viernes. 29.03.2024
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Acuerdo judicial para suspender el derribo de viviendas en El Calabacino durante 5 años

Para el abogado defensor, este acuerdo permitirá inspirar una resolución similar para las otras 24 viviendas que se hayan bajo la lupa de la justicia por aviso de derribo
Acuerdo judicial para suspender el derribo de viviendas en El Calabacino durante 5 años

La defensa de la primera familia que iba a juicio por el caso de El Calabacino y la Fiscalía provincial de Huelva, han llegado esta mañana a un acuerdo para que se suspenda durante un periodo de cinco años el posible derribo de las casas de la ecoaldea situada en Alájar y que contravenían la norma urbanística y medioambiental del municipio pese a su "modélico" estilo de vida en favor del medio ambiente. Esta situación ha hecho que finalmente se suspenda durante cinco años la ejecución del derribo de la vivienda, a la espera de que durante ese tiempo se modifique la legislación vigente y se adapte la normativa "a la realidad social" y al mismo tiempo la localidad matriz de Alájar pueda contemplarlo como aldea dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, la familia ha visto reducida la pena de prisión de dos años a 18 meses (por lo que previsiblemente no tendrán que entrar en la cárcel) y tendrán que afrontar el pago de 1.800 euros a pagar en 10 mensualidades, asumiendo la culpabilidad según la legislación actual.

El abogado de los vecinos de El Calabacino, Ignacio Martínez, ha señalado en declaraciones a los medios que "la legislación actual de la Junta de Andalucía se inspira directamente en la ley de Espacios Naturales de 1975 elaborada con la mentalidad del antiguo Icona, franquista y preconstitucional, cuya filosofía de gestión era conseguir un espacio forestal con encefalograma plano y en esa mentalidad se obviaba que la presencia del hombre en el medio no solo no es nociva sino que contribuye a la protección del medio".

Para Martínez, las personas que viven en las Ecoaldeas son "personas totalmente concienciadas con el medio ambiente han elegido vivir en el mundo rural, tienen una conciencia de cual es su papel con el medio y su interacción y contribuyen a la conservación y eso es lo que la legislación aún no ha contemplado, aunque sí lo han contemplado los tratadistas universitarios en la materia como es la facultad de Ciencias Medio Ambientales de la Universidad de Huelva".

Para el abogado defensor, este acuerdo permitirá inspirar una resolución similar para las otras 24 viviendas que se hayan bajo la lupa de la justicia por aviso de derribo, aunque habrá que tratar caso por caso por que cada uno tiene unas especificidades diferentes.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Vecinos Raíces del Calabacino, Cecilia Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha expresado que se ha apostado por algo que parecía lógico y en lo que confiaban plenamente.

El fiscal recuerda en su denuncia que en la citada aldea, desde fecha indeterminada, empezaron a instalarse diversas personas procedentes de toda España y del extranjero con la intención de residir de forma permanente por lo que adquirieron en contratos privados o en escritura pública pequeñas fincas rústicas de menos de una hectárea donde iniciaron la construcción y rehabilitación de edificaciones en ruinas en caso de existir éstas.

Así, una vez detectada esta situación por agentes de medio ambiente del parque natural y por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se comunicó a esta Fiscalía en febrero de 2014, la existencia de una construcción residencial que había sido finalizada en 2006, que carecía de licencia y que, por estar hecha de madera y alpacas de paja, suponía un grave riesgo de incendios forestales. En concreto, esta causa es la que se enjuiciará este lunes en el juzgado onubense.

Dado que la construcción estaba penalmente prescrita la Fiscalía se puso en contacto con el Ayuntamiento para que, en el ámbito de sus competencias, actuara para restaurar de la legalidad urbanística, ya que se trataba de suelo protegido, y que le informara sobre hechos que puedan constituir desobediencia penalmente relevante, sin embargo no consta la apertura de ningún expediente.

A su vez, remarca el fiscal que en los primeros meses de 2017 la Fiscalía recibió más de una veintena de comunicaciones en las que se informa de construcciones ilegales dentro de este parque natural.