Un informe alerta de una cadena de errores con los menores que convivieron con su madre muerta

(Captura de pantalla de Canal Sur TV en la casa de La Zarza)

El informe 2017 del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) dado a conocer recientemente presta especial relevancia a las situaciones de pobreza infantil que se viven en Andalucía y sus dramáticas consecuencias. Dentro de este apartado, la institución autonómica llama la atención sobre la situación vivida por cuatro menores de entre 6 y 14 años el pasado mes de septiembre de 2017 en La Zarza (Calañas), cuando llegaron a convivir cuatro días con su madre y la pareja de ésta muertos (por ingesta medicamentosa) en el domicilio que ocupaban sin que nadie detectara el drama.

Los cuerpos fueron descubiertos finalmente tras avisar uno de los niños al dueño de la vivienda de que su madre estaba dormida y muy fría.  El casero se acercó y le pidió al niño que abriese la puerta y se dirigió al dormitorio, de donde salía un fuerte olor, y al abrir la puerta encontró a la pareja en la cama, inertes.

Tras analizar el caso y la Queja de Oficio abierta en su día, el Defensor del Pueblo llega a una conclusión:  “La situación vivida por los niños no creemos que pueda achacarse de forma directa y exclusiva a ninguna Administración, pero todas las que han intervenido han tenido parte de responsabilidad en su labor preventiva ya que, por lentitud en su intervención, por ser ésta poco eficaz, o por ausencia de una ágil coordinación con otras Administraciones, finalmente no se pudieron aplicar medidas eficaces que contribuyeran a superar las carencias de la familia”.

El Defensor del Pueblo abrió la Queja (17/5073) tras conocer unos hechos que impactaron en la opinión pública de toda España y la dirigió al Ayuntamiento de Calañas, municipio matriz de La Zarza, y a la Diputación de Huelva al entender que sobre ésta recaía la responsabilidad de los Servicios Sociales en localidades menores de 2.000 habitantes. También se dirigió el Defensor a los Servicios Sociales de la Junta para conocer cómo iban a actuar a partir de ahora.

Hasta la Guardia Civil llegó a personarse en la vivienda en una ocasión y antes del hallazgo de los cadáveres, alertada por una llamada realizada por la directora del colegio al que acudían los niños. Sin embargo, los niños dijeron a los agentes que su madre estaba durmiendo y que no abrían la puerta, así que los agentes, sin orden judicial, para entrar en el domicilio no pudieron comprobar si estaba dormida o muerta.

Ahora el informe del DPA explica que “tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los menores quedaron al cargo del Ente Público de Protección, que posteriormente confió su guarda provisional al padre biológico de tres de ellos, encontrándose en trámite el procedimiento judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de estas personas”.

Durante el estudio de la Queja y la investigación realizada por la Oficina del Defensor del Pueblo se constató que “la familia procedía de Huelva capital, y que habían sido objeto de supervisión tanto por los Servicios Sociales Comunitarios, por el Equipo de Tratamiento Familiar y también por el Servicio de Protección de Menores”. Además, añade el informe, “en el curso de esta intervención se detectaron indicios de desprotección, con constantes alertas sobre las carencias que soportaba la familia y que incidían en el bienestar de los menores. Aun así, en todas estas intervenciones se consideró que eran susceptibles de ser solucionadas en el propio medio y por dicho motivo no se adoptó la decisión drástica de retirar la custodia a la madre”.

La intervención del Defensor del Pueblo en el caso también explica que “de forma paralela, el padre de tres de los menores venía litigando ante el juzgado de familia para que le otorgaran a él la custodia de sus hijos, habiendo presentado denuncias en las que relataba las carencias que estos soportaban”.

Otro apunte más para llegar a su conclusión final añade que “la madre se desplazó desde Huelva a La Zarza junto con sus hijos, y al llegar allí solicitó ayuda de los servicios sociales. Ni disponía de una vivienda adecuada, ni disponía de medios económicos con que costear un alquiler, siendo su situación muy precaria”. “A lo más que pudo llegar la intervención de los servicios sociales municipales y los correspondientes a la Diputación de Huelva es a iniciar un programa de intervención con la familia, facilitando en primer lugar una ayuda para la adquisición de material de la cual no pudieron llegar a disfrutar al producirse el fatal desenlace”, resalta.

El Defensor del Pueblo recuerda que las circunstancias del fallecimiento de la pareja son objeto de investigación por parte del Juzgado, “lo cual no obsta para que resaltemos cómo a pesar de haber intervenido en el caso diferentes administraciones, esta familia estaba sumida en un proceso de progresivo deterioro, en una situación de pobreza que cada vez condicionaba más su bienestar, especialmente de los menores que dependen del cuidado que puedan prestarle las personas adultas que los tienen a su cuidado”.

El alcalde de Calañas, Mario Peña, explicó durante los días de los hechos que ahora valora el Defensor del Pueblo que  los menores habrían convivido "más de 24 horas" con el cadáver de su madre y el de su pareja, quienes llegaron hace "poco tiempo" a la población de La Zarza y habían solicitado una ayuda para lograr un alquiler social en la referida pedanía.

Mientras, el alcalde de la Entidad Local de La Zarza, Juan Manuel Serrano, confirmó que la mujer encontrada muerta, al igual que su familia, era oriunda de esta población, a la que acababa de regresar, porque llevaba "bastantes años" viviendo fuera, en Huelva, por lo que él apenas la conocía, aunque sí a sus abuelos. De hecho, la delegación de Salud y Asuntos Sociales de la Junta subrayó que cuando vivían en la capital, los menores fueron atendidos por un Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y por los Servicios Sociales Comunitarios por una serie de problemas sociales.

A raíz de los hechos, la Junta de Andalucía abrió un expediente de información, aunque el ETF no valoró que hubiera que intervenir de manera urgente porque los niños estaban con su madre, que tenía en aquellos momentos la custodia. Finalmente, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero (alcalde de La Zarza entre 2003 y 2007), afirmaba que no había constancia ni por los servicios educativos, ni por el Ayuntamiento, los Servicio Sociales o la Policía del desamparo que sufrían los cuatro menores.

Hay que recordar que la investigación de la muerte de la pareja determinó que estas dos personas se habían suicidado por ingesta de medicamentos. Así lo indicaron  fuentes de la Guardia Civil de Huelva según la información facilitada por la Policía Judicial a propósito de la investigación de este suceso. Las mismas fuentes insistieron en que la causa de esta doble muerte fue un suicidio, ya que "no hay indicios de otras causas ni signos de violencia", al tiempo que aclararon que estas personas llevarían "aproximadamente cuatro días fallecidos" cuando fueron encontrados sus cadáveres.