Solo las depuradoras de Ayamonte, Punta Umbría y El Rompido tratan correctamente las aguas residuales

La situación de alerta activada por los ayuntamientos de Palos y Moguer declarando como zona de emergencia la playa de Mazagón a causa de los daños provocados por los recientes temporales pone sobre la mesa la necesidad de que tanto ayuntamientos como administración andaluza se impliquen definitivamente en el cumplimiento de los plazos de la normativa europea de depuración de aguas residuales (detritus), varias veces prorrogada en el tiempo pero que dieron su último aviso para diciembre de 2015.

A juicio de Ecologistas en Acción, "una de las principales causas del impacto en el litoral onubense y andaluz durante los últimos años ha sido la contaminación procedente de los vertidos de las depuradoras, bien porque no existe la infraestructura, bien porque esta no depura correctamente (vertiendo un agua depurada que incumple la normativa), o porque estando la infraestructura hecha, ésta no está diseñada para tratar un volumen de agua residual tan elevado en determinados meses del año, coincidiendo casi siempre con la época estival donde muchas localidades costeras multiplican la población censada todo el año".

El informe elaborado por la organización conservacionista recuerda que el objetivo del “vertido cero” fue marcado para 2015 por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000). Pero y como valora el Oficio del Defensor del Pueblo Andaluz, formulado en el expediente 15/2067 dirigido a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “se están detectando incumplimientos de entidad que hacen prever que no va a ser posible el cumplimiento del mencionado objetivo, lo que conlleva graves consecuencias de naturaleza ambiental en la medida en que se van a seguir realizando vertidos urbanos sin depurar en los cauces de ríos, arroyos, etc., y se continuará provocando la contaminación de las aguas interiores y del mar sin que, por otro lado, se facilite la reutilización del agua vertida. En definitiva, la consecución del ciclo integral del agua, como objetivo inaplazable, quedará sin alcanzarse a la fecha límite fijada”.

La recopilación de los datos del litoral de Huelva realizada por Ecologistas en Acción y coordinada por Antonio Amarillo concluye que las depuradoras con un mejor y más correcto funcionamiento son las de Punta Umbría, Ayamonte y El Rompido. Cumplen todos los requisitos y estándares europeos comparados y las aguas negras de estos municipios reciben un tratamiento adecuado antes de ser vertidas al mar. Con respecto a la situación del litoral andaluz, son Huelva, Almería y sobre todo Cádiz, las provincias con graves problemas de depuración en la costa.

Sin embargo, llama la atención que sea la depuradora de Huelva capital la primera que en el listado onubense presenta deficiencias e incumplimientos. Paradójicamente se trata de la zona con más medios y donde más facturación por canon de mejora y depuración se produce. Sobre la depuradora de Isla Cristina, recalca el informe que necesita una reparación para mejorar sobre todo el tratamiento biológico. En la misma situación se encuentra la de La Antilla. Y advierte que en el caso de Isla Cristina se echan de menos analíticas desde el mes de abril hasta diciembre, precisamente cuando los municipios costeros reciben mayor flujo de turistas y visitantes además de la ocupación de las segundas residencias. Matalascañas es otra de las instalaciones que necesita una importante mejora para el tratamiento biológico al igual que la de Mazagón.

Cabe recordar que la Comisión Europea ha ampliado ya el expediente sancionador contra España por la demora en la adopción de medidas oportunas en una serie de aglomeraciones urbanas, entre las que se encuentran Matalascañas e Isla Cristina.

Caso especial presenta la de Palos de la Frontera, con la depuradora fuera de servicio en el momento de redactar el informe y sin muestras analíticas que contrastar durante el último año estudiado.

Según explica el trabajo coordinado por Antonio Amarillo,  respecto a la depuración en el litoral de Huelva y más concretamente en Sanlúcar de Guadiana (aguas arriba de Ayamonte), el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, respondió en la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente a una pregunta con ruego de respuesta oral relativa al proyecto de EDAR en el sentido de que en el año 2012 se finalizó la redacción del proyecto para la construcción de los colectores y la EDAR, diseñada en función de los terrenos que fueron puestos a disposición por el Ayuntamiento de la localidad, con una inversión de más de 2,7 millones de euros (incluía también la EDAR del Granado). En esos terrenos ya existía una infraestructura construida desde hace más de 10 años que nunca se ha utilizado.

Y subraya el estudio que “como el actual Ayuntamiento de Sanlúcar no ha certificado la disponibilidad de terrenos y propone como solución el estudio de nuevos terrenos donde ubicar la depuradora, desde la Consejería se muestran favorables a la construcción de una segunda depuradora, cuando la primera nunca ha entrado en funcionamiento y las aguas residuales siguen saliendo 200 metros más debajo de la supuesta playa fluvial artificial que también se generó con dinero público”.

Con respecto a la depuradora de Palos de la Frontera, insiste en que “el espacio que ocupa sigue siendo usado como almacén de contenedores de basura y las aguas residuales siguen su recorrido sin ningún tratamiento hacía el río Tinto y su desembocadura”. Se ha adjudicado y formalizado el contrato para realizar las obras de acondicionamiento y puesta en marcha de la EDAR. Se publicaba esta información el pasado 18 de mayo de 2017 en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

Entre las depuradoras señaladas por la Comisión Europea por no haber dado cumplimiento a la Sentencia de 2011 y demorar la adopción de medidas oportunas están las de Matalascañas e Isla Cristina. A principios de octubre el BOE publicó la contratación de servicios para la redacción del anteproyecto de actuaciones de ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Matalascañas. Depuración del entorno de Doñana. En cuanto a Isla Cristina, a principios del año 2017 se anunció que las obras de conexión con La Antilla-Lepe estaban al 94% de ejecución, acometiéndose obras de ampliación para  reforzar el tratamiento de las aguas residuales que entran a la depuradora de La Antilla, encontrándose actualmente al 86%. Por último, el 18 de diciembre de 2017 se ha publicado en el BOE la licitación de la contratación de servicios para la redacción del proyecto de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Mazagón.

La evolución del grado de incumplimiento del Real Decreto 509/1996, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas así como los requisitos de los vertidos de aguas residuales, muestra claramente un aumento con el paso de los años, llegándose hasta 2015 y 2016 (último año recibido) en el que hay más de un 34 % de ilegalidades sobre el 100 %. El Informe analiza además, cuáles son los motivos del incumplimiento, en cada provincia y para cada depuradora.

Desde Ecologistas opinan que la Junta y el Estado no deben demorar más esta situación, ya que los expertos advierten que la incapacidad para tratar correctamente las aguas residuales puede presentar problemas a largo plazo tanto en la salud como en el medio ambiente. “Aunque se ha dado un empujón en los últimos años para acelerar los proyectos de depuración, estos son insuficientes para lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas previstos en las Directivas Europeas, por ello exigimos a ambas Administraciones y a los Entes Locales responsabilidad para completar la depuración en Andalucía, de lo contrario las sanciones no dejarán de llegar pagando todos los ciudadanos lo que es responsabilidad de otros”, concluye el informe.

Del informe de Ecologistas en Acción sobre las muestras analíticas de vertidos de las ocho provincias andaluzas durante 2016, se deduce que hay más de un 2,5 % de aumento del porcentaje de disconformidad en comparación con el año 2015.

Andalucía ha recaudado 444 millones por canon de depuración, de los que 106 no están previstos ejecutar por ahora. Aunque se ha dado cierto impulso a la construcción de depuradoras, sigue habiendo cerca del 58 % de actuaciones autonómicas declaradas de interés sin iniciar.