UGT y CC OO instan a vigilar de cerca la evolución de los proyectos mineros

Las centrales sindicales UGT y CC OO quieren que las administraciones estatal y autonómica sigan muy de cerca la evolución de los proyectos mineros que se están desarrollando en la provincia de Huelva, especialmente los de Matsa en Almonaster la Real y Atalaya Mining en Riotinto. Están preocupados por los incumplimientos en materia salarial, de salud laboral y seguridad, incluida vigilancia y atención médica de las instalaciones, que a su juicio se están produciendo en las explotaciones mineras onubenses y que en más de una ocasión han sido llevados ya a la inspección de trabajo y a los tribunales.

Uno de los asuntos en los que coinciden las centrales sindicales es en denunciar la política de desnacionalización de empresas contratistas que tanto Matsa como Atalaya Mining han puesto en práctica desde primeros de este año y que a su juicio está provocando no sólo despidos sino también una considerable rebaja de las condiciones de trabajo y seguridad de los mineros y, sobre todo, entre los operarios de las empresas subcontratadas.

Primero fue la sección sindical de Comisiones Obreras en Matsa quien dio la voz de alarma sobre la ruptura de la política de círculos concéntricos (contratación de personal y empresas vinculadas geográficamente con la mina tanto en Almonaster como en Riotinto) y ahora ha sido UGT.

El último comité ordinario de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA)  ha hecho pública una resolución al respecto en la que pide “a la Administración Central, legislar una nueva ley minera que contemple la realidad actual del sector y que permita contar con herramientas legales para garantizar la viabilidad de los proyectos mineros y evitar el abuso y los incumplimientos de las obligaciones que se contemplan en los mismos, así como de los compromisos que adquieren las empresas mineras con sus trabajadores y trabajadoras y con el entorno en el que desarrollan su actividad y que luego quedan en papel mojado o simples brindis al sol”.

La Federación ugetista cree conveniente que la Junta de Andalucía facilite y ponga en marcha un Observatorio Provincial de la Minería que permita conocer la evolución del sector y sus consecuencias sobre el empleo, así como la concreción práctica de la Responsabilidad Social Corporativa de cada empresa minera con su entorno. Asimismo, se ha pronunciado a favor de la constitución “de la implantación de un canon reversible, en función de que, desde las empresas mineras se favorezca la diversificación industrial de las comarcas mineras, a fin de evitar la dependencia de un monocultivo económico y garantizar que cuando se cumpla su ciclo de actividad, haya suficiente tejido industrial que amortigüe el paro o cierre de la mina”.

UGT exige a la Junta de Andalucía que “defienda la política de los círculos concéntricos a los que se comprometieron las empresas mineras, y se favorezca el empleo y  la actividad de las empresas autóctonas de la zona, frente a la deriva extraterritorial, en la que se comienza a caminar, por parte de Matsa y Atalaya Mining”.

Esta serie de peticiones llega después de que tanto CCOO como UGT hayan detectado deficiencias importantes en las condiciones de trabajo de los mineros en las explotaciones onubenses, que en muchos casos ponen en riesgo la seguridad de los operarios que trabajan tanto en actividades propias de la mina como en el transporte de mercancías peligrosas y movimientos de tierras en el interior de las cortas y las labores de construcción y reparación de las balsas de seguridad y residuos existentes en las minas. En las reuniones mantenidas con la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva se han puesto sobre la mesa estas deficiencias y los incumplimientos de las compañías.

En concreto, en la mina de Riotinto, los trabajadores que desarrollan su labor en el movimientos de tierras y transporte de la explotación acaban de celebrar elecciones sindicales en las que el sindicato CC OO ha obtenido una representación mayoritaria en Transportes Mineti, que cuenta con una plantilla de casi ochenta operarios. Las quejas en este sector de la empresa es la punta del iceberg de una problemática laboral que resulta ya patente en la mina.

Falta de seguridad en las operaciones a cielo abierto, poca anchura de los carriles de acceso y rampas para vehículos y maquinaria pesada, carencias en los auxilios médicos obligatorios en este tipo de trabajos, sobre todo durante las noches y los fines de semana, bajos salarios y bajas cotizaciones fruto de la alineación con un convenio laboral que no les pertenece, (se les aplica el correspondiente al transporte por carretera en vez del propio de una explotación minera) deficiencias en los trabajos de control y revisión e inspección de sellado de presas y labores propias del trabajo minero, forman parte del panel de peticiones que han sido reclamados y enviados a la empresa matriz Atalaya Mining pero también a las subcontratas, Transportes Mineti y UTE que operan en la zona, como Insersa y Sánchez Lago.

Otro de los caballos de batalla de los sindicatos en las explotaciones mineras es la salud de los operarios y su continua exposición a metales pesados y contaminantes cancerígenos. En los encuentros mantenidos con el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva se le ha transmitido la inquietud por las consecuencias en la salud de los trabajadores de estas afecciones y se le ha exigido que aumente el control y la inspección de las instalaciones y los trabajos mineros para evitar problemas de salud futuros. Hasta ahora las autoridades andaluzas y nacionales mantienen un absoluto secretismo sobre las cifras de operarios que han dado positivo por metales pesados, lo que enerva a los sindicatos y alimenta las especulaciones y los temores en las plantillas. Incluso ponen en duda que los controles sanitarios se realicen tal y como imponen los rigurosos cánones médicos y científicos.

La preocupación por las condiciones de trabajo y la seguridad en la explotación minera no solo procede de las centrales sindicales sino también de las organizaciones conservacionistas.

Desde Ecologistas en Acción se considera que el proceso de autorizaciones para la apertura de la mina de Riotinto se ha realizado bajo criterios políticos y no técnicos, sin respetar los mínimos exigibles para preservar la seguridad de bienes y personas y prevenir impactos ambientales, que a su juicio son más que evidentes por lo que piden que las labores de inspección de la Junta de Andalucía, en materia de Medio Ambiente pero también de salud laboral, sean intensas y exigentes.

La organización ha puesto en duda muchas de las obras realizadas en las instalaciones mineras hasta el punto de que actualmente se está a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre algunas de las modificaciones industriales realizadas por la empresa en las presas mineras y que desde las organizaciones ecologistas se consideran que han sido realizadas sin los permisos previos  pertinentes y por tanto pueden estar incumpliendo la Autorización Ambiental Unificada concedida por la Junta. Estas actuaciones, según Ecologistas en Acción, han puesto en grave riesgo de colapso las presas de Gossan, Cobre y Aguzadera que almacenan millones de toneladas de lodos tóxicos mineros altamente contaminantes y que en caso de ceder provocarían una avenida de aguas ácidas, desde el Tintillo al río Odiel, que llegaría hasta Gibraleón, Corrales, Huelva y las Marismas del Odiel.