de  utilizar las herramientas legales de que disponen como es la Abogacía del Estado o Fiscalía, para defender la profesionalidad y honorabilidad de un colectivo, que día tras día sufre agresiones en los centros penitenciarios y ha sufrido ,en primera persona, durante muchos años la lacra del terrorismo".

Esta defensa de su trabajo no sólo pasa por los tribunales sino también es importante que la administración penitenciaria no nos “arrincone” o esconda nuestra labor como ha hecho históricamente, sino que haya una valoración merecida de un trabajo encomiable de un colectivo de más de 20000 personas, en la que su misión fundamental gira en devolver a la sociedad en las mejores condiciones posibles a personas que han ingresado en prisión, obteniendo un beneficio social tanto la propia persona y su familia como la sociedad en general.